Asofondos solicitó frenar traslado de $5 billones restantes de fondos privados a Colpensiones
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Consejo de Estado frena el traslado de $25 billones de fondos privados a Colpensiones. El alto tribunal suspendió el Decreto 415 de 2026, que ordenaba mover en días los ahorros de 120.000 colombianos al régimen público de pensiones.
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 415 del 20 de abril de 2026. La decisión frena el traslado inmediato de $25 billones desde los fondos privados, agremiados en Asofondos, de pensiones hacia Colpensiones.
Este era un movimiento que el Gobierno de Gustavo Petro buscaba ejecutar en un plazo de apenas 15 a 30 días.
El auto fue firmado por el magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar y admitió una de las demandas con medida cautelar de urgencia, presentada por el ciudadano Jesús Hernando Baena Álvarez presentadas.
La providencia señala que el artículo 2 del Decreto 415 contradice lo dispuesto por la propia Ley 2381 de 2024, la reforma pensional del mismo Gobierno Petro, que ordena que los recursos de las cuentas de ahorro individual de quienes usaron la “ventana de oportunidad de traslado” deben permanecer en los fondos privados hasta que cada afiliado consolide su derecho a la pensión.
Consejo de Estado suspende provisionalme el traslado anticipado de ahorros pensionales a Colpensiones, ordenado por decreto.
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— Consejo de Estado (@consejodeestado) April 28, 2026
Qué son los $25 billones y de quiénes son
Detrás de esos $25 billones hay 120.000 trabajadores que usaron una figura creada por la misma reforma pensional, llamada la “ventana de oportunidad”, que permitió, de forma excepcional, que personas a menos de 10 años de pensionarse cambiaran del régimen de ahorro individual (fondos privados) a Colpensiones.
En ese orden, Andrés Mauricio Velasco, presidente de Asofondos, explicó la composición del monto, por un lado, $20 billones que corresponden a 100.000 personas que se trasladaron pero aún no se han pensionado; y por otro lado, $5 billones que pertenecen a cerca de 20.000 personas que ya accedieron a su pensión.
El Consejo de Estado suspendió el traslado de los primeros $20 billones. Por eso, Asofondos pidió que la medida se extienda también a los $5 billones restantes.
“Hacemos un llamado respetuoso al Consedo de Estado y a la Corte a que complementen esta medida cautelar y suspendan adicionalmente los otros $5 billones, porque mal haríamos en trasladarlos, no solamente porque es completamente ilegal, sino proque contraviene el resto de la reglamentación y afecta el sueño de millones de colombianos de poderse pensionar en el futuro”, reiteró Velasco.
#Comunicado | Asofondos rechaza categóricamente la reciente expedición del Decreto 0415 de 2026, una medida que el gremio considera abiertamente ilegal y contraria al marco jurídico vigente y, sobre todo, a los intereses de los millones de trabajadores colombianos actuales, de…
— Asofondos (@fondosdepension) April 23, 2026
Por qué el decreto era ilegal, según el Consejo de Estado
El argumento jurídico del Consejo de Estado se base en el artículo 76 de la reforma pensional, que está vigente por decisión de la Corte Constitucional.
Este establece que los recursos de quienes usaron la ventana de oportunidad “seguirán siendo administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones hasta el momento en que se consolide la pensión”.
El decreto del Gobierno cambió ese momento, es decir, ordenó el traslado antes de que cada afiliado se pensionara, es decir, modificó una regla ya fijada por ley.
Por eso, el Consejo de Estado recordó que el presidente puede reglamentar las leyes para hacerlas aplicables, pero no puede cambiar su contenido ni reemplazar decisiones que le corresponden al Congreso.
Ante esto, Andrés Pardo, estratega macro para Latinoamérica de XP Investments, enfatizó en que “la ley es la misma reforma del Gobierno. El decreto desconoció una regla especial que el propio Gobierno impulsó. La Ley 100 no aplica aquí porque no contempla la ventana de oportunidad”.
En otras palabras, el Ejecutivo puede reglamentar la ley, pero no modificar su esencia ni alterar decisiones que corresponden al Congreso. Y uno de los argumentos centrales del Consejo de Estado es que el decreto habría ido más allá de una simple reglamentación.
Lo que dicen los expertos sobre la decisión del Consejo de Estado
Kevin Hartmann, abogado experto en sistemas pensionales, calificó la decisión como “buena y oportuna”.
También subrayó que el Consejo de Estado aclaró que el decreto viola no solo la ley aprobada en 2024, sino también la regulación que el mismo Gobierno expidió ese año.
Por otro lado, el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo aseguró que ese decreto era una clara violación de la ley. “La Corte Constitucional y el Consejo de Estado son los dos baluartes que quedan contra los permanentes atropellos del Gobierno al Estado de derecho”.
Velasco también advirtió que la Contraloría, la Procuraduría, el Banco de la República, Fedesarrollo y ANIF habían advertido antes al Gobierno sobre la ilegalidad e inconveniencia del decreto.
Insistió en que el decreto contradecía el diseño del sistema, “esos recursos son para ahorrarse, no para gastarse en el corto plazo. Deben generar rendimientos y fortalecer el fondo del pilar contributivo”.
Velasco también rechazó el argumento de que los fondos privados defienden sus intereses económicos.
“No cobramos comisión sobre los saldos. La comisión se cobró cuando se hicieron las cotizaciones. No estamos dando esta pelea porque nos convenga financieramente. Es porque hay que proteger el ahorro pensional”, afirmó.
El dirigente gremial alertó que la demografía hace insostenible un sistema de reparto puro, hoy 5 colombianos en edad laboral sostienen a un pensionado. En 25 años serán cuatro, luego tres. En 50 años, uno a uno.
“La única forma de tener un sistema pensional sostenible es crearlo alrededor del ahorro”, insistió.
Por eso, Velasco pidió proteger el sistema pensional, “proteger el ahorro pensional porque será lo único que nos permitirá soñar con una pensión como colombianos en el futuro”.
La reacción del Gobierno: “inaceptable”
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, calificó la medida cautelar como “inaceptable” y sostuvo que la decisión “favorece al capital financiero en detrimento de los derechos del pueblo trabajador”.
El Gobierno argumentó que la suspensión frena el traslado de los ahorros de los 120.000 trabajadores que optaron por el Régimen de Prima Media.
Por ahora, los recursos de quienes han solicitado el traslado de régimen, pero aún no se han pensionado permanecerán en sus fondos privados bajo la administración actual. Esta es una medida provisional mientras se estudia a fondo la legalidad del decreto, asegurando que no se realice un “traslado patrimonial masivo y anticipado” sin una base legal sólida.
