Cancillería y Thomas Greg & Sons solicitaron ampliar la suspensión del proceso judicial por el caso de los pasaportes

Lo anterior, dado que ambas partes presentaron una solicitud conjunta para ampliar la suspensión del proceso por varios días más, con el fin de definir si se mantendrán o no sus posiciones respecto a la demanda presentada por la multinacional contra el Estado, por un valor de $117.000 millones.

La solicitud fue radicada el 22 de enero en el Sistema de Gestión Judicial (SAMAI) y, según fuentes consultadas por El Tiempo, la empresa Thomas Greg requiere tiempo adicional para decidir si retira o no la demanda.

Este proceso, que involucra una controversia por la adjudicación de la licitación para el suministro de los pasaportes colombianos, se encuentra congelado desde el pasado 3 de octubre de 2024. En esa fecha, las partes acordaron que la firma tomaría algunos días para evaluar si desistía o no de sus pretensiones legales

La decisión sobre la suspensión del proceso será revisada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – crédito Pexels

El documento presentado será revisado por la magistrada Bertha Lucy Ceballos Posada, que está encargada de resolver el asunto en la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En caso de que la solicitud sea aprobada, el proceso continuará suspendido hasta el 4 de febrero de 2025, lo que brindaría más tiempo para alcanzar una solución.

La controversia se originó cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores declaró desierta la licitación pública LP-001-2023, la cual tenía como objetivo adjudicar el contrato para la fabricación de pasaportes. Thomas Greg & Sons, la multinacional que había obtenido la máxima calificación en el proceso, alegó que se habían vulnerado sus derechos al no ser adjudicataria del contrato, lo que generó un conflicto legal sobre la legitimidad de la decisión tomada por la Cancillería.

Esta es la solicitud formal de la Cancillería y Thomas Greg & Sons frente al proceso judicial por el caso de los pasaportes – crédito X

Desde que el proceso se paralizó en octubre de 2024, Thomas Greg ha realizado varias consultas con sus socios para evaluar la posibilidad de poner fin a la disputa legal. Sin embargo, la solicitud de suspensión del 22 de enero refleja que aún no han tomado una decisión definitiva. El futuro del proceso sigue siendo incierto, pero lo que parece claro es que las partes buscan resolver la situación sin reactivar de inmediato los procedimientos judiciales.

El nuevo contrato se implementará con el fin de contar con un operador privado que continúe con la fase de transición – crédito Colprensa

El 14 de enero se conoció que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia asignó $160.000 millones del presupuesto de 2025 para el contrato que tiene como objetivo la elaboración de los nuevos pasaportes, tras el conflicto jurídico con la firma Thomas Greg & Sons. Este acuerdo, ya en ejecución, busca evitar complicaciones en la prestación del servicio de pasaportes y se establece como una extensión del contrato anterior con la multinacional.

El contrato denominado ‘Unión Temporal Documentos de Viaje 2025′, fue suscrito con un valor total de $206.000 millones y tiene una vigencia que se extiende hasta agosto de 2025. Según precisó El Tiempo, los $46.000 millones restantes provienen de las partidas presupuestales del año 2024, lo que resalta el esfuerzo financiero del gobierno para garantizar la continuidad del servicio.

El acuerdo busca evitar complicaciones en la prestación del servicio y es una extensión del contrato anterior con la multinacional – crédito Colprensa

Este convenio se suscribió bajo la modalidad de urgencia manifiesta, una figura que permite su ejecución sin la necesidad de pasar por los procesos de licitación o concurso tradicionales. Esto ha sido clave para acelerar la operación y evitar retrasos en la entrega de los pasaportes, considerando la situación en la que se encuentra país debido a los conflictos legales con Thomas Greg & Sons, que había sido adjudicataria en el proceso anterior.

Así las cosas, el nuevo contrato se implementará con el fin de contar con un operador privado que continúe con la fase de transición, durante la cual el Gobierno nacional, con el apoyo de Portugal, tomará el control de todo el proceso de impresión y distribución de los pasaportes

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