Exministra Cecilia Álvarez será acusada formalmente por el escándalo de Odebrecht: ya hay fecha para la audiencia
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La exfuncionaria, que lideró el Ministerio de Transporte durante la administración del expresidente Juan Manuel Santos, es investigada por el delito de interés indebido en la celebración de contratos
La exministra de Transporte Cecilia Elvira Álvarez-Correa Glen será acusada formalmente por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, por su presunta participación en un caso de corrupción que involucra a la multinacional brasileña Odebrecht. La exfuncionaria, que ejerció como líder de cartera durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, habría actuado irregularmente para favorecer a la empresa, que integraba entonces la concesionaria Ruta del Sol.
La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia programó la audiencia de acusación en su contra para el 13 de agosto de 2025, a las 8:15 a. m. Esto, después de más de un año de que la Fiscalía General de la Nación radicara el escrito de acusación (octubre de 2023).
De acuerdo con el ente acusador, Álvarez, que fungió como ministra entre septiembre de 2012 y agosto de 2014, habría sido responsable de viabilizar la ejecución irregular de dos otrosíes dentro del contrato Ruta del Sol II: el 3 y el 6. Por medio de ellos, el proyecto vial tuvo como añadidura el tramo Ocaña (Norte de Santander)-Gamarra (Cesar). Esto supuso una violación de la normativa vigente en Colombia en términos contractuales y de jurisprudencia.
Además, según la Fiscalía, la exfuncionaria desconoció un concepto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado al permitir la ejecución de los otrosíes.
“La exministra no impidió que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidad adscrita al Ministerio de Transporte, realizara dos adiciones improcedentes que permitieron al Consorcio Ruta del Sol, del que hacía parte Odebrecht, asumir la construcción del nuevo trayecto sin que mediara un proceso de contratación en el que concurrieran varios oferentes”, detalló el ente investigador en un comunicado.
Falta de estudios e incumplimientos de la normativa
Esas adiciones que la exministra avaló no contaban con los estudios técnicos requeridos para hacer parte del proyecto vial y tampoco contaban con la autorización del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) y del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes).
Adicionalmente, el tramo que se agregó a la obra en realidad no tenía ninguna relación con el objeto del contrato, que era conectar la Costa Caribe colombiana con el centro del país. Su orientación era de oriente a occidente, por lo que no había justificación para añadirlo. Si se quería adelantar la construcción del tramo Ocaña-Gamarra, debía hacerse un nuevo proceso de contratación, abriendo un proceso de licitación pública y permitiendo la participación de múltiples oferentes.
“La Fiscalía determinó que, para intentar subsanar algunas de estas irregularidades, la exministra pidió convocar con prioridad al Conpes para declarar importancia estratégica la autopista Ruta del Sol y modificar el plan de inversión”, indicó el ente acusador.
Por otro lado, la exfuncionaria emitió una resolución el 22 de julio de 2014 con el fin de cumplir varias cláusulas contenidas en los otrosíes que se añadieron al contrato. Por medio de ese documento, dio el aval para la instalación de dos nuevas estaciones de peaje y para el incremento de las tarifas en otros cinco peajes que ya estaban operando. Esta estrategia también sirvió para garantizar la financiación a la concesionaria Ruta del Sol.
Fue así como Álvarez favoreció a la concesionaria, al mismo tiempo que benefició un proyecto fluvial sobre el río Magdalena que contemplaba el funcionamiento de una terminal en Gamarra. Su vía de acceso sería, justamente, el tramo que se adicionó al proyecto vial inicial.
“La señora Álvarez Correa-Glen tendría intereses particulares y no podía intervenir en la adición del tramo Ocaña-Gamarra, pues antes de asumir el Ministerio de Transporte hizo parte de la junta directiva de varias sociedades vinculadas a la construcción del citado proyecto portuario con enfoque multimodal, en donde tenían intereses económicos y eran accionistas varios familiares de su pareja”, indicó la Fiscalía.
