El escándalo de la Ungrd habría iniciado con el presidente Gustavo Petro: estas fueron las órdenes que dio

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro ha salido en diferentes ocasiones a desligarse del escándalo más grande hasta ahora conocido en su Gobierno y se ha mostrado como el mandatario que ha destapado las ollas podridas en el Estado, pero el entramado por corrupción habría sido facilitado por él y sus decisiones.

De hecho, el Ejecutivo le habría dado vía libre a la Ungrd cuando Gustavo Petro y miembros de su gabinete firmaron el 1 de noviembre de 2022 el decreto 2113, que declaró una situación de desastre nacional debido al Fenómeno de La Niña.

Este decreto fue precisamente el que permitió la creación de convenios interadministrativos con diversas entidades nacionales, manejando recursos cuantiosos a través del Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres que, por la naturaleza de la emergencia, se utilizaron sin los controles habituales, lo que facilitó el desvío de dinero para fines ajenos a la superación de la crisis por las lluvias.

La declaratoria de emergencia habría dado paso a Ministerios para contratar de forma directa con la Ungrd – crédito Banco de la Republica, Ministerio del Trabajo, Embajada de Colombia, Ministerio de Salud y Ministerio del Interior

Una investigación de Cambio reveló estos convenios comenzaron a firmarse en enero de 2023, dos meses después de la declaratoria de desastre, acumulando un valor superior a los 600.000 millones de pesos.

Los convenios de mayor valor incluyeron al Ministerio de Vivienda (218.500 millones de pesos), la Agencia Nacional de Tierras ($201.500 millones) y el Ministerio de Educación ($63.650 millones). Sin embargo, ninguno de los acuerdos fijó una zona de acción, sino que enfocaron los contratos a nivel nacional cuando la ley exige que se establezcan áreas específicas afectadas.

Particularmente, el convenio con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) planeaba destinar 200.000 millones de pesos a la compra de predios, cuando lo estipulado por el Gobierno nacional era la ejecución del presupuesto para la prevención y atención de desastres.

Incluso, en medio de la audiencia de imputación de cargos contra el exdirector y el exsubdirector de la Ungrd Olmedo López y Sneyder Pinilla, la fiscal Andrea Muñoz, encargada del caso, señaló que 100.000 millones de pesos de los que fueron asignados a la ANT fueron usados para contratos sin relación directa con emergencias, como la adquisición de los polémicos carrotanques para La Guajira y proyectos de plantas desalinizadoras.

El director de la Agencia Nacional de Tierras se defendió de las acusaciones de la Fiscalía – crédito red social X

Sin embargo, luego de las afirmaciones de la fiscal, el director de la ANT, Felipe Hartman, se defendió afirmando que no se materializaron obligaciones fiscales resultantes del convenio y que este se hallaba en proceso de liquidación. “¡Ni un peso de la reforma agraria se ha ido al escándalo de la UNGRD! Aclaramos a la opinión pública en qué consistía el convenio y nos ponemos en disposición de la Fiscalía para suministrar la información necesaria. ¡La Reforma Agraria no se toca, se cuida y se defiende!”, señaló en su cuenta de X.

En medio de la investigación revelada por Cambio, también se pudo observar un informe de la Fiduprevisora en el que se detalló el esquema de desvío de fondos, comenzando con las órdenes presidenciales o ministeriales y finalizando con el dinero perdido en una red de convenios opacos. Incluso, según se conoció, este informe es conocido por el presidente Petro, que enfrenta presiones para tomar medidas decisivas.

En todo caso, no ha sido el presidente el que ha destapado el entramado de corrupción que ahora avanza ante la justicia, como lo ha afirmado en varias ocasiones, sino que el caso comenzó a ganar notoriedad cuando los medios de comunicación empezaron a revelar detalles sobre el presunto mal manejo de recursos destinados a emergencias.

Incluso, fue la fuerza mediática de las revelaciones las que hicieron que Olmedo López y Sneyder Pinilla terminaran fueran de la Ungrd y decidieran someterse ante la Fiscalía para cooperar y destapar los movimientos irregulares que, según el exsubdirector de la unidad, todavía faltan por conocerse.

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