«¿A cuánto cree que llegará el salario mínimo? «: responde presidente de la CUT
Para Francisco Maltés, presidente de la CUT, se debe mantener el poder adquisitivo.

Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), habla sobre cuáles son las metas en salario mínimo. “No todo dependerá de su valor monetario”, aclara. “Hay otros factores que tenemos que garantizar para que el salario alcance”.
Usted es el líder de la CUT, una confederación de sindicatos que tiene más de un millón de afiliados, y la mayor cantidad de sindicatos. Es muy poderosa, pero también muy beligerante… Se demostró en la protesta social del año pasado…
Una de las características de la CUT es que es una central pluralista y ahí se expresan todas las corrientes políticas que hay en el país. Siempre ha tenido una posición en defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras, que es lo que llaman beligerancia. Y, bueno, eso nos ha traído réditos políticos, pero también unas consecuencias muy graves, según lo acaba de constatar la Comisión de la Verdad, según la cual han sido asesinados cerca de 3.300 dirigentes sindicales, la inmensa mayoría de la CUT; hay cerca de 300 desaparecidos, y muchísimos exiliados. Es decir, nuestra posición ha costado sangre.
Para bien o para mal, usted, Francisco, también fue el líder del Comité Nacional del Paro del año pasado. ¿Admite alguna responsabilidad de esas protestas, no siempre pacíficas, en la crisis económica y en la ola violenta que se desató?
El responsable del estallido social del 28 de abril del año pasado fue el presidente Duque, que no entendió que ante las circunstancias de hambre, desempleo, desigualdad, no podía imponer una reforma tributaria donde nos iba a sacar de los bolsillos 30 billones de pesos por la vía del IVA a los servicios públicos domiciliarios, y a los alimentos. Afortunadamente, logramos hundirla.
«El responsable del estallido social del 28 de abril del año pasado fue el presidente Duque, que no entendió que ante las circunstancias de hambre, desempleo, desigualdad».,
Me causa gracia que las dos reformas, esta de Petro y la de Duque, se parezcan en sus objetivos, por caminos distintos. La que se cayó escogió la vía del IVA, incluso más equitativa porque se lo devolverían a los más pobres, para que los más ricos no se beneficiaran con las exenciones que tienen los productos de la canasta familiar. ¿Y cuál es el camino de la actual? Ir derecho a gravar los productos que ellos llaman no saludables, lo que, sin duda alguna, afecta la canasta familiar. A última hora, el impuesto al pan se les quemó a la salida del horno, ¿no?, pero de resto todo quedó…
No, son dos reformas totalmente diferentes. Y lo de devolver el IVA, eso es carreta, María Isabel, siempre nos dicen lo mismo (risas). En cuanto a que esta grava alimentos ultraprocesados, la OMS ha demostrado que son lesivos para la salud, y con ello se busca impactar el sistema público de salud, destruido por las reformas que se han hecho en los últimos 30 años.
Usted representa el ala más “dialogante y consensual” de la CUT, donde hay varias vertientes. ¿Cómo maneja esa división interna?
En la CUT no hay división interna; hay diferentes opiniones y visiones de país. Mediante el diálogo y la discusión buscamos que siempre la Central tenga una posición institucional frente al conjunto de los hechos que suceden.
Yo no sabía que los años impares son el pico de las convenciones colectivas de trabajo. Entonces, el año entrante se vienen todas. Y serán de grueso calibre. Normalmente terminan donde los jueces, que se tardan hasta mil días para solucionarlas. Varias entidades proponen crear unos espacios de mediación que no sean contenciosos, para poder agilizar esas convenciones colectivas. ¿Eso le suena?
Le hemos planteado al gobierno del presidente Petro una serie de propuestas. No solo creemos que hay que modificar el estatuto del trabajo, sino hacer una serie de transformaciones basadas en cinco ejes. Una querella, que es una acción de un trabajador contra una empresa, hoy en Colombia se demora tres, cuatro años, como usted dice, más de mil días. Con voluntad política, necesitamos un sistema de mediación, no solamente para los asuntos laborales, sino que cobije al conjunto de los actores sociales, más allá del trabajo, para buscar solución dialogada a las diferencias que se tengan sobre diferentes matices. Podríamos hacer el esfuerzo, a través de la medicación, de buscarles una salida rápida.
