Gobierno Petro empezó a reemplazar los subsidios de energía en varios estratos: ministro de Minas explicó la razón
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Desde Cartagena, Edwin Palma aseguró que “no se puede seguir al vaivén de la energía generada mediante la economía fósil”
En medio del cabildo con comunidades y organizaciones sociales de Cartagena, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció que el Gobierno nacional ya cuenta con el decreto del programa Colombia Solar, una política pública que permitirá a los hogares de estratos 1, 2 y 3 del país generar su propia electricidad con energía solar, como una medida para la reducción de tarifas.
Durante el acto, el jefe de la cartera firmó el decreto que oficializa este plan por medio del cual el país da un paso firme hacia la transición energética justa, enfocada en las familias de menores ingresos. Con la decisión, se busca reemplazar de manera progresiva el subsidio tradicional de energía por una autogeneración con paneles solares en estas viviendas.
El decreto, expedido por el Ministerio de Minas y Energía, establece las reglas y mecanismos para implementar esta política pública, que tiene como fin garantizar el acceso al consumo básico de electricidad por medio de fuentes limpias.
En palabras del ministro Edwin Palma, “queremos reemplazar los subsidios que terminan en las empresas distribuidoras, en este caso como Afinia y Air-e para hablar del Caribe colombiano, reemplazarlos por programas de autogeneración, por paneles solares para la ciudad. Hoy lo voy a firmar aquí, desde esta comunidad, para que siga la firma de nuestro presidente y poder desatar ese programa de Colombia Solar”.
Creg tiene tres meses para definir lineamientos
De esta manera, se establece un plazo de tres meses para que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) defina los lineamientos técnicos necesarios para la operación y puesta en marcha, como la medición y facturación de la energía generada. También contempla la vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos (Superservicios) para asegurar que se beneficie en realidad a quienes lo necesitan.
Para el ministro, es el Caribe colombiano un gran potencial en el desarrollo de energía limpia y, en particular, de energía solar y energía eólica. Por eso, insistió en que se debe aprovechar, porque no se puede seguir al vaivén de la energía generada mediante la economía fósil, del carbón, del gas, de los líquidos productos de la economía fósil.
“No podemos seguir amarrados al oligopolio de la generación de energía, hoy en cuatro empresas privadas de este país. Los usuarios, los ciudadanos, tienen que convertirse en autogeneradores de energía y en socios del sistema eléctrico, ahorrando y generando excedentes para vender al Sistema Interconectado Nacional”, consideró Palma.
Cómo se financiará la iniciativa
La iniciativa se financiará con recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN), banca multilateral, cooperación internacional y aportes privados. Además, permitirá la participación de entidades territoriales y empresas del sector energético, abriendo la puerta a una articulación público-privada para acelerar su ejecución.
Con el decreto, el Gobierno busca avanzar en los compromisos climáticos al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por medio del uso de energías renovables.
Adicional, el ministro Palma firmó un memorando de entendimiento entre la Central de Inversiones (Cisa), el Ministerio de Minas y Energía y el Frigorífico de Pereira para la construcción de tres nuevas comunidades energéticas en la región Caribe, con futuros proyectos de granjas solares de un megavatio (MW) cada una, para beneficiar con reducción de hasta el 50% en las facturas de energía a 1.500 familias de territorios como Policarpa, Arroz Barato, Villa Rosa, Albornoz y Puerta de Hierro, en Cartagena.
El anuncio lo entregó el ministro de Minas y Energía en esta ciudad, con lo que cumplió la instrucción del presidente Gustavo Petro sobre la coordinación de las uniones sindicales, movimientos sociales y populares del país para liderar un movimiento de cara a la consulta popular, medida con la que busca la reivindicación de los derechos de la clase trabajadora de Colombia.
