¿Qué pasará con Julián Gallo tras confesar que mandó a matar al hermano de Carlos Pizarro?: esto dicen los expertos

El congresista, que en su época de insurgencia también era conocido como Carlos Antonio Lozada, expresó que, por culpa suya, un inocente pagó más de una década de cárcel: Gustavo Sastoque, agente del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, que en su momento fue condenado a 45 años de prisión por el crimen cometido el 25 de febrero de 1995 contra el líder de izquierda y exmiembro del movimiento M-19.

“Lo cierto es que el hecho lo ejecutó una estructura de la red urbana Nariño que yo comandaba sin participación absolutamente de nadie de la de la institución de la Fiscalía”, expresó Gallo. “Señor Sastoque, usted es una víctima más del conflicto. El daño causado en usted como persona, en su familia y en su honor es irreparable. Nosotros nos comprometimos a dar plena verdad de los hechos y usted es una víctima nuestra”, agregó Gallo en su declaración.

Julián Gallo, del partido Comunes, es senador desde 2018, gracias al Acuerdo de Paz con el Estado – crédito Camila Díaz/Colprensa

Las dudas sobre el alcance de su confesión, y si la misma tendría alguna repercusión judicial, teniendo en cuenta que reveló la comisión de un crimen, surgieron entre quienes han sido opositores al proceso que se adelantó con el grupo guerrillero. Incluso, hubo quienes afirmaron que se debía proceder con su destitución como senador, ante la gravedad de lo revelado frente al alto tribunal; que, como era de imaginarse, generó revuelo en la opinión pública.

Lo primero que hay que mencionar en este caso es que tanto el congresista, como otros miembros del secretariado, como Pastor Alape y Jorge Torres Victoria, o mejor llamado Pablo Catatumbo, están en un proceso de sometimiento ante la Justicia Especial para la Paz (JEP), pese a que ha hecho críticas de manera pública al tribunal transicional. Lo anterior, con el compromiso de verdad, justicia, reparación y no repetición.

Gustavo Sastoque, exmiembro del CTI que fue condenado injustamente por el asesinato de Hernando Pizarro Leongómez – crédito Biblioteca Nacional

Teniendo en cuenta este escenario, y según indicó para Infobae Colombia, Juana Acosta, directora de la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos de la Universidad de La Sabana, al estar bajo la jurisdicción de la JEP, Gallo no perderá sus derechos políticos; entre ellos, el de oficiar como congresista para el periodo 2022-2026 en representación de la colectividad que surgió tras la desmovilización de los integrantes de esta guerrilla.

“Él está sometido a la JEP como compareciente, por lo cual no perderá su curul. Está en el Congreso por vía del Acuerdo de Paz y, en ese sentido, que estén confesando y reconociendo responsabilidad en el marco de la Jurisdiscción Especial para la Paz, pues no implica que pierda su escaño”, expresó Acosta. Aunque advirtió que, en el momento en el que se conozcan las decisiones de los magistrados, será el tribunal el que determinará si se toman medidas en ese sentido.

“El propio tribunal determinará si la participación en política, y particularmente la presencia en el Senado de esta persona, es compatible o no con el cumplimiento de las sanciones propias”, agregó la experta frente a esta consulta. Es preciso indicar que, así como ocurrió con Jesús Santrich e Iván Márquez, su sometimiento a la JEP los beneficia por crímenes cometidos al corte del 1 de septiembre de 2016, pero en el caso de ambos, como fueron reincidentes, tuvieron que ser expulsados.

Y es que con la reincidencia, se configura una causal de expulsión, pues la JEP es explícita en decir que los firmantes del Acuerdo Final de Paz tienen obligaciones como las de no volver a tomar las armas en contra del Estado, además de no cometer delitos dolosos que atenten contra el ordenamiento jurídico y lo establecido en el acuerdo. En lo que respecta a Gallo, no se ha comprobado tales faltas, aunque sí se registran, pasaría a ser juzgado por la justicia ordinaria.

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