¿Quiénes serían los mediadores? ¿Cómo se elegirían?
Habrá que buscar consensos entre los principales actores sociales del país, para encontrar gente de altas cualidades académicas, conocedora de los temas que se negocian y con autoridad para ir avanzando.
«Hoy para nosotros el tema de la cifra, en alguna medida, no es trascendental, sin que previamente se tomen algunas medidas que controlen la inflación y mantengan el poder adquisitivo».
Hoy para nosotros el tema de la cifra, en alguna medida, no es trascendental, sin que previamente se tomen algunas medidas que controlen la inflación y mantengan el poder adquisitivo de los salarios. Y después sí hablamos del porcentaje.
¿Y qué propondrán en materia de tarifas de servicios públicos?
Es el segundo rubro que le pega a la inflación y particularmente la energía. Propondremos controlar su precio, recomponiendo la fórmula que permite calcularlo. Queremos también control al precio de los medicamentos, varios de los cuales cuestan el triple que en EE. UU. y Europa. En anteriores gobiernos se ha hecho, por ejemplo en el segundo de Santos. O sea, es posible. Tercero, hay que controlar la tasa de interés. La Superintendencia Financiera es una entidad que depende del Gobierno Nacional; al superintendente lo nombra el Presidente, y ese señor es el que define la tasa de interés de usura, que llaman, que hoy ronda por el 38 por ciento, tres veces y medio más que la inflación. Eso tampoco es posible.
¿Y con la carestía de los alimentos?
Ahí tenemos la siguiente consideración. Hay dos empresas que tienen que ver con el tema de los abonos, los fungicidas, los pesticidas; una es Ferticol, empresa colombiana productora de fertilizantes, de Santander; y la otra es Monómeros, venezolana, pero ubicada en Colombia. A esas empresas hay que ponerlas a producir no de ocho a cinco, sino las veinticuatro horas del día. Y, por supuesto, hay que ampliar la frontera agrícola. Si no, seguiremos dependiendo de las importaciones, y con dólar a cinco mil, nos reventamos…
Y quién sabe si a seis mil, porque vamos para allá ¿no?
Sí, creo que en ese sentido, lo que está haciendo el Banco de la Reserva Federal en EE. UU., que es subir la tasa de interés para atraer capitales, nos pega a todos.
Casi todos los países, incluyendo a Colombia, hacen lo mismo para proteger su moneda, y para moderar el endeudamiento de los hogares y controlar la inflación, aunque es cierto que es polémica su efectividad, por las particularidades de la inflación que hoy sacude al mundo.
Por supuesto.
En ese cálculo del salario mínimo, desde hace mucho tiempo se pide que se incluya, como elemento de análisis, la productividad laboral. Y hasta hoy nunca lo han hecho…
Cuando entremos a hablar de números, seguiremos criterios como estos: primero, la inflación de los sectores más vulnerables, que son los que ganan el mínimo, está en 13 por ciento, punto y medio arriba de la inflación promedio. Segundo, hay que tener en cuenta la productividad del trabajo, porque aquí vamos a definir es el precio del salario. Ha sido un debate histórico con los gobiernos, esperemos a ver qué nos dice el Dane.
La Ocde ya dijo que estamos en el último lugar en productividad laboral, entre los países que la integran, pero, irónicamente, somos al mismo tiempo el país en promedio que más horas labora. ¿Cómo se corrige esa contradicción de bajita productividad, pero mucho trabajo?
La escasa productividad puede tener varios factores. Uno, la informalidad laboral, que en Colombia ronda el 58 por ciento de la población económicamente activa. Y dos, que cuando estábamos en una economía cerrada, los empresarios nunca se preocuparon por hacer renovación tecnológica. Quedaron contentos incrementando la ganancia con base en el proteccionismo… No es lo mismo mi productividad cuando produzco pan con una máquina de hace sesenta años, a la que permite una del año pasado. Los empresarios son los que, por su tacañería, nos han condenado a esta baja productividad.
¿Pero, a quién le interesa jalar más la productividad de un negocio, que a su propio dueño?
Como existía tanto proteccionismo, no les interesaba la renovación, sino la protección para subir los precios. Se lo hemos planteado a la Andi desde hace 4 años: que a este país hay que reindustrializarlo, porque necesitamos dar un salto competitivo.
