Funcionario del Inpec revela la red criminal dentro del sistema penitenciario colombiano y corrupción en la Picota
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El Pulso del Tiempo
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Una estructura organizada facilitaba el ingreso de bienes prohibidos a La Picota. El impacto de los traslados irregulares y beneficios
Dos viviendas ubicadas detrás de la cárcel La Picota, en Bogotá, se convirtieron en el epicentro de una operación ilícita que involucraba el almacenamiento de drogas y licor para su posterior ingreso al penal.
Un guardián del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), ahora testigo clave de la Fiscalía General de la Nación, detalló cómo estas propiedades, situadas en un área conocida como La Guayana, eran utilizadas como bodegas clandestinas para abastecer una red de tráfico dentro del centro penitenciario, según informó Semana.
Este testimonio ha sido fundamental para destapar una compleja estructura de corrupción que operaba desde el interior de una de las cárceles más importantes de Colombia.
El testigo, que decidió colaborar con las autoridades bajo un principio de oportunidad, describió cómo los estupefacientes ingresaban al penal en horas de la madrugada. Las sustancias eran compactadas en bolas y lanzadas hacia el interior del recinto, donde personal de custodia las recogía sin levantar sospechas.
El testimonio del guardián permitió a la Fiscalía identificar una estructura jerárquica dentro de esta red, con roles definidos y operaciones que iban más allá del tráfico de drogas. Según consignó Semana, los funcionarios involucrados también facilitaban el ingreso de licor, celulares y otros elementos prohibidos, que al ser introducidos al penal multiplicaban su valor en el mercado interno.
En uno de los ejemplos citados, el testigo describió como cajas de bebidas alcohólicas, como tequila y whisky, eran transportadas en canastillas sin ningún tipo de control por parte del personal asignado a los puntos de ingreso.
Además, el testigo reveló que esta red no solo se limitaba al tráfico de bienes, también ofrecía servicios ilegales como traslados de internos a otras cárceles o incluso la obtención de detenciones domiciliarias.
Según el relato, estos beneficios eran gestionados a través de la oficina de Domiciliarias del penal, donde se exigían pagos millonarios a cambio de agilizar los trámites o conceder privilegios no autorizados. La Fiscalía ya cuenta con pruebas que vinculan a dos funcionarios del Inpec en el traslado irregular de Ramiro Suárez Corzo, exalcalde de Cúcuta, que habría pagado por ser llevado desde Bogotá hasta su ciudad natal en vehículos particulares, además de recibir un trato preferencial durante su detención domiciliaria.
Otro de los aspectos revelados por el testigo fue la existencia de un esquema de corrupción relacionado con los sindicatos del Inpec.
Algunos líderes sindicales ofrecían, a cambio de pagos de hasta dos millones de pesos, la inclusión de funcionarios en fueros sindicales que les garantizaban impunidad frente a procesos disciplinarios y penales. Este esquema también permitía evitar traslados no deseados o acceder a permisos laborales permanentes.
El testigo explicó que estos sindicatos eran constituidos de manera irregular, utilizando documentación falsa y actas fraudulentas para obtener personerías jurídicas del Ministerio de Justicia. Una vez creados, los fueros sindicales eran comercializados como un mecanismo de protección para los funcionarios involucrados en actividades ilícitas. Este carrusel de sindicatos, según el relato, se convirtió en una herramienta clave para mantener la red de corrupción operativa dentro del sistema penitenciario.
La colaboración del testigo ha sido determinante para la captura de 12 personas, entre ellas funcionarios del Inpec y sus esposas, quienes presuntamente formaban parte de esta red criminal. Según detalló el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, esta investigación comenzó hace un año con el apoyo de la Unidad Investigativa de la entidad, en coordinación con la Policía y la Fiscalía. Durante este tiempo, se recopilaron pruebas que permitieron desmantelar parte de la estructura corrupta.
El Inpec también informó que actualmente existen más de 5.000 investigaciones en curso relacionadas con presuntos actos de corrupción dentro de la institución. Solo en lo que va del año, 73 guardianes han sido capturados por su participación en actividades ilícitas. Estas cifras reflejan la magnitud del problema y la necesidad de implementar medidas contundentes para erradicar la corrupción en el sistema penitenciario.
El testimonio del guardián, descrito por Semana como una radiografía de la corrupción en La Picota, ha permitido a las autoridades comprender la magnitud y complejidad de esta red criminal. Desde el tráfico de drogas y licor hasta el manejo irregular de traslados y fueros sindicales, los detalles revelados exponen un sistema profundamente infiltrado por prácticas ilícitas que han operado durante años con total impunidad.
La Fiscalía continúa analizando las pruebas y testimonios recopilados, mientras que el Inpec asegura estar comprometido con la lucha contra la corrupción dentro de sus filas. Sin embargo, los recientes hallazgos plantean serios cuestionamientos sobre la capacidad del sistema penitenciario para garantizar la transparencia y el cumplimiento de la ley en sus operaciones.
