Los hijos de Gustavo Petro y Verónica Alcocer también se quedarían sin visa americana
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De acuerdo con Leszli Kálli, excandidata al Senado, existen motivos específicos que pueden desencadenar la revocatoria de una visa y que cuando la causa está relacionada con cuestiones de seguridad, la revocación se hace extensiva a todo el grupo familiar beneficiario
En reacción al discurso de Gustavo Petro, la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el gobierno de Estados Unidos anunció que revocará la visa del primer mandatario colombiano por sus acciones, que incitaron la violencia y la desobediencia, en medio de la cita diplomática.
Por eso, al abordar el debate en torno a las visas para no inmigrantes vinculadas a figuras de alto perfil, Leszli Kálli, excandidata al Senado, expuso una serie de aclaraciones sobre la manera en que estas autorizaciones se conceden y gestionan, ya que según ella, tanto Verónica Alcocer y los hijos de Gustavo Petro, también habrían perdido las visas.
Al detallar el procedimiento, Leszli Kálli explicó en su cuenta de personal de X, que es común que altos funcionarios políticos, como el presidente de un país, posean visas de tipo A-1 para ingresar a Estados Unidos.
Anulación de visas
Según ella, los familiares directos de estos funcionarios, como el cónyuge o los hijos menores, acceden a un tipo específico de visado derivado, en este caso, el A-2. “Si la visa A-1 del funcionario principal—por ejemplo, el presidente—es anulada, la medida se extiende automáticamente a las visas A-2 otorgadas a los familiares dependientes (sic)”, aseguró Kálli en su publicación.
La excandidata remarcó que existen motivos específicos que pueden desencadenar la revocatoria de una visa y que cuando la causa está relacionada con cuestiones de seguridad, la revocación se hace extensiva a todo el grupo familiar beneficiario. “Si la invalidación de la visa obedece a razones vinculadas a seguridad, todas las visas derivadas quedan igualmente sin efecto”, señaló Kálli.
En cuanto a los canales mediante los cuales una persona puede ser notificada sobre el estatus de su visa, Kálli distinguió dos escenarios principales. Por un lado, mencionó la vía oficial y directa, en la cual la embajada de Estados Unidos informa formalmente al interesado sobre la cancelación, solicitando que se entreguen los pasaportes correspondientes. En esta situación, explicó, se debe coordinar el traslado físico de los documentos entre las partes implicadas: “Cuando hay notificación oficial, la embajada pide la entrega del pasaporte y se programa la devolución una vez concluido el trámite”, indicó Kálli.
Pasaportes afectados, ya no tienen vuelta atrás
Por otro lado, existe la posibilidad de que el Departamento de Estado de Estados Unidos, con apoyo de la respectiva embajada, registre la cancelación de la visa en sus bases de datos sin una advertencia previa al titular. Cuando esto ocurre, aclaró Kálli, los pasaportes afectados quedan automáticamente inhabilitados para usar como documento de viaje hacia ese país. De acuerdo a la experiencia compartida por la excandidata, algunas personas solo se enteran de la revocación al intentar subirse a un avión con destino a Estados Unidos y al ser rechazada su documentación para abordar.
Un elemento relevante en el discurso de Leszli Kálli se relaciona con la privacidad y la naturaleza reservada de los procesos de visado. “Los asuntos concernientes a visas deben manejarse con discreción personal. No es aconsejable ventilar públicamente estos temas ni convertirlos en herramienta política”, fue parte de la recomendación expresada por Kálli. Para ella, la situación alrededor de las visas es de carácter individual y sería prudente no involucrar el debate político, “desalentando la exposición pública de información sensible relacionada con trámites migratorios”, subrayó.
Con relación a controversias recientes generadas por el retiro, la cancelación o la mención de visas en entornos mediáticos, Leszli Kálli recalcó en el cierre de su intervención la importancia de separar la discusión administrativa de la esfera pública. La excandidata al Senado insistió en que, tanto en su caso personal como en otros similares, no existe obligación de informar públicamente la obtención, negación o cancelación de visas, optando por mantener estos procesos exclusivamente en la esfera privada de los involucrados.
