Exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons llegó a Colombia en vuelo de deportados desde Estados Unidos: es requerido por concierto para delinquir
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El exmandatario departamental fue dejado a disposición de las autoridades por parte de Migración Colombia, en el Aeropuerto Internacional El Dorado
El exgobernador de Cordoba Alejandro Lyons Muskus recuperó su libertad en Florida, Estados Unidos, el 29 de mayo de 2025, tras pagar una fianza de 200.000 dólares y comprometerse a no abandonar el estado ni incurrir en nuevos delitos. Luego de ello, la justicia estadounidense confirmó su extradición a Colombia.
El 30 de julio de 2025 el exfuncionario fue puesto a disposición de las autoridades por parte de Migración Colombia, en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Lyons Muskus, que llegó en un vuelo de deportados de los Estados Unidos, es requerido por concierto para delinquir en el territorio nacional.
Cabe recordar que el exgobernador enfrenta amenazas por su papel como testigo en el desmantelamiento del cartel de la toga, una red criminal que involucró a 22 altos funcionarios judiciales, incluidos magistrados, congresistas y fiscales.
La polémica en torno al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons
La trayectoria de Lyons Muskus está marcada por su ascenso meteórico al poder con apenas 30 años, impulsado por el respaldo de clanes políticos como los de Musa Besaile, Miguel El Ñoño Elías y Zulema Jattin. Durante su administración, entre 2012 y 2015, se desviaron más de $9.000 millones de las regalías departamentales, según Chicanoticias. Lyons aceptó estos hechos ante la Corte Suprema de Justicia, que en 2018 lo condenó a cinco años de prisión.
Tras su condena, Lyons se refugió en Estados Unidos e ingresó al programa de protección de testigos por colaborar con la DEA y la Fiscalía colombiana en el caso del “cartel de la toga”. Su cooperación incluyó la grabación de conversaciones con el entonces fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, que desconocía que estaba siendo grabado mientras planeaban una estrategia de corrupción judicial.
El entorno familiar y político de Lyons también ha estado bajo escrutinio judicial. Su padre, Alejandro Lyons de la Espriella, recuperó la libertad en noviembre de 2024 tras cumplir una condena por intentar lavar los $9.000 millones desviados durante la administración de su hijo. Además, la excongresista Sara Piedrahita Lyons, prima del exgobernador, enfrenta un juicio ante la Corte Suprema por la presunta entrada de dineros ilícitos a su campaña política.
El alcance de los procesos judiciales que rodean a Lyons no se limita al desfalco de regalías. En marzo de 2025, un juzgado penal de Montería lo citó como testigo clave en el juicio contra el exsecretario de Salud de Córdoba, Edwin Preciado, por el escándalo del cartel de la hemofilia, donde se desviaron $50.000 millones de los recursos destinados a la salud departamental.
Mientras se soluciona el proceso legal de Lyons, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, entregó un predio de 170 hectáreas perteneciente al exfuncionario como parte de su reparación por los delitos que cometió.
El terreno, situado en el corregimiento Betania, en la zona rural del municipio de Pueblo Nuevo, será transferido a más de 1.000 familias campesinas. El objetivo es que estas familias impulsen proyectos productivos que fortalezcan la seguridad alimentaria y dinamicen la economía rural. Según la información oficial, la entrega de la tierra no solo representa una reparación material, sino que busca transformar un espacio asociado a la corrupción en una plataforma para el desarrollo comunitario.
En palabras del gobernador Zuleta Bechara, la decisión fue clara: “Entregarle estas tierras improductivas a una Asociación de Mujeres del departamento de Córdoba y también a comunidades indígenas de esta zona del municipio”. De acuerdo con la administración, la Red de Organizaciones Sociales de Mujeres Comunales y Comunitarias del departamento de Córdoba (Rosmuc), compuesta por madres cabeza de hogar, y el Cabildo Indígena Zenú Agua del Oso serán los principales beneficiarios de la primera fase de la redistribución. Cada grupo recibirá 20 hectáreas, junto con insumos y recursos necesarios para poner en marcha actividades agrícolas.
