Córdoba en deuda con su territorio: los vacíos que agravan el riesgo ambiental
Un documento oficial de junio de 2026 detalla cinco años de alertas en el departamento y deja constancia de obligaciones de ordenamiento y gestión del riesgo que siguen sin cumplirse.

Montería. En respuesta a una petición de EL PULSO DEL TIEMPO, la Procuraduría 10 Judicial II Agraria y Ambiental entregó el recuento de las actuaciones ambientales adelantadas en Córdoba durante los últimos cinco años. El oficio, fechado el 22 de junio de 2026, se propuso responder tres preguntas puntuales. Terminó dejando en evidencia algo de mayor gravedad, los vacíos de fondo que vienen agravando el riesgo ambiental y territorial en Córdoba.
El departamento arrastra «un gran reto» para actualizar sus planes de ordenamiento territorial y para contar con los estudios detallados de riesgo que exige el Decreto 1807 de 2014. Es decir, pese a años de advertencias, instrumentos básicos de planificación siguen pendientes en manos de las autoridades territoriales.
Humedales bajo asedio
La orden judicial de proteger los humedales del medio y bajo Sinú viene de tiempo atrás. Más de dos décadas después, el fallo sigue enfrentando dificultades de cumplimiento. En septiembre de 2025 la Procuraduría solicitó al Tribunal Superior de Montería la apertura de un incidente de desacato por obras de relleno en el humedal Berlín. Esas obras, que alteran la dinámica hídrica de ecosistemas clave para la amortiguación y la gestión del riesgo, aparecen como la problemática de ocupación irregular más recurrente en el departamento.
El sur, entre la minería ilícita y el mercurio
El documento asocia la extracción ilícita de minerales y la contaminación por mercurio a municipios del sur de Córdoba —Tierralta, Puerto Libertador, San José de Uré y Montelíbano— y a San Carlos, en el medio Sinú. Frente a esa problemática, las alcaldías han recibido requerimientos reiterados.
Tres frentes judiciales abiertos
Tres acciones populares permanecen activas ante el Tribunal Administrativo de Córdoba: la erosión del río Sinú y la protección del bosque de galería, la recuperación del caño Bugre y la protección de la zona de retiro del río. Son la expresión judicial de un conflicto por el uso del suelo que crece al ritmo de la ocupación irregular.
Una institucionalidad que pide refuerzos
Aunque el departamento cuenta con instancias de articulación, como el Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, el documento advierte la necesidad de fortalecer la Dirección Técnica de Ambiente y Gestión del Riesgo de la Gobernación de Córdoba, para atender la gestión regional que le corresponde y complementar las acciones de los municipios.
El oficio se propuso responder tres preguntas puntuales pero Terminó documentando algo de mayor importancia y gravedad, la acumulación progresiva del riesgo ambiental y territorial en Córdoba, alimentada por planes de ordenamiento vencidos, estudios de riesgo inexistentes y una débil articulación entre las autoridades llamadas a evitarla.


