El Departamento de Estado de Estados Unidos revocó las visas al empresario Euclides Torres, a la senadora Martha Peralta y a su núcleo familiar directo
- Colombia Córdoba Editoriales Montería Mundo Política
El Pulso del Tiempo
- 0
- 16 minutes read
El país norteamericano informó que las restricciones forman parte de las acciones relacionadas con el denominado Escudo de las Américas, una política presentada para enfrentar amenazas relacionadas con corrupción y narcotráfico en la región
El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció el lunes 28 de septiembre de 2026 la revocatoria inmediata de las visas de ingreso a su territorio para el empresario colombiano Euclides Torres Romero y la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, extendiendo la medida sancionatoria a sus respectivos núcleos familiares directos.
La determinación del Gobierno estadounidense se adoptó en relación con la estrategia de seguridad regional denominada Escudo de las Américas, mediante un comunicado oficial firmado por el portavoz de la diplomacia norteamericana, Thomas “Tommy” Piggot, en el que se confirmó la cancelación de las autorizaciones vigentes para ingresar a ese país.
“En virtud de esta política, la Administración adoptó medidas para imponer restricciones de visado a dos ciudadanos colombianos y a sus familias. El Departamento revocó los visados vigentes de los siguientes individuos y sus familias: Euclides Antonio Torres Romero, empresario privado, y Martha Isabel Peralta Epieyú, senadora afiliada al Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social”, precisó la entidad diplomática en su reporte oficial.
La sanción administrativa emitida desde la sede diplomática en Washington responde a las políticas anticorrupción aplicadas por el gobierno de Estados Unidos en América Latina, las cuales facultan al Departamento de Estado a restringir la entrada a su territorio a ciudadanos extranjeros vinculados a investigaciones sobre corrupción pública, falta de transparencia o irregularidades financieras.
Cabe señalar que el Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmó que este tipo de revocatorias de visado dirigidas a funcionarios y empresarios cuestionados se aplicaron en forma simultánea a ciudadanos de otros países, entre los que se encuentran Bolivia, Ecuador y Perú.
De hecho, la embajada de Estados Unidos en Colombia aseguró en su cuenta en X que el Departamento de Estado tomó medidas para imponer “restricciones de visado a actores corruptos en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú”. En la misma publicación, la representación diplomática destacó que estas medidas incluyen la designación del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, y reiteró el mensaje de la administración Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio: “Cuando los países del Escudo se comprometen a defender la democracia contra la corrupción y el narcotráfico, cumplimos juntos”.
Euclides Torres: el empresario que quedó bajo el foco de la política colombiana
Euclides Torres es un influyente empresario y megacontratista originario del departamento del Atlántico, conocido por ser la cabeza del denominado Clan Torres. Esta estructura político-empresarial del Caribe colombiano combina un robusto músculo económico con la presencia activa en la política regional y nacional mediante una red de docenas de empresas y consorcios que manejan negocios multimillonarios, tales como el Sistema de Control y Vigilancia para trámites de tránsito (Sicov) y diversas concesiones de alumbrado público.
El nombre de Torres cobró notoriedad nacional tras desatarse las investigaciones sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Diversos testimonios y declaraciones lo señalaron como uno de los principales ejecutores y articuladores económicos de los eventos de precampaña en la región Caribe.
El llamado evento de la tarima en forma de “P”, que ocurrió el 10 de septiembre de 2021 en la plaza de La Paz, en Barranquilla, durante la etapa previa a la campaña presidencial de Gustavo Petro, cobró relevancia posteriormente por las declaraciones de Nicolás Petro, hijo del expresidente e investigado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, quien señaló que el empresario Euclides Torres habría asumido costos relacionados con la logística del evento.
La controversia central está precisamente en cómo debía clasificarse y reportarse ese tipo de actividad realizada antes de la campaña presidencial formal.
A raíz de estas denuncias sobre presuntos aportes no reportados y la posible superación de los topes financieros permitidos por la ley, Torres quedó bajo la lupa de las autoridades colombianas, al ser citado a rendir declaración ante la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La revocatoria de la visa de Martha Peralta ocurre en medio de una investigación del caso de corrupción de la Ungrd
Martha Peralta es una abogada y líder indígena perteneciente al pueblo wayuu, quien se desempeña como senadora de la República y es presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais).
Su colectividad sirvió como base para articular a sectores sociales e indígenas en la costa Caribe durante la conformación de la coalición del Pacto Histórico, convirtiéndola en una de las coordinadoras territoriales más destacadas de la alianza oficialista.
En el Congreso de la República, Peralta asumió la presidencia de la Comisión Séptima del Senado, liderando la agenda legislativa y la defensa de las principales reformas sociales impulsadas por el Gobierno nacional. Sin embargo, su trayectoria política quedó salpicada por el escándalo de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), durante el gobierno de Gustavo Petro.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le abrió una investigación formal y la citó a indagatoria bajo acusaciones de presunto tráfico de influencias y cohecho impropio.
Los señalamientos contra la senadora, nutridos por los testimonios de exdirectivos de la Ungrd como Olmedo López y Sneyder Pinilla, apuntan a supuestas gestiones para direccionar contratos de alquiler de maquinaria amarilla en el departamento de La Guajira.
Las autoridades judiciales indagan si estas partidas presupuestales o compromisos burocráticos habrían sido utilizados desde el Ejecutivo para asegurar respaldos y votos a proyectos legislativos en el Congreso, razón por la cual también se ordenaron revisiones sobre sus bienes e ingresos para contrastar las transacciones y verificar el origen de su patrimonio.
Frente a la apertura del expediente en la Corte Suprema, Martha Peralta rechazó cualquier vinculación con actos ilícitos. La congresista ha sostenido que las acusaciones en su contra carecen de fundamento probatorio.
