Luis Fernando Mejía alerta que la emergencia económica “es totalmente injustificada” y agrava la incertidumbre fiscal
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El exdirector de Fedesarrollo también señaló el aumento de la informalidad laboral, la caída de la inversión y la dependencia de un gasto insostenible, y advirtió que el próximo gobierno tendrá que abordar retos en empleo e inclusión social
La salida de Luis Fernando Mejía como director de Fedesarrollo se produce en un momento de tensión fiscal para Colombia, cuando el Gobierno nacional declaró una emergencia económica para subsanar el déficit del presupuesto de 2026. En diálogo con El Tiempo, Mejía planteó una visión crítica sobre la medida y ofreció un balance sobre el panorama económico y la estrategia que deja al país tras siete años de gestión.
Mejía rechazó la emergencia decretada por el Gobierno. “La emergencia económica es totalmente injustificada”, declaró, y puntualizó que, en su opinión, el hueco de $16 billones en la ley de financiamiento equivale a menos del 3% del presupuesto para 2026.
Subrayó que “es imposible argumentar que un impacto de esa magnitud pueda perturbar en forma grave e inminente el orden económico” y advirtió: “agrava aún más la incertidumbre en el país. Es una pésima idea”.
Frente a la controversia, apuntó que la decisión gubernamental no responde a un hecho sobreviniente ni cumple con el estándar legal requerido para una emergencia de este tipo.
Comparaciones internacionales y advertencias sobre el déficit fiscal
El informe de The Economist situó a Colombia entre las economías con mejor desempeño en la OCDE. Mejía, al ser consultado, hizo dos matices. El primero se refiere al ritmo de crecimiento y a la realidad de los ingresos: “Colombia ha crecido 2,8% al tercer trimestre de este año, pero el ingreso por habitante es más o menos una tercera parte del promedio de la OCDE”. Resaltó que “el promedio este año de las economías emergentes, como la de Colombia, es del 4%”, lo que muestra que el crecimiento local no es suficiente.
El segundo punto crítico es el déficit fiscal. Según Mejía, “parte de la explicación del crecimiento de Colombia este año tiene que ver con un déficit fiscal históricamente alto, que superará el 7% del PIB”. Anticipó que tras este ciclo de expansión basada en gasto público, llegará “el guayabo de un ajuste fiscal, justamente lo que tendrá que hacer el próximo gobierno”.
Inflación por encima de la meta y razones de fondo
Al analizar la inflación, recordó que el dato en Colombia se mantiene por encima de la meta estatal: “En materia de inflación, a Colombia le va muy mal porque está bastante por encima de la meta del Banco de la República, que es entre el 2 y el 4%, y completamos cinco meses con inflaciones superiores al 5%”. Vinculó esta situación directamente con el “alto gasto público”.
El crecimiento del consumo, según Mejía, no solo responde a gasto estatal sino a otros factores: el incremento de remesas, ingresos de origen ilícito —como el narcotráfico, estimados en cerca de $15.000 millones de dólares anuales— y los mejores precios del café.
Sobre el modelo de crecimiento, puntualizó: “El problema es que ese crecimiento fundamentado en el gasto de los hogares y en el gasto del Gobierno es insostenible. Una economía realmente crece de manera acelerada y sostenida con inversión”.
Caída de la inversión a niveles mínimos
La tasa de inversión en el país, observó Mejía, ha descendido a “mínimos de dos décadas, cercana al 16% del PIB, cuando Colombia típicamente tenía tasas de inversión entre el 21% y el 22%”. El indicador refleja, según le dijo a El Tiempo, una caída aproximada de cinco puntos, lo que condiciona el potencial de crecimiento a mediano plazo.
Propuesta económica de Fedesarrollo para el próximo gobierno
En cuanto a la hoja de ruta que deja el centro de estudios, Mejía afirmó que se trata de “una estrategia integral de ajuste y crecimiento fundamentada en tres pilares esenciales”: disciplina fiscal, reactivación de la inversión, y fortalecimiento de la inclusión social y productiva.
