Este es el plan de pagos que propuso Olmedo López para devolver el dinero del escándalo de corrupción en la Ungrd
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El acuerdo incluye consignaciones previas, pagos escalonados y la entrega de un inmueble como garantía. La audiencia para legalizar el preacuerdo hecho con la Fiscalía fue aplazada para el 16 de mayo de 2025
El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo López, presentó un plan de pagos para devolver los recursos públicos que admitió haber sustraído en el escándalo de corrupción relacionado con la compra de carrotanques destinados a La Guajira.
Esta propuesta fue formalizada en el preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el cual, aunque debía ser legalizado el viernes 14 de marzo, fue postergado hasta el 16 de mayo a petición de la defensa del exfuncionario.
Según el documento del preacuerdo, conocido por Blu Radio, López ya ha reintegrado 362 millones de pesos mediante dos consignaciones realizadas en enero y marzo de 2025. No obstante, aún debe restituir una suma equivalente, la cual cubrirá con la entrega de bienes inmuebles y pagos escalonados.
Para garantizar el cumplimiento del plan de devolución, el exdirector de la Ungrd ha respaldado su compromiso con un pagaré en blanco, sustentado por una propiedad ubicada en Itagüi, Antioquia, avaluada en 687 millones de pesos. Esta cifra supera los 362 millones de pesos que todavía debe restituir, proporcionando así un margen de seguridad en caso de incumplimiento.
El cronograma de pagos estipulado en el acuerdo con la Fiscalía es el siguiente:
- 7 de septiembre de 2025: $120.000.000.
- 7 de marzo de 2026: $120.000.000.
- 7 de septiembre de 2026: $122.000.000.
Cabe recordar que, el preacuerdo anunciado oficialmente el 18 de noviembre de 2024, establece que López aceptará los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir. Como resultado, cumplirá una condena de 85,4 meses de prisión (siete años y un mes) y deberá devolver el total de 724 millones de pesos.
López, que había sido designado en la Ungrd en mayo de 2023, había forjado una carrera de tres décadas vinculada a movimientos progresistas. En 2018, incluso, aspiró al Senado como parte de la lista de Decentes. Sin embargo, su gestión en la entidad quedó empañada por el escándalo de los carrotanques en La Guajira, un contrato de 46.800 millones de pesos con un sobrecosto de 14.163 millones, que derivó en su renuncia en febrero de 2024.
Las millonarias comisiones del escándalo
El caso de corrupción involucra una serie de personajes clave, entre ellos los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, que, según la investigación, habrían recibido millonarias sumas provenientes de los sobrecostos del contrato.
El contrato por la adquisición de los carrotanques, con un costo de 37.764 millones de pesos, incluía un acuerdo ilícito en el que el contratista Luis Eduardo López, alias El Pastuso, pactó con López y su entonces subdirector, Sneyder Pinilla, la entrega del 14% del valor total como comisiones. De esta suma, se habrían distribuido los siguientes montos:
- Iván Name (expresidente del Congreso): $3.000 millones.
- Andrés Calle Aguas (expresidente de la Cámara): $1.000 millones.
- Olmedo López (exdirector de la UNGRD): $742 millones.
- Sneyder Pinilla (exsubdirector de manejo del riesgo): $342 millones.
- Comisión adicional: $276 millones.
Asimismo, se estableció que Pedro Rodríguez, exasesor de López, recibió $1.000 millones por su participación en el esquema corrupto.
El escándalo de los carrotanques no solo ha puesto en el ojo del huracán a López, sino que también ha salpicado a altos funcionarios del Gobierno. La admisión de culpabilidad del exdirector de la Ungrd y su plan de devolución de dineros podría abrir la puerta a nuevas investigaciones que involucren a otros actores políticos.
Por ahora, la atención estará puesta en la audiencia del 16 de mayo, en la que se espera que el juez de conocimiento avale el preacuerdo, formalizando así la condena y el plan de devolución propuesto por López. Mientras tanto, la ciudadanía sigue observando con escepticismo las acciones emprendidas para sancionar a los responsables y recuperar los recursos públicos desviados.
