María Claudia Tarazona reveló que conserva amenazas que habrían anticipado el atentado contra Miguel Uribe: “No tengo las garantías”
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La viuda del senador cuestionó que el mismo esquema de seguridad que estaba bajo investigación por su posible relación con el atentado continuara protegiendo a su familia durante un año después del crimen
María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, se pronunció en una entrevista para Noticias Caracol con el fin de hablar sobre las sombras que rodean el magnicidio de su esposo, ocurrido tras un atentado en junio de 2025.
La empresaria reveló la existencia de pruebas inéditas que darían cuenta de advertencias previas sobre el ataque, al tiempo que cuestionó en forma severa la falta de garantías procesales por parte de la Fiscalía General de la Nación y el manejo del esquema de seguridad asignado a su familia.
Durante la conversación, Tarazona confirmó que mantiene en su poder material fotográfico y registros de conversaciones virtuales en los que se anticipaba el atentado contra la vida de Uribe Turbay dos meses antes de su ejecución en el occidente de Bogotá.
Sin embargo, la viuda enfatizó que la desconfianza hacia los organismos judiciales colombianos le impide formalizar la entrega de esta evidencia dentro del expediente principal que adelanta el ente investigador.
“Tengo en mi celular una información sobre amenazas que llegaron reales y puntuales hacia Miguel. No he sido capaz de entregársela a la Fiscalía porque me da miedo que se filtre y por la persona que me entregó esta información. No tengo las garantías para entregar esa información”, declaró Tarazona durante la entrevista, al dejar ver su intención de acudir a organismos internacionales o autoridades de los Estados Unidos para canalizar dichos elementos probatorios.
En sus declaraciones, la viuda sostuvo que la hipótesis sobre la infiltración del esquema de protección asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) fue una sospecha inmediata tras el crimen.
Tarazona argumentó que la precisión de los sicarios sobre las rutinas y los tiempos de desplazamiento del dirigente político solo era posible si la información salía desde el círculo de escoltas que lo acompañaban dentro de su vehículo.
La posible infiltración del esquema de seguridad sigue bajo investigación
“Desde el primer momento supe que el esquema de Miguel estaba infiltrado. Era imposible que supieran cuánto se demoraba en el trayecto hasta el parque El Golfito si no era una persona del esquema que estaba dentro de nuestra casa”, afirmó la viuda, al críticar además que los mismos escoltas denunciados e investigados por la Fiscalía continuaran asignados a la protección de sus hijos durante un año posterior al homicidio.
Esta línea investigativa sobre el círculo de protección coincide con los recientes hallazgos de las autoridades y la Justicia Penal Militar.
Los investigadores avanzan en la revisión de cruces de telefonía que muestran coincidencias de geolocalización entre dispositivos de la UNP asignados a Uribe Turbay y alias El Viejo, presunto enlace de la estructura criminal, así como los señalamientos contra el subcomisario Víctor Hugo Gómez Velasco, que ejercía como jefe de seguridad.
María Claudia Tarazona denunció que, tras el atentado contra su esposo Miguel Uribe Turbay, ella y sus hijos continuaron bajo el cuidado de los mismos escoltas sobre los que recaían sospechas de infiltración criminal.
La viuda del exsenador señaló que el personal asignado a su esquema de protección familiar se mantuvo intacto durante doce meses, a pesar de las investigaciones abiertas por la Fiscalía.
Para la empresaria, la permanencia de estos funcionarios en la custodia diaria de su hogar representó un riesgo constante y un contrasentido dentro del proceso judicial: “Quedamos con el mismo esquema de Miguel durante un año; Alejandro (hijo de cinco años) lo estaba llevando al colegio y lo cuida durante un año la gente que estaba siendo investigada por la Fiscalía”.
Tarazona cuestionó de manera severa la falta de decisiones preventivas por parte de las autoridades competentes frente a un personal denunciado: “Eso en ningún lugar tiene coherencia de ningún lado; lo primero que ha debido pasar es que han debido renovar completamente el esquema, porque uno no puede estar cuidado por personas que uno mismo está investigando”.
La Fiscalía también está bajo cuestionamiento por decisiones tomadas durante el proceso
Frente al avance del proceso penal, Tarazona señaló reservas sobre las actuaciones del despacho de la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo.
La viuda del precandidato presidencial cuestionó las decisiones procesales que tumbaron la imputación de cargos contra el exdirector de la UNP Augusto Rodríguez, así como la aprobación de preacuerdos con rebajas de penas para presuntos implicados en la logística del crimen sin haber obtenido la identificación de los determinadores intelectuales.
“No confío en la fiscal General. No entiendo por qué le quitó la imputación a Augusto Rodríguez si tenían todo el acervo probatorio listo sobre la omisión de su deber de cuidado. Tampoco entiendo por qué le aprobaron un preacuerdo a una persona que no ayudó a darle celeridad al proceso”, cuestionó la empresaria durante el diálogo con el medio televisivo.
Asimismo, la entrevista abordó el reciente fallo de la Corte Constitucional que amparó los derechos de la familia Uribe Tarazona y ordenó a la UNP ofrecer disculpas públicas.
El alto tribunal determinó que las declaraciones públicas de la directiva de la entidad, emitidas mientras el dirigente se encontraba en estado crítico en la clínica, vulneraron la intimidad familiar al sugerir una supuesta flexibilización de la seguridad por parte del propio congresista.
“Más que unas disculpas por parte del señor Augusto Rodríguez, esto es reconocer la vergüenza de actuación que tuvieron como entidad. Agradezco a la Corte Constitucional por este fallo para que se reconozca públicamente el error tan grave y tan vergonzoso que cometieron”, señaló Tarazona al evaluar el impacto de la decisión judicial.
La viuda reiteró que la información que conserva en su dispositivo sugiere que el atentado se pudo prevenir, señalando que existían denuncias previas sobre los riesgos que corrían los precandidatos presidenciales de la oposición.
Mientras los procesos judiciales continentales avanzan contra los ejecutores materiales vinculados a la Segunda Marquetalia, la falta de confianza en la cadena de custodia mantiene bajo reserva piezas clave para el esclarecimiento total del magnicidio.
