Caso Álvaro Uribe: estos son los delitos por los que la Fiscalía investigará al expresidente, vinculado a la presunta conformación de grupos paramilitares
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El proceso está a cargo de la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema, Gloria Marcela Abadía Cubillos, que busca establecer la responsabilidad del exmandatario en las masacres de El Aro y La Granja, y el asesinado del defensor de derechos humanos Jesús María Valle
Tras la revelación hecha por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la Fiscalía General de la Nación confirmó en la noche del jueves 18 de junio de 2026 que abrió una investigación formal contra el exmandatario y lo citará a indagatoria por su presunta responsabilidad en la conformación y acción de grupos paramilitares en Antioquia; en un caso que se abrió tras la condena a su hermano, Santiago, confirmada el 4 de junio.
De acuerdo con el ente acusador, la decisión de citar al ex jefe de Estado a una indagatoria busca que rinda testimonio referente a las masacres de La Granja y El Aro, el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido el 27 de febrero de 1998; y la conformación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se habría gestado en la Hacienda Las Guacharacas.
En la resolución de la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gloria Marcela Abadía Cubillos, indica que los delitos por los que sería vinculado el exmandatario son concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida. Este caso, es válido precisar, está cobijado por la declaración de crímenes de lesa humanidad hecha por la Corte Suprema el 30 de mayo de 2018, siendo imprescriptible.
En el auto, la fiscal Abadía Cubillos dispuso, además, el ordenamiento de nuevas pruebas y ordenó escuchar en declaración jurada al excabecilla de las AUC Salvatore Mancuso para esclarecer el vínculo entre Uribe y los hermanos Carlos y Vicente Castaño, y al exsenador Miguel Ángel de la Espriella, mencionado por Mancuso como uno de los interlocutores del exmandatario con las autodefensas.
Fiscalía retomó una línea de investigación cerrada en el 2000: la conectó con nuevos testimonios
En el documento con el que la encargada del caso justificó la decisión de reabrir el caso contra el expresidente de la República, compuesto por ocho páginas, muestra que la investigación previa había sido abierta el 16 de mayo de 2000 por hechos ocurridos cuando Uribe era gobernador de Antioquia. Sin embargo, ese mismo año, el 28 de diciembre, un fiscal delegado ante la Corte se inhibió de iniciar instrucción formal.
La determinación inicial cambió el 2 de enero de 2013, cuando la fiscalía sexta delegada ante la Corte revocó la resolución inhibitoria. El argumento fue una comunicación recibida el 7 de septiembre de 2011 con declaraciones de miembros de grupos paramilitares que señalaban a los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez por la conformación de un grupo que tenía como centro de operaciones la referida hacienda.
En consecuencia, para la fiscal Abadía, de acuerdo con las pruebas reunidas en la fase previa, “presuntamente, existió un nexo entre el entonces Gobernador Álvaro Uribe Vélez y el grupo paramilitar que operaba en la Hacienda Guacharacas, conocido posteriormente como Bloque Metro”, y añadió que, “al parecer el aquí investigado habría facilitado y promovido el accionar de esta organización” al margen de la ley.
En el mismo apartado, la fiscal delegada señaló que, de forma preliminar, “se puede inferir que Uribe Vélez hizo parte de un acuerdo para promover la conformación de un grupo armado ilegal”. Por ello, esta conducta lo haría responsable del punible de concierto para delinquir agravado, al ser vinculado con la creación de esta organización; a la par de su hermano Santiago, señalado de la conformación de ‘Los doce apóstoles’.
La relación que tendría Álvaro Uribe con las masacres de Ituango en 1996 y 1997; sería señalado de omisión
En la determinación de investigar al jefe de Estado, se establece que el entonces gobernador Uribe Vélez habría tenido responsabilidad en los ataques contra la población civil de Ituango, en particular en la masacre de La Granja, ocurrida el 11 de junio de 1996; y en la de El Aro, cometida entre el 22 y el 31 de octubre de 1997, que dejaron un total de 21 muertos, cinco de ellos en el primer hecho y 16 más en el segundo.
En el caso de La Granja, la decisión de la fiscal refiere que el mandatario regional conocía el riesgo que corría la población por la presencia e incursiones de grupos paramilitares en la zona. Pese a ello, se añade en la justificación, no habría adoptado las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de la comunidad, aun cuando tenía la capacidad y el deber jurídico de hacerlo por su cargo como gobernador de Antioquia.
Por su parte, en la masacre de El Aro, se produjo -además- el secuestro de 17 personas, el incendio de la mayoría de viviendas, el hurto de ganado y el desplazamiento forzado de los habitantes de este corregimiento.
A su vez, el auto de investigación incorporó el asesinato de Valle Jaramillo, que era abogado, concejal de Ituango para la época de los hechos y defensor de derechos humanos, ocurrido el 27 de febrero de 1998 en Medellín. Para tal fin, el de indagar por este crimen, el Tribunal Superior de Medellín había compulsado copias el 24 de noviembre de 2017, al igual que lo hizo una jueza especializada de Medellín el 6 de octubre de 2025.
En ese sentido, la Fiscalía sostuvo que, por las denuncias de Valle contra la administración departamental, la fuerza pública y los paramilitares que operaban en Ituango, “el aquí procesado, por intermedio de su Secretario de Gobierno, pudo haber determinado a Carlos Castaño para que se ejecutara este homicidio”. Por ello, se concluyó que Uribe sería posible determinador del delito de homicidio en persona protegida.
En su determinación, la fiscal Abadía Cubillos indicó que para todos los delitos analizados se aplicaría una agravación punitiva por la posición distinguida que ocupaba el procesado en la sociedad, al tratarse de la máxima autoridad departamental de Antioquia en ese momento. Y se dejó consigna que desde el 2 de diciembre de 2020, cuando ese despacho asumió el conocimiento de la investigación tras la salida de Uribe del Senado, se realizaron diversos actos de investigación, entre ellos la versión libre del indiciado.
Por último, se ordenó la obtención de la declaración rendida el 13 de agosto de 2010 por Jhon Fredy González Isaza, alias El Rosco, y la versión libre de Isaías Montes Hernández del 16 de octubre de 2008, además de las demás pruebas que se desprendan de esas actuaciones; en una determinación que se conoció a solo tres días de que se lleve a cabo la segunda vuelta presidencial, entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.
