Gobierno pidió a Estados Unidos utilizar bienes de exparamilitares para reparar a las víctimas del conflicto armado

La petición, realizada en nombre de diversas organizaciones y movimientos de víctimas, subraya la necesidad urgente de contar con recursos para cubrir los $334 billones necesarios para implementar las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación y reparación colectiva.

La directora de la Unidad de Víctimas destacó la importancia de esta solicitud, señalando que: “Esperamos que el Gobierno de Estados Unidos nos apoye en este esfuerzo y contribuya a la justicia y la paz en Colombia”. Solano enfatizó que, “los bienes de los exparamilitares deben ser utilizados para reparar el daño causado a las víctimas de forma integral y no vamos a descansar hasta que logremos el propósito de buscar la cifra de $334 billones”.

Lilia Solano afirmó que la reparación integral de las víctimas es fundamental para la consolidación de la paz en Colombia – crédito Unidad de Víctimas

Además, reiteró: “La reparación integral a las víctimas del conflicto armado es un requisito para la consolidación de la paz en el país, por eso esperamos que la comunidad internacional, y en particular el Gobierno de Estados Unidos, nos apoye en este esfuerzo”.

El proceso de reparación integral incluye medidas cruciales como la restitución de tierras, indemnización económica, programas de rehabilitación para los afectados y acciones de reparación colectiva para comunidades enteras. Sin embargo, la magnitud del conflicto armado en Colombia ha generado una necesidad financiera que supera ampliamente los recursos disponibles a nivel nacional. Por ello, la participación de la comunidad internacional se torna indispensable para alcanzar los objetivos propuestos.

La contribución de la comunidad internacional es vista como crucial para alcanzar los objetivos de reparación y consolidar la paz en el país – crédito Defensoría del Pueblo

La Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, y los representantes de la Mesa Nacional de Víctimas, destacaron en su Undécimo Informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas que el modelo de reparación colectiva continúa presentando serios rezagos en la implementación de la ruta de atención y en el cumplimiento de los planes integrales establecidos para lograr ese fin.

El informe señala que los recursos destinados a la política pública de víctimas continúan siendo insuficientes para la asistencia, atención y reparación integral de las 9.737.008 de víctimas registradas, en especial en la generación de ingresos, acceso a tierras, vivienda, salud y educación.

Desde la entrada en vigor de la Ley 1448 de 2011 se han indemnizado 1.368.269 víctimas, cifra que corresponde al 14% de las 9.409.808 víctimas que son objeto de indemnización.

El informe sostiene que las víctimas no han superado su condición de vulnerabilidad y que existe un rezago en la entrega de subsidios de vivienda urbana y rural para población víctima – crédito Colprensa

Los cálculos realizados estiman que se requieren $ 303,9 billones constantes de 2024 para cumplir con las medidas de asistencia, atención y reparación integral contempladas en la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas) entre 2024 y 2031.

Dentro de los recursos requeridos para la asistencia, atención y reparación integral de la población víctima, se destacan: vivienda con $118 billones, indemnización individual y colectiva con $83,6 billones, generación de ingresos con $36,8 billones, subsistencia mínima con $12,9 billones y educación superior con $7,1 billones.

Así mismo, la comisión ha hecho seguimiento a los avances y retos en los procesos de diálogo y negociación que adelanta el Gobierno con estructuras armadas ilegales, que no han sido homogéneos, lo que ha generado impactos humanitarios en cada territorio y afectaciones a derechos de la población civil.

Entre las principales consecuencias se destacan el endurecimiento de las pautas de control poblacional y territorial sobre las comunidades; aumento de la extorsión, secuestro y del reclutamiento forzado.

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