Corte Suprema condenó a 12 años de cárcel a la excongresista Tatiana Cabello por exigir parte del salario a trabajadoras de su UTL
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La sentencia también impuso una multa, inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos y dispuso que la orden de captura se haga efectiva una vez el fallo quede en firme
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a la exrepresentante a la Cámara por Bogotá Tatiana Cabello Flórez Martínez por el delito de concusión en la modalidad continuada y en concurso homogéneo, tras concluir que, durante el periodo legislativo 2014-2018, exigió de manera reiterada a varias integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) la devolución de una parte de sus salarios como condición para permanecer en sus cargos.
La decisión judicial impuso a la excongresista una pena de 144 meses y un día de prisión, equivalentes a poco más de 12 años, así como una inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 116 meses y 29 días y una multa de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos.
La Corte también negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, por lo que la orden de captura será librada cuando la sentencia adquiera firmeza, para que cumpla la condena en el establecimiento penitenciario que determine el INPEC.
La Corte concluyó que hubo exigencias sistemáticas de dinero
De acuerdo con la sentencia, la entonces congresista solicitó de forma directa o mediante intermediarios que cinco integrantes de su UTL entregaran periódicamente una parte de sus salarios. Las víctimas identificadas por la Sala fueron Luisa Fernanda Puerto Vela, Nelsy Tirado Chacón, Lina Marcela García Pinto, Daniela Salazar Puerto y Sonia Astrid Blanco Reyes, quienes, según el fallo, realizaron consignaciones, transferencias, entregas en efectivo o asumieron gastos de funcionamiento de la oficina para cumplir con las exigencias.
La investigación estableció que las solicitudes se presentaban, en varios casos, después de ascensos laborales que implicaban incrementos salariales. Según la Corte, algunas trabajadoras debían entregar sumas cercanas al aumento recibido, mientras que otras devolvían un salario mínimo o incluso la mayor parte de su remuneración mensual.
La sentencia también señala que la entonces representante se apoyó en colaboradores de confianza para transmitir las instrucciones, recibir los recursos y canalizar el dinero mediante consignaciones bancarias o entregas personales.
Uno de los apartes del fallo señala que “cuando solicitó directamente o por interpuesta persona a cinco de sus colaboradoras que le entregaran parte de su salario como condición para su permanencia en la Unidad de Trabajo Legislativo, lo hizo en pleno uso de sus facultades mentales y consciente de la prohibición de su comportamiento”. La Sala sostuvo igualmente que las exigencias constituyeron un abuso de la función pública y que la procesada utilizó la autoridad derivada de su cargo para obtener beneficios económicos indebidos.
Durante el proceso, la Sala Especial de Primera Instancia analizó testimonios de las víctimas, declaraciones de otros integrantes de la UTL, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, extractos bancarios y actos administrativos relacionados con nombramientos y ascensos dentro de la Unidad de Trabajo Legislativo. A ello se sumó la documentación financiera que permitió reconstruir el movimiento de recursos hacia cuentas de la excongresista, de algunos de sus colaboradores o mediante retiros en efectivo que, según la Corte, guardaban correspondencia con las declaraciones rendidas durante el proceso.
Además de la pena privativa de la libertad y de las sanciones económicas, la Corte ordenó que Tatiana Cabello indemnice los perjuicios ocasionados a las cinco víctimas reconocidas dentro del proceso: Luisa Fernanda Puerto Vela, Nelsy Tirado Chacón, Lina Marcela García Pinto, Daniela Salazar Puerto y Sonia Astrid Blanco Reyes.
Igualmente, la Sala dispuso compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a la excongresista por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público, concusión y amenaza, con el fin de establecer si de los hechos juzgados se derivan otras conductas punibles.
