Ministra de Transporte aclaró el impacto de los peajes congelados en 2023: fue una medida “para equilibrar las tarifas”
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El Pulso del Tiempo
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María Constanza García reiteró que la decisión de no aumentar peajes respondió a la necesidad de proteger a los hogares ante el aumento del IPC, al destacar la importancia de un enfoque gradual para los ajustes actuales
En respuesta a un análisis publicado por el diario El Tiempo sobre el impacto de las medidas gubernamentales en la infraestructura, la ministra de Transporte, María Constanza García, recurrió a sus redes sociales para precisar detalles relacionados con una de las políticas económicas más controvertidas del último año: el congelamiento de peajes en 2023.
El artículo de análisis, realizado por el periodista Ricardo Ávila, se enfocó en que el metro de Bogotá avanza como uno de los proyectos más emblemáticos y significativos para el país; con un avance del 38,7 % en la primera línea, actualmente se instalan las dovelas del viaducto en la avenida Villavicencio, llegando a la avenida Guayacanes.
Este proyecto, con un presupuesto de inversión de aproximadamente 20 billones de pesos durante la actual alcaldía, representa el mayor en la historia del país y se espera que el tren elevado esté operativo en 2028, pero también hubo un punto en el que señalaba que el congelamiento de tarifas de los peajes, una decisión adoptada al inicio de 2023, tuvo un doble propósito.
Según el medio, la medida buscaba “congraciarse con los usuarios de las vías y apretar a las firmas constructoras”, pero terminó golpeando al presupuesto nacional. Además, el texto destacaba que, para mitigar las consecuencias, el Gobierno había implementado un proceso de regularización que implicará reajustes de hasta un 15% entre agosto de 2024 y enero de 2025.
La ministra García, mediante un hilo publicado en su cuenta en X, abordó estas afirmaciones, ofreciendo un contexto más amplio sobre la decisión gubernamental. En su primer mensaje, afirmó: “Dado el comportamiento del IPC 2022, el #GobiernoDelCambio congeló el cobro de peajes como medida que permitiera mitigar su impacto en la canasta familiar y particularmente en los alimentos. Esta decisión buscó atender de mejor manera las necesidades de la población”.
De esta manera, la funcionaria destacó que el congelamiento de los peajes respondía a una estrategia para aliviar la presión inflacionaria sobre los hogares colombianos, particularmente en un contexto en el que el índice de precios al consumidor (IPC) había experimentado un aumento considerable.
Posteriormente, añadió: “Tras analizar el comportamiento del IPC, como respuesta al paquete de medidas tomadas, el #GobiernoDelCambio ha venido realizado los incrementos de manera gradual para equilibrar las tarifas, protegiendo el bolsillo de los ciudadanos y fomentando un cobro justo”. Con estas declaraciones, García subrayó que la regularización de tarifas no busca ser una carga desproporcionada para los usuarios, sino equilibrar la sostenibilidad del modelo de concesiones y los intereses sociales.
Efectos financieros y económicos del congelamiento de tarifas de peajes
El congelamiento inicial de peajes generó un déficit en los ingresos proyectados por el modelo de concesiones, afectando la financiación de proyectos viales y otras obras de infraestructura. Esta situación llevó a que el Gobierno de Gustavo Petro optara por ajustes graduales para garantizar el equilibrio entre la inversión pública y la continuidad de obras clave para el desarrollo del país. Según datos del Ministerio de Transporte y revelados por el medio en mención, el sector infraestructura experimentó un crecimiento del 16,5% en el tercer trimestre de 2024, impulsado principalmente por proyectos de carreteras y vías férreas.
Esto evidenció que, aunque la medida inicial tuvo efectos a corto plazo, el sector sigue mostrando un desempeño positivo.
No obstante, expertos consultados por la fuente citada advirtieron que los aumentos en los peajes podrían trasladarse a los costos logísticos, generando potenciales impactos en el comercio y en los precios de productos básicos. Este panorama planteó un desafío para el Gobierno, que deberá mantener un balance entre las necesidades económicas de los ciudadanos y la sostenibilidad fiscal.
