Embargaron inmuebles que pertenecerían a Óscar Iván Zuluaga: estarían vinculados a una posible financiación de Odebrecht
El entidad indicó que los bienes, ubicados en Bogotá y Caldas, están avaluados en más de $3.664 millones

Tres inmuebles que harían parte del patrimonio del exministro de Hacienda y Crédito Público Óscar Iván Zuluaga Escobar y su entorno familiar fueron objeto de medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo y embargo por parte de la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo con el ente investigador, se trata de una actuación con fines de extinción del derecho de dominio aplicada sobre propiedades avaluadas en más de $3.664 millones: un apartamento y la tercera parte de una vivienda, ubicados en Bogotá, y un inmueble en Pensilvania (Caldas).
El ente acusador explicó que algunas de las propiedades pertenecían al exministro, pero en junio de 2023 fueron transferidas mediante donación a integrantes de su círculo familiar.

Presunta vinculación con la financiación de la campaña presidencial
Los inmuebles tendrían relación con la presunta financiación internacional de la campaña presidencial de Zuluaga en 2014. El Grupo de Tareas Especiales de Odebrecht de la Delegada para las Finanzas Criminales encontró elementos materiales probatorios que darían cuenta del aporte económico que la multinacional brasileña Odebrecht habría realizado a la campaña ‘Zuluaga Presidente 2014-2018’.
“Odebrecht, al parecer, asumió el pago de 1’610.740 dólares en servicios de publicidad en beneficio de la campaña. Este aporte presuntamente no fue reportado en los balances ni informado a las autoridades electorales y, al provenir de una persona jurídica extranjera, constituiría una fuente de financiación prohibida para las campañas políticas, conforme al artículo 27 de la Ley 1475 de 2011″, precisó la Fiscalía.
Las investigaciones adelantadas por el ente acusador indican que, presuntamente, los recursos, que representaban más de $3.000 millones, fueron transferidos entre junio y julio de 2014 a una sociedad constituida en Panamá, la cual estaría vinculada al publicista brasileño José Eduardo Cavalcanti de Mendonça.

La presunta inyección de recursos de Odebrecht a la campaña de Zuluaga
Desde 2017, la Fiscalía advirtió sobre un posible aporte millonario por parte de la multinacional brasileña Odebrecht a la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga. Sin embargo, la investigación no tomó fuerza hasta 2023, cuando el ente acusador informó que la empresa extranjera presuntamente inyectó $3.045 millones a la campaña. La empresa también habría hecho un importante aporte a la campaña presidencial del exmandatario Juan Manuel Santos, de $3.540 millones.
El ente investigador precisó que, tanto Zuluaga como Santos habrían vulnerado el artículo 109 de la Constitución Política, que establece que los partidos políticos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos no pueden recibir financiación de personas naturales o jurídicas extranjeras para campañas electorales.
Con respecto a la financiación de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, precisó: “El entonces candidato a la Presidencia de la República y algunos representantes de su equipo político se habrían reunido con exdirectivos de Odebrecht en São Paulo (Brasil) y en el norte de Bogotá. Durante los encuentros, al parecer, se pactó un aporte de la constructora para pagar parte de los servicios profesionales que prestaría a ‘Zuluaga Presidente 2014 – 2018’ el publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendoça, conocido como ”Duda» Mendoça”.
El seguimiento que se hizo a las transacciones efectuadas para el pago de honorarios del publicista mostró que, desde Colombia, la campaña de Zuluaga desembolsó el dinero a la firma del publicista. Luego, Odebrecht giró la mayor parte de los recursos a una empresa que “Duda” Mendoça tenía en Panamá. Esto, desde una cuenta de Antigua y Barbuda y con intermediación de un banco en Ginebra (Suiza).
En julio de ese año, la Fiscalía imputó a Zuluaga dos cargos de falsedad en documento privado, tres de fraude procesal y uno de enriquecimiento ilícito de particulares. El procesado no los aceptó. Luego, en agosto de 2024, el ente investigador acusó formalmente al exministro por esos delitos.


