Cifras de terror en medio de plan pistola de otros grupos armados ilegales: van 17 miembros de la fuerza pública asesinados
- Colombia Córdoba Editoriales Montería
El Pulso del Tiempo
- 0
- 13 minutes read
Los ataques del plan pistola han afectado principalmente a Antioquia, Bolívar y Córdoba, regiones donde el Clan del Golfo mantiene una fuerte presencia
Colombia enfrenta un momento crítico en seguridad para sus miembros de la fuerza pública, luego de que el Ministerio de Defensa, Pedro Sánchez, confirmara la existencia de un plan pistola ejecutado por diferentes grupos armados al margen de la ley que operan en el país.
Este esquema de ataques, liderados por el Clan del Golfo, en alianza con otros grupos armados como el ELN, ha resultado en el asesinato de al menos 13 policías y 4 militares en las últimas semanas.
El balance de la Policía Nacional hasta la fecha refleja un panorama alarmante: los ataques del plan pistola han afectado principalmente a Antioquia, Bolívar y Córdoba, regiones donde el Clan del Golfo mantiene una fuerte presencia. Este grupo, considerado uno de los principales carteles del narcotráfico en el país, ha demostrado su capacidad para coordinar ataques simultáneos y letales contra las fuerzas de seguridad
El último atentado dejó como víctima fatal al patrullero Christian Juvenal Mora Parra, además de tres personas heridas, en hechos ocurridos eln la mañana del sábado 26 de abril de 2025 en el sector de Sitio Nuevo, en La Apartada (Córdoba).
Mientras que en horas de la tarde del mismo sábado, un francotirador de las disidencias de las Farc habría asesinado a un patrullero de la Policía en Suárez (Cauca).
Otro de los ataques ocurrió en la madrugada del viernes 25 de abril en el municipio de Simití (Bolívar), donde dos patrulleros fueron asesinados y otro resultó herido.
El ataque en Simití tuvo lugar a las 2:30 a. m., cuando un grupo de delincuentes, que se desplazaba en un bote por la ciénaga de la localidad, desembarcó cerca de la capilla de la Virgen de La Original, a una cuadra de la estación de Policía.
Desde ese punto, abrieron fuego con pistolas y fusiles contra los uniformados que se encontraban en servicio de vigilancia. Las víctimas fatales fueron identificadas como los patrulleros Edwin Agustín Feria Mercado y Belén Karina Durán Ortiz, mientras que el patrullero Imanol Javier Escorcia Torres sufrió una herida en la pierna. Los atacantes lograron huir nuevamente en el bote, aprovechando la oscuridad de la noche.
El general Carlos Triana, director de la Policía Nacional, calificó el ataque como un acto de barbarie y solicitó la colaboración de la comunidad para identificar a los responsables. Además, anunció una recompensa de $200 millones por información que permita esclarecer los hechos.
Según detalló, un equipo de investigadores de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) fue enviado a la zona para adelantar las pesquisas correspondientes.
Retaliación tras la muerte de un cabecilla del Clan del Golfo
Esta serie de atentados, que estarían atribuidos al Clan del Golfo, serían en represalia por la muerte de uno de sus principales líderes, José Miguel Demoya Hernández, alias Chirimoya.
Este cabecilla fue abatido el 5 de abril durante una operación policial en el municipio de La Apartada (Córdoba).
Incluso, información proporcionada por la Policía Nacional reveló que el Clan del Golfo tendría un sistema de pagos para incentivar los ataques contra miembros de la fuerza pública.
Los sicarios recibirían $3′000.000 por ejecutar un atentado, $15 millones si logran asesinar a un policía, y hasta $20 millones si la víctima es un oficial de alto rango.
Este esquema de recompensas recuerda las tácticas utilizadas por el Cartel de Medellín durante los años más violentos del narcotráfico en el país, cuando se ofrecían pagos similares por asesinar a miembros de la Policía.
Por último, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, expresó su rechazo ante los asesinatos de los 13 policías y 4 militares, atribuidos al Clan del Golfo, el ELN y otros grupos armados.
En su cuenta personal de X, afirmó: “Cada vida perdida en el cumplimiento del deber es una herida profunda a la nación y a nuestro Estado de derecho”. Además, criticó las políticas actuales de seguridad y señaló que “Colombia no puede seguir permitiendo que el terrorismo y la criminalidad se apoderen de nuestros territorios”.