El ajuste fiscal, aclaró, parte de dos ideas: “primero, un ajuste del gasto público, que estimamos en 1,4% del PIB”. Al detallar las medidas, propuso la eliminación de subsidios a combustibles (en especial el diésel, que cuesta al país 10 billones de pesos cada año), la focalización de ayudas para que lleguen solo a hogares realmente pobres, el control del crecimiento de la nómina estatal, y la necesidad de asegurar que la reglamentación de competencias bajo el Sistema General de Participaciones no incremente el gasto.
La reducción de gasto no basta. Sobre impuestos, Mejía remarcó: “Se necesita una reforma tributaria que no haga lo mismo que han hecho las últimas, que simplemente ponen a las mismas personas y empresas que pagan impuestos a que paguen más”. Subrayó que el objetivo debe ser “ampliar bases gravables; que más personas paguen impuestos, para garantizar una mayor base tributaria. En Colombia muy pocas personas, muy pocas empresas, pagan impuestos, y eso dificulta muchísimo el recaudo”.
Inversión, competitividad e incertidumbre
Sobre la reactivación de la inversión, explicó: “En Colombia no somos competitivos desde el punto de vista de tributación, tenemos la cuarta tarifa de impuesto de renta más alta del mundo: 35%”. Para revertir esa situación, expuso que su equipo propone reducir la tarifa del impuesto para empresas —segmentando entre pequeñas, medianas y grandes— y llevar la tasa promedio nacional a un 25%, alineada con el promedio internacional.
Un segundo elemento para estimular la inversión es reducir la incertidumbre: “Todas las decisiones de política pública que generan ruido a nivel macro y sectorial se han traducido en incertidumbre, una barrera muy importante contra la inversión”.
Mencionó, entre los motivos, la renuencia oficial a permitir que el sector privado participe en servicios públicos, la política sobre el sector minero-energético, la decisión de no ajustar los peajes conforme a la inflación, la falta de uso del mecanismo de alianzas público-privadas y la suspensión del programa de vivienda Mi Casa Ya.
Inclusión social y lucha contra la informalidad
Respecto a la inclusión, Mejía explicó: “La meta es la reducción de la pobreza y la pobreza extrema, y de la informalidad laboral, que sigue siendo tal vez el principal problema de exclusión en Colombia. Hoy en día tenemos una gran cantidad de programas sociales, muchos de los cuales les llegan a personas que no son pobres, o de forma repetida al mismo hogar; creemos que es importante unificar todas esas ayudas en una transferencia muy sencilla, enfocada específicamente en las personas que están en pobreza extrema. Al resto de hogares hay que generarles oportunidades de inclusión productiva, es decir, de empleo formal”.
Advirtió sobre la relación entre el salario mínimo y el aumento de la informalidad laboral: “Las cifras ya lo reflejan. Toma tiempo, esos efectos no son inmediatos, pero ya el último dato que publicó el Dane muestra un aumento en la tasa de informalidad laboral. Y le doy un dato que es aún más grave, y sale de las cifras que llevó el Dane a la mesa de concertación de salario mínimo: en lo corrido del año, de enero a octubre, los ocupados han aumentado en 790.000 personas, lo cual suena como una buena noticia. Pero cuando usted desagrega ese aumento, resulta que son básicamente 400.000 personas adicionales como independientes, que trabajan por cuenta propia, que usualmente son informales y las personas adicionales que son asalariadas de tiempo parcial, es decir, que ganan menos de un salario mínimo. Y, por el contrario, los asalariados de un salario mínimo y más han caído en 430.000 personas en lo corrido de este año”.
Concluyó sobre este punto: “Eso muestra que, como se había anticipado, aumentar el salario mínimo muy por encima de la inflación y la productividad, más los efectos de la reforma laboral, han llevado a la informalidad laboral, y también a un cambio en la composición de la demanda de empleo; muchas empresas hoy día buscan trabajadores de tiempo parcial, para poder evitar pagar costos excesivos en la contratación de ese empleo formal”.
Mientras la Corte Constitucional estudia la validez de la emergencia económica, el análisis de Mejía, registrado en entrevista con El Tiempo, alimenta el debate sobre los desafíos fiscales, la inversión y el panorama social de Colombia.
