AGUA ENVENENADA, SILENCIOS COMPLICES Y CIEN DOLARES QUE NADIE QUISO GASTAR

Jaylen tenía dos años cuando su madre  empezó a notar que el agua que llegaba a su casa olía raro. Nakiya Wakes vivía en Flint, Michigan, una ciudad mayoritariamente negra, mayoritariamente pobre, y desde abril de 2014 bajo administración financiera de emergencia impuesta por el gobierno Estatal, el agua salía marrón a veces, otras veces simplemente olía feo, las autoridades decían que era segura, Nakiya siguió bañando a su hijo, preparando la comida, llenando tetero, en fin, una vida normal como si nada ocurriera.

@javierdelahoz20

En 2015, los exámenes de sangre de Jaylen salieron positivos para envenenamiento por plomo, a los siete años, los médicos le diagnosticaron discapacidad intelectual, el niño fue clasificado como «no lector». Antes de cumplir diez años, lo habían suspendido del colegio más de cincuenta veces por problemas severos de conducta. «Empezó a tirar lápices, a meterse con los compañeros, ese no era mi hijo, algo le estaba pasando», contó su mamá. Nakiya perdió mellizos en 2015, perdió otros mellizos en 2017. «Sé que tuvo que ver con el plomo», dice. Su hija mayor, Nashauna, quien también tuvo un aborto espontáneo a los dieciocho años.

Todo eso pasó porque alguien decidió no gastar cien dólares al día.

Esa es la cifra que establecieron los investigadores,según la revista Proceedings of the National Academy of Sciences una de las publicaciones científicas más rigurosas del mundo;  el tratamiento anticorrosivo que protegía las tuberías de plomo de Flint costaba cien dólares diarios.

El administrador de emergencia designado por el gobernador Rick Snyder para sanear las finanzas de la ciudad decidió cambiar la fuente de agua potable, la saco del sistema de Detroit, que traía agua limpia del Lago Hurón, al río Flint sin aplicar ese tratamiento. El ahorro justificaba la decisión sobre el papel, lo que no estaba en el papel eran las miles de tuberías viejas de plomo que conectaban las redes de distribución con los hogares, y que sin el inhibidor anticorrosivo empezarían a soltar el metal directamente al agua.

Durante dieciocho meses, entre abril de 2014 y octubre de 2015, más de 100.000 residentes de Flint tomaron, cocinaron y bañaron a sus hijos con agua contaminada con plomo. Durante todo ese tiempo, las autoridades municipales, estatales y federales sostuvieron públicamente que el agua era segura. En julio de 2015, el alcalde de Flint se tomó un vaso de agua del grifo frente a las cámaras de televisión para demostrar que no había nada de qué preocuparse.

Ese mismo año, General Motors anunció que dejaría de usar agua de Flint en su planta de ensamblaje, los niveles de cloruros estaban corroyendo la maquinaria. La empresa actuó de inmediato para proteger sus motores. El gobierno tardó dieciocho meses en proteger a sus ciudadanos.

Fue LeeAnne Walters, otra mamá de Flint que llevaba meses denunciando sin que nadie le prestara atención quien mandó las muestras de agua al laboratorio del profesor Marc Edwards, de la Universidad Virginia Tech, y forzó al gobierno a reconocer la crisis. De los treinta análisis practicados en su casa, el nivel más bajo fue 300 partes por billón de plomo, el promedio fue 2.000, el pico, 13.200, el umbral de acción de emergencia de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos es 15 partes por billón. «En 25 años de carrera nunca había visto niveles tan escandalosamente altos en una vivienda en los Estados Unidos», declaró Edwards. Su hijo de cuatro años también salió positivo para envenenamiento por plomo.

El daño neurológico que el plomo produce en un cerebro en desarrollo es permanente, no existe  antídoto, no se reversa con tratamiento.

Dionna Brown tenía dieciséis años cuando  el agua cambio, recuerda que empezó a mezclar palabras con números, que le tocaba esforzarse el doble para aprender cosas que antes le salían solas. En 2018 le diagnosticaron TDAH y dislexia. «Era mucho más aguda antes de la crisis del agua», dice hoy. La pediatra Mona Hanna-Attisha documentó el impacto colectivo; la proporción de niños con niveles elevados de plomo en sangre se había duplicado en Flint desde el cambio de fuente, y en algunos barrios se había triplicado. Cuando presentó sus hallazgos, el Departamento de Salud del estado le cuestionó públicamente la metodología, tres semanas después tuvieron  que reconocer que ella tenía la razón.

El 76,8% de los niños que vivían en las zonas con mayor concentración de plomo en el agua eran afroamericanos, la comunidad vecina, próspera y mayoritariamente blanca, con acceso al sistema de Detroit, nunca fue afectada. Ese dato no es una interpretación ni una lectura política, está en el expediente judicial.

El 2 de abril de 2026, doce años después del inicio de la crisis, un juez federal autorizó los primeros pagos parciales a más de 12.000 reclamantes adultos del fondo de compensación de 626 millones de dólares. El 80% de esos recursos está destinado a quienes eran menores de edad durante la crisis. Ningún funcionario ha sido condenado penalmente. Los esfuerzos por procesar criminalmente al exgobernador Snyder y a otros altos funcionarios fracasaron en los tribunales.

Lo que Flint le enseña al mundo no es solamente que el plomo mata despacio y sin ruido, es que entre la decisión que firma un funcionario en una oficina y el vaso de agua que toma un niño a unas cuantas cuadras hay una cadena de responsabilidades que, cuando nadie la vigila, puede romperse sin que se note hasta que ya es demasiado tarde. El daño neurológico no espera a que lleguen los informes, no espera a que un juez fije audiencia, no espera a que una empresa y un gobierno se sienten a negociar cuánto vale una infancia.

En Colombia, como en buena parte de América Latina, el agua potable en decenas de municipios llega a los hogares a través de sistemas concesionados, con infraestructura vieja, en comunidades que pocas veces tienen la capacidad técnica ni la representación política para exigirle cuentas a alguien, esto  no es una acusación, es una realidad administrativa que cualquier operador del sector de servicios públicos conoce de sobra. La pregunta que Flint deja en el aire, y que debería quitarnos el sueño, es si contamos con los mecanismos para detectar a tiempo cuándo una decisión de ahorro se está convirtiendo en un problema de salud pública, esto, antes de que los niños enfermos sean el indicador.

Jaylen tiene hoy once años, sigue sin poder leer con fluidez, los primeros cheques de compensación llegaron el mes pasado, doce años después. Nadie fue a la cárcel.

¿Cuánto tiempo tiene que pasar en otros lugares, con otros niños, antes de que alguien decida gastar los cien dólares al día?

Posdata: para quienes creen  que esto ocurre solo a miles de kilómetros, muy a mi pesar les cuento que investigadores de la Universidad de Córdoba, documentaron que el 42% de las especies de peces de la ciénaga de Ayapel supero el límite de mercurio que la Organización Mundial para la Salud considera seguro para consumo humano. En el cabello de los habitantes ribereños, los niveles de mercurio promedian más del doble del umbral de referencia internacional, con casos que llegan a casi trece veces ese límite. En el río Sinú  se detectaron plomo, cadmio y mercurio en el agua y en los peces desde el nudo del  Paramillo hasta el mar, el estudio que midió esto tiene diez años, nadie lo ha repetido.

 En Flint, el problema era que nadie quería ver, aquí, el problema puede ser el mismo.