Defensoría del Pueblo pide anular estatus de gestores de paz a Mancuso, “Jorge 40″, “Don Berna” y otros ex jefes paramilitares
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El Pulso del Tiempo
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El organismo de control solicitó al Consejo de Estado invalidar la resolución presidencial que otorgó funciones institucionales a exintegrantes de las AUC, advirtiendo riesgos para la estabilidad política y social del país
A tres meses de la resolución presidencial que otorgó el estatus de gestores de paz a 16 exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la Defensoría del Pueblo solicitó al Consejo de Estado la nulidad de dicha medida, argumentando la falta de claridad sobre las funciones asignadas a los beneficiarios y advirtiendo sobre los riesgos políticos y sociales que implica su vigencia.
El documento presentado por la Defensoría, de 56 páginas y firmado por Iris Marín Ortiz, actual titular de la entidad, fue remitido al alto tribunal con el objetivo de que se declare la nulidad de la resolución 327 del 21 de septiembre de 2025.
Esta resolución, emitida por la Presidencia de la República bajo la administración de Gustavo Petro, designó como gestores de paz a 16 exmiembros de las AUC, entre los que figuran nombres como Salvatore Mancuso, “Jorge 40″ y “Don Berna”
La demanda subraya que varios de los designados fueron excluidos previamente del proceso de Justicia y Paz por reincidir en actividades delictivas o por incumplir compromisos relacionados con la verdad, la reparación y la garantía de no repetición.
De acuerdo con la Defensoría, la resolución presidencial otorga un rol institucional a personas ampliamente reconocidas por la ciudadanía como autores intelectuales y materiales de delitos graves, lo que genera efectos negativos en el ámbito político y social.
En el texto de la demanda, la Defensoría sostiene: “En el presente caso, la necesidad de la suspensión provisional que se solicita radica en los graves efectos que en el plano político y social genera la vigencia y aplicación de la resolución demandada, en cuanto concede el estatus de gestores de paz”.
En el mismo documento agregaron que “conforme al contenido de esta resolución, ello conlleva a 16 personas que hicieron parte de grupos armados al margen de la ley, personas de amplio conocimiento y recordación por parte de la ciudadanía como autores intelectuales y materiales de muchos y muy graves delitos”.
El órgano también advirtió que la decisión presidencial “altera el orden político y social al conferir un rol institucional a responsables de crímenes graves, lo que mina la confianza pública en la justicia y en el Estado como garante de los derechos humanos”.
Por lo anterior, el Consejo de Estado deberá decidir si admite la demanda presentada por la Defensoría del Pueblo y, en caso afirmativo, proceder a su estudio de fondo.
La resolución que generó polémica
Es preciso recordar que entre los designados también figuran otros antiguos comandantes como:
- Héctor José Buitrago Rodríguez
- Ramiro Vanoy Murillo
- Hernán Giraldo Serna
- Luis Eduardo Cifuentes Galindo
- Manuel de Jesús Pirabán
- Juan Francisco Prada Márquez
- José Baldomero Linares Moreno
- Carlos Mario Jiménez Naranjo, “Macaco”
- Rodrigo Pérez Alzate
- Fredy Rendón Herrera, “El Alemán”
- Edward Cobos Téllez
- Arnubio Triana Mahecha
- Héctor Germán Buitrago Parada
Muchos de estos exjefes ya habían sido condenados en el marco de la Ley de Justicia y Paz, que les otorgó beneficios a cambio de confesiones, reparaciones y penas reducidas.
La designación, de carácter temporal y excepcional, no modifica la situación jurídica de los ex jefes paramilitares ni concede beneficios judiciales o de libertad. Cada uno de los seleccionados deberá suscribir un plan de trabajo específico, acordado con el Ministerio del Interior, el Departamento Administrativo de la Presidencia y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Además, están obligados a firmar un acta de compromiso que los vincula a comparecer ante la justicia cuando sean citados, asistir a las sesiones del comité y presentar informes periódicos sobre su gestión.
El documento firmado por el presidente Petro señalaba que su participación busca que “contribuyan con su conocimiento y experiencia al desarrollo de actividades de construcción de paz y garantías de no repetición, estructuración de procesos de paz y estrategias de acercamientos con actores armados ilegales”.
En su momento, Petro sostuvo que la figura de “gestores de paz” no implica un indulto automático, sino que busca que actores con poder territorial y experiencia en los procesos de guerra contribuyan a la Paz Total”, la principal apuesta de su administración.