Eso no exonera a un trabajador de darle el mayor uso que pueda a esa máquina vieja…
Los trabajadores se la dan, pero no es lo mismo andar en Renault 4 que en Porsche.
Ahí sí yo prefería el Renault 4, porque no lo matan a uno para robárselo… (Risas de los dos).
Y yo estoy jodido, María Isabel, porque no tengo ni Porsche ni Renault 4… (Jajaja)
¿Qué espacio hay para los sindicatos en un gobierno de izquierda como este? ¿Han llegado a temer que el Gobierno termine robándoles las banderas? Fíjese que Venezuela es el país donde menos sindicatos hay, porque desde Chávez y después Maduro les robaron el discurso.
Seguiremos reivindicando los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y saludamos del Gobierno el mensaje de respeto de que la reforma laboral la va a concertar con el movimiento sindical, a diferencia de lo que pasó con Duque en el 2019.
También van a proponer acabar con los contratos de prestación de servicios. Eso encarece el empleo formal de una manera impresionante. Conozco congresistas de Estados Unidos que viajan a Colombia a exigirnos estándares que ni siquiera ellos aplican, como ese y el de la tercerización, que trataron de acabar en México y Perú y resultó un fracaso total. Ahora la van a acabar acá.
El Estado colombiano tiene una serie de recomendaciones de la Ocde, de la OIT, del Parlamento europeo, del Gobierno de Estados Unidos y de Canadá, relacionadas con la erradicación de las formas precarias de contratación, como la tercerización. En el caso del Estado hay cerca de 1’100.000 contratistas, la inmensa mayoría con funciones permanentes, algo más que evidente en el sector salud, donde el 80 por ciento de su personal está bajo contrato de prestación de servicios, pero con funciones permanentes.
¿Y usted no cree que todo eso puede llevar a que siga bajando el empleo y suban los contratos irregulares por debajo de cuerda, aumentando la informalidad?
En el sector público es en donde más estamos insistiendo en que se acaben los contratos de prestación de servicios. Lo que dice el Decreto 2400 del 68 es que las personas que cumplan funciones permanentes deben ser de planta, y eso lo ratificó la Sentencia C-614 del 2009.
Sí, pero a veces se necesitan personas para unas cosas concretas y temporales. La burocracia estatal se va a agigantar…
¿Qué hace la gente en esas condiciones? Trabaja hasta cuando la dejan, sale y demanda, y la demanda es recara. Es un mal negocio para el Gobierno. Proponemos en el Plan Nacional de Desarrollo que haya un proceso gradual de ampliación de las plantas de personal en el Estado.
«Utilizar cualquier forma de violencia es incorrecto, política y socialmente, así como condenamos el abuso de la policía en el estallido social».
Hay un ejemplo muy importante de negociación colectiva, que es en el sector bananero. Ahí hay una sola negociación para 585 fincas, que llamamos multinivel, y que se viene haciendo hace cerca de 20 años. Hasta ahora no se ha quebrado ninguna finca, y es un buen negocio para sus dueños. Y hace 9 o 10 años estamos en negociaciones multinivel en el Estado; con una sola negociación para 1’200.000 empleados públicos, no hemos observado que eso dificulte las finanzas de las entidades. Acordamos, la semana anterior, presentar un solo pliego de peticiones al sector palmero, por ejemplo, que le aporta a la economía, pero algunos de cuyos empresarios han abusado de la tercerización ilegal. Eso evita estar todo el año haciendo negociaciones.
Bueno, tengo dos preguntas finales. ¿Qué pensó de la condena de alias 19 a 14 años de cárcel por sus actos violentos en la protesta social?
Utilizar cualquier forma de violencia es incorrecto, política y socialmente, así como condenamos el abuso de la policía en el estallido social. Pero sin conocer el expediente de 19, es muy complicado opinar.
Finalmente, usted me contestó al principio que esos paros que hubo el año pasado fueron culpa del gobierno Duque. ¿Eso significa que no habrá paros en el gobierno Petro?
Pues por ahora estamos viendo cambios positivos en Colombia, por lo que no vamos a hacer paros, sino a apoyarlos.


