Eln y disidencias, las mayores amenazas para los menores de edad

El reclutamiento forzado de menores sigue siendo una práctica ilegal constante en Colombia. 

Un papá que sale de las instalaciones de Medicina Legal en Villavicencio con el cuerpo de su hija Danna Lizeth Montilla, de 16 años, sin dos de sus extremidades, en un ataúd. Una mamá que clama por saber el paradero de su hijo Andrés Fernando Valencia, de 15 años, que se aventuró, junto con otros siete amigos, a conocer el mar y cayó en manos de los armados a mitad del recorrido.

Ella murió en el campamento del jefe de las disidencias ‘Gentil Duarte’, bombardeado el 2 de marzo, y él salió de aventura de su casa en Caldas y habría caído en las redes de ‘los Caparros’. Solo uno de sus compañeros fue liberado.

Estas dos escenas desgarradoras, que sucedieron en Colombia esta semana, estarían bajo la sombra de un fenómeno del conflicto que no ha dejado de estar vigente en el país: el reclutamiento forzado de menores de edad.

Ni la pandemia, ni las restricciones a la movilidad ni la permanencia de los menores en sus hogares logró mantenerlos a salvo de organizaciones criminales que los reclutan, instrumentalizan para cometer delitos o los usan como escudos protectores para frenar la acción de las autoridades.

Cuatro meses después del inicio de la restricción más fuerte en marzo del año pasado, ya la Procuraduría advertía sobre el reclutamiento de menores indígenas de las etnias embera dobidá, katío y chamí y de la comunidad nonam, en Bojayá, e Istmina, Chocó; así como de niños indígenas de Toribío, Cauca; menores embera eyábida, de Murindó, Antioquia, e indígenas wounaan de Santa Rosa de Guayacán, en Buenaventura.

Esta vez no solo era un grupo el que intentaba poner en sus filas a los menores, sino nueve las redes criminales que a las malas u ofreciendo promesas económicas se los llevaban.

Según cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en el 2018 fueron reclutados 149 menores, en 2019 fueron 97, y el año pasado, 71.

El Eln sería el responsable del 38 por ciento de los casos; las disidencias de las Farc, del 34 por ciento, y el ‘clan del Golfo’, del 20 por ciento. El restante ocho por ciento habría sido reclutado ilegalmente por grupos como ‘los Caparros, ‘los Pelusos’ y otras bandas que delinquen en el país.

Aunque las cifras registran una reducción, lo cierto es que las mismas autoridades y ONG que siguen la problemática señalan que habría un subregistro alto por cuenta del temor de los familiares de denunciar lo sucedido con los menores. Y en otros casos porque la víctima reclutada termina aportando el dinero para el sostenimiento de la familia.

Según cifras de la Fiscalía, en el ente acusador hay expedientes abiertos por casos de reclutamiento ilegal asociados a 225 personas el año pasado y 8 en lo corrido del 2021.

La investigadora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) Paola González señaló que “desde hace muchos años existen dificultades para hacer un seguimiento detallado a estos casos, por lo cual no hay una cifra precisa que permita conocer cuántos menores hacen o han hecho parte de estos grupos”.

Añadió que se debe profundizar “en qué factores estructurales hacen que, después de tantas décadas, el fenómeno continúe vigente en Colombia”.

La gravedad de este drama silencioso que afecta a las familias más pobres se evidencia en 156 de las 200 alertas tempranas que ha emitido la Defensoría del Pueblo entre 2017 y marzo de 2021 y que están relacionadas con casos de reclutamiento forzado de menores en 238 municipios, entre otros, en los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander.

“Lejos de reducirse, el número de riesgos advertidos y de víctimas de reclutamiento se ha mantenido luego de la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto suscrito en 2016. La práctica criminal se adapta ahora a las nuevas dinámicas, actores y formas de uso y utilización”, dijo el defensor Carlos Camargo.

