Petro prepara nueva reforma tributaria y reajuste fiscal con impacto en diésel, IVA y energía, estos son los detalles
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La iniciativa incluye cambios en impuestos clave y busca reducir la presión fiscal acumulada tras la pandemia. Su alcance y las críticas ya generan tensiones entre sectores
En medio de un panorama fiscal complejo y crecientes presiones sobre el gasto público, el Gobierno nacional anunció que presentará a finales de julio una nueva reforma tributaria ante el Congreso de la República. El anuncio fue realizado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, durante la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025, en la que también se confirmó la activación de la cláusula de escape que suspende temporalmente la regla fiscal.
Con esta nueva propuesta, el Ejecutivo busca un ajuste en los ingresos equivalente a un punto del PIB, lo que se traduce en un recaudo adicional de aproximadamente $19 billones para 2026. Según Ávila, la reforma será estructural y tiene como fin garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, asegurar los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo y responder a las tensiones fiscales acumuladas en los últimos años.
Uno de los ejes centrales de la propuesta será la revisión de la estructura del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Aunque el Gobierno descarta un IVA generalizado, sí plantea modificar su aplicación en sectores específicos, bajo el argumento de que el actual diseño presenta distorsiones y excesivas exenciones. “Estamos revisando el tema sobre algunos sectores específicos”, explicó Ávila, que también insistió en que la intención no es afectar el consumo básico ni la canasta familiar.
Además del IVA, la reforma contemplará cambios en el impuesto de renta para personas naturales, buscando un sistema más progresivo. También incluirá ajustes al Impuesto al Consumo, con el objetivo de hacerlo menos distorsionante y más eficiente en términos de recaudo. El ministro destacó que estos impuestos indirectos deben ser cuidadosamente calibrados para no frenar la actividad económica, especialmente en un momento de crecimiento moderado.
Otro componente relevante será el ajuste en los subsidios de energía y gas. A partir de ahora, no se asignarán por estrato socioeconómico, sino a través del Sisbén, con el fin de focalizar mejor los recursos y reducir el gasto tributario ineficiente. Esta medida, según Hacienda, no solo mejorará la equidad en la asignación del subsidio, sino que permitirá un uso más racional del presupuesto.
En materia energética, también se anunció un incremento en el precio del diésel para todos los vehículos que no correspondan al transporte de carga. Esta medida, que afectará al 28% del parque automotor, será implementada mediante decreto en los próximos días y busca llevar el valor del combustible a niveles internacionales. De acuerdo con Ávila, el objetivo es corregir distorsiones en los precios relativos y reducir el impacto fiscal que representa el subsidio al diésel.
La reforma llega en un momento en el que las finanzas públicas atraviesan uno de sus mayores niveles de presión desde la pandemia. La activación de la cláusula de escape y la decisión de suspender la regla fiscal por hasta tres años abrieron un margen temporal para aplicar medidas de corrección estructural. El ministro afirmó que el presupuesto será austero, pero sin comprometer la inversión prioritaria. “Esto debe hacerse en el marco de un gran pacto fiscal que defina una reforma estructural del gasto público y que permita niveles de flexibilidad mayores”, señaló el ministro.
Sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar. El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, expresó su rechazo técnico a la iniciativa y advirtió que recurrir nuevamente a una reforma tributaria podría comprometer la credibilidad del manejo fiscal del país. “Hablar de nuevas reformas tributarias es simplemente tener que endilgar a diferentes actores falta de seriedad en el manejo de la finanza pública”, afirmó.
Rodríguez calificó el panorama como un “cóctel fiscal peligroso”, con referencia a la combinación entre el recorte presupuestal tardío, el anticipo del impuesto de renta de 2026 a 2025 y la ampliación de la regla fiscal. Según él, estos movimientos generan señales contradictorias que podrían impactar la confianza de los mercados y la percepción de riesgo país. Con la presentación oficial prevista para finales de julio, el Congreso será ahora el escenario clave para definir el futuro de una reforma que, aunque necesaria, promete un debate cargado de tensiones técnicas y políticas.
