Más deuda y gasto para millones de colombianos, lo que se viene con el “decretazo” del presupuesto del Gobierno Petro
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Más del 80% del PGN está comprometido en funcionamiento y servicio de deuda, lo que reduce el margen de maniobra y eleva la percepción de riesgo entre los inversionistas, alertó el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga
El Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026 presentado por el Gobierno de Gustavo Petro, por $556,9 billones al Congreso de la República, y que por ley debe ser decretado por el presidente el 15 de septiembre, enfrenta una brecha de $55,8 billones que pone en entredicho la sostenibilidad fiscal del país y plantea el riesgo de una crisis financiera de gran magnitud. Un análisis hecho por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) advierte que el proyecto presupuestal, lejos de ofrecer una solución estructural, se apoya en supuestos optimistas y en la expectativa de una nueva reforma tributaria, cuya viabilidad es cada vez más cuestionada.
El núcleo del problema radica en que el PGN 2026 condiciona su financiación a la aprobación de una reforma tributaria que aportaría $26,3 billones (habría sido acordada una reducción de $10 billones). La cifra, según el propio Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), resulta poco realista, ya que las proyecciones de recaudo inercial del Gobierno están sobreestimadas en al menos $11,3 billones y la base tributaria formal del país se ha debilitado de manera significativa.
Ahora, el informe del ICP sostiene que, para que el presupuesto sea viable sin recurrir a una nueva reforma tributaria, se requiere un ajuste de $55,8 billones, compuesto por la eliminación de la reforma proyectada, una meta de recaudo más realista y la reversión del aumento del gasto.
La situación fiscal de Colombia se deterioró de forma deliberada, según el análisis. Y es que el Gobierno optó por suspender la regla fiscal norma que establece que el límite de deuda es igual a 71% del Producto Interno Bruto -PIB- y el ancla de deuda es igual a 55% del PIB), al activar la llamada “cláusula de escape” durante tres años, lo que permite un déficit fiscal del 7,1% del PIB en 2025, un nivel comparable solo con periodos de crisis profunda.
Dicha decisión, que subordina la prudencia técnica a una agenda de gasto expansivo, fue tomada a pesar de la advertencia del Carf, que señaló: “la cláusula de escape no está contemplada para este tipo de situaciones” y advirtió que “el principal desbalance macroeconómico en la actualidad es precisamente el desequilibrio fiscal”.
Así las cosas, el deterioro de la institucionalidad fiscal se vio acompañado por una caída previsible del recaudo tributario. Aunque el Ministerio de Hacienda y Crédito Público calificó esta caída como “inesperada”, los datos muestran que desde agosto de 2023 ya se observaba una tendencia a la baja.
Políticas contra sectores económicos
Frente a ello, el informe del ICP atribuye el fenómeno a políticas que castigaron a sectores formales e intensivos en capital, como la minería y la industria, mientras se incentivan actividades con alta informalidad. El resultado es una economía donde el 55% de la ocupación es informal y el 40,8% del empleo corresponde a trabajadores por cuenta propia, lo que erosiona la base gravable y hace inviable cualquier intento de aumentar el recaudo a través de nuevas reformas tributarias.
El proyecto de presupuesto para 2026 asciende a $557 billones, lo que representa un crecimiento real del 3,7% respecto al año anterior ($511 billones). De este monto, el 65,7% se destina a funcionamiento ($365,8 billones), el 18,4% al servicio de la deuda ($102,4 billones) y solo el 15,9% a inversión ($88,8 billones). Más del 80% del presupuesto está comprometido en gastos inflexibles, lo que deja un margen de maniobra casi nulo para enfrentar contingencias o realizar ajustes.
Planifiación del Gobierno
La planificación fiscal del Gobierno fue o calificada como inconsistente y poco creíble. Apenas un mes después de publicar el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), el Gobierno presentó un presupuesto que lo contradice, ya que incrementa el gasto primario en $18,2 billones y eleva el déficit primario del 1,4% al 2,0% del PIB. Para justificar este aumento, se redujo la proyección de pago de intereses en $10 billones sin sustento técnico claro y se aumentó la meta de recaudo de la futura reforma tributaria en $6,7 billones. El Carf alertó que esta modificación refleja “serios y nuevos problemas en el proceso de planeación fiscal”, minando la credibilidad de la política fiscal y desdibujando la relevancia del MFMP como hoja de ruta.
El pilar sobre el que se sostiene el presupuesto es una nueva reforma tributaria, pero el sector formal, ya asfixiado por cargas tributarias y un entorno de desconfianza, no puede seguir financiando un gasto público ineficiente y en expansión. Cada nueva reforma que aumenta la presión tributaria acelera la informalidad, y la meta de recaudar un 1,4% del PIB adicional es considerada optimista.
Ante esto, de acuerdo con el informe del ICP, «el recaudo total proyectado, equivalente al 17% del PIB, superaría el pico de 2023, que fue inflado por medidas transitorias de adelanto de impuestos». Pretender alcanzar esta cifra en una economía con menor formalidad y sin la confianza del sector privado es una apuesta destinada al fracaso.
Ajuste bajo dos escenarios
El informe del ICP cuantifica el ajuste necesario bajo dos escenarios.
- Busca evitar una nueva reforma tributaria, requiere un ajuste de $26,3 billones en el gasto.
- Suma la eliminación de la reforma, una proyección de recaudo más realista ($11,3 billones menos) y la reversión del aumento del gasto primario ($18,2 billones), para un total de $55,8 billones. Este ajuste permitiría operar con una base de ingresos prudente y realista, alineada con las proyecciones técnicas del Carf, y retomar el compromiso de consolidación fiscal.
Amenaza escondida
Las disposiciones generales del proyecto de ley esconden una amenaza estructural: la posibilidad de financiar gasto corriente con deuda:
- Artículo 74: autoriza al Ministerio de Hacienda a pagar las obligaciones del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) mediante la emisión de bonos de deuda pública.
- Artículo 62: permite emitir bonos para cubrir cesantías y pasivos de universidades estatales y sentencias contra la ANI e Invías, lo que convierte las deudas existentes en nueva deuda pública.
- Artículo 8: otorga al Gobierno la facultad de emitir títulos de tesorería (TES) Clase “B” sin la garantía del Banco de la República, lo que requiere solo un decreto que autorice el monto y las condiciones.
Dichas medidas, según el ICP, no resuelven los problemas de fondo, sino que los ocultan y trasladan una carga financiera más pesada a las futuras generaciones. Al permitir que estos gastos se paguen con bonos, se evita que impacten de manera directa el déficit de 2025, pero se traslada el costo a futuro en forma de servicio de deuda. De esta manera “el riesgo para la disciplina fiscal es inminente, ya que se trata de una forma de diferir el déficit, no de solucionarlo”.
Consecuencias son previsibles
Las consecuencias de esta estrategia fiscal son previsibles. El aumento del déficit y la deuda pública, en medio de altas tasas de interés (9,25% la del Banco de la República) y mayor percepción de riesgo país, encarecerá el costo de financiamiento del Estado. La prima de riesgo de Colombia ya supera la de sus pares regionales, lo que refleja la desconfianza de los mercados.
Según el Carf, la estrategia fiscal del Gobierno solo materializa el 46% del ajuste total necesario durante los tres años de activación de la cláusula de escape, lo que resulta con mayor carga al próximo gobierno. La deuda pública alcanzaría máximos históricos, al llegar al 63,8% del PIB en 2027, un nivel peligrosamente cercano al límite del 71% y muy alejado del ancla prudente del 55%.