Lejos de reducirse, el número de riesgos advertidos y de víctimas de reclutamiento se ha mantenido luego de la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto suscrito en 2016

Es así como tras la desaparición de las Farc, uno de los disidentes, ‘Gentil Duarte’, es considerado, por las autoridades, uno de los mayores reclutadores de menores. Algunas comunidades de zonas alejadas de Guaviare señalan que los menores son esperados los viernes en la tarde cuando salen de los internados para sus casas por hombres de la disidencia que ofrecen dinero o supuestas garantías de seguridad para sus seres queridos si se vinculan a la red ilegal dedicada al tráfico de droga.Menores recuperados

Un informe del comando de las Fuerzas Militares, conocido por EL TIEMPO, señala que el año pasado 411 niños, niñas y adolescentes fueron recuperados de grupos ilegales que los habían vinculado a sus filas. Es decir, en promedio, ocho menores lograron salir de estas estructuras cada semana del año pasado.

En lo corrido de 2021 se habrían desvinculado al menos 142 menores reclutados a la fuerza, es decir, 14 por semana. De estos 142, 85 habrían sido reclutados por el Eln; 50, por disidencias de Farc; 10, por el ‘clan del Golfo’, y 7, por ‘los Caparros’.

Y el ICBF, entidad encargada de brindar acompañamiento a los menores desvinculados, señaló que desde noviembre de 1999 hasta enero de 2021 fueron atendidas 6.931 víctimas.

De este número, los principales reclutadores serían las extintas Farc (56 por ciento), la guerrilla del Eln (19 por ciento), las Autodefensas (15 por ciento), las bandas criminales (5 por ciento) y los grupos armados residuales (3 por ciento).

Con ese estudio, el instituto denunció hace menos de un mes ante la Fiscalía y la JEP al Eln, a las Farc y a las disidencias por su responsabilidad en el reclutamiento de los menores.

La vicefiscal general, Martha Mancera, dijo que la Fiscalía vinculó a los jefes del Eln a 258 casos y hay en investigación otros 315 hechos atribuidos a quienes dejaron el proceso de paz y fueron excluidos por la JEP.

“Estamos buscando dar visibilidad a este delito atroz, que atenta contra los derechos humanos y la colectividad de nuestra sociedad. Esperamos que haya sanciones ejemplarizantes, porque aquí hay hechos recurrentes, un fenómeno aceptado y oficializado por los cabecillas de estos grupos”, dijo la directora del instituto, Lina María Arbeláez.

Estamos buscando dar visibilidad a este delito atroz, que atenta contra los derechos humanos y la colectividad de nuestra sociedad.

De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, la dimensión de este fenómeno es tal que, desde 1958 hasta 2020, en el país han sido reclutados y utilizados más de 17.860 menores de edad.

Para Hilda Molano, coordinadora de la Secretaría Técnica de la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (Coalico), “más allá de un tema de diferencias en las cifras, lo que se evidencia es que el reclutamiento es una situación permanente, que ha sido parte del conflicto y muestra el involucramiento de los niños y niñas en la guerra. Esta es una problemática que requiere una respuesta integral del Estado”.

El Gobierno, que sigue el fenómeno a través de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, el Uso, la Utilización y la Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por Grupos Armados (Ciprunna), señala que los primeros responsables de la situación son los victimarios que en contra del mismo sentido humano y de las normas internacionales reclutan a este sector vulnerable de la población.

“Estos reclutamientos son cometidos por todas las organizaciones criminales ligadas a las actividades de narcotráfico. Ellos instrumentalizan a los niños, niñas y adolescentes para actividades de microtráfico, como informantes o cobradores de extorsiones, aprovechándose de su inimputabilidad”, dijo la consejera para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, quien además está a la cabeza de la Ciprunna.

Y monseñor Héctor Fabio Henao, director de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal, señaló: “El reclutamiento puede destrozar los planes de vida de los jóvenes. Hay que ver de qué manera el Estado crea las condiciones de presencia, respetando y protegiendo las comunidades. Si no se logra un cubrimiento de las zonas más vulnerables, los actores armados van a seguir victimizando y aterrorizando a las poblaciones”.

FUENTE: EL TIEMPO