Gobierno Petro no descarta “subsidiar” al ELN para que no cometa delitos como secuestro o extorsión

Pese a la firma del cese al fuego que comenzará a regir en agosto, el ministro de Defensa advirtió que “lo único seguro” es que las Fuerzas Militares y la Policía continuarán reprimiendo todos los delitos.

Pasada menos de una semana desde que el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) acordaron un cese bilateral al fuego, en la mesa de negociación de La Habana (Cuba) se estudia que el Ejecutivo financie y asista económicamente a la guerrilla para que deje de acudir a actividades delictivas como la extorsión o el secuestro.

Lo anterior, luego de que los propios subversivos –en cabeza de Pablo Beltrán, integrante del equipo negociador y miembro del Comando Central–, admitió que, pese al alto al fuego, continuarían haciendo “retenciones” como una manera de subsistir y financiarse.

“Se mantendrán por ahora. Las operaciones de finanzas del ELN se comenzaron a discutir aquí (en Cuba), pero esa discusión no terminó. Se va a seguir discutiendo, entonces en estos protocolos no entraron. Se aspira que más adelante sí (…) Se comenzó a hacer el análisis (de los modos de financiación), no se concluyó. Más adelante se va a seguir”, aseguró recientemente Beltrán.

Ante ello, trascendió que las partes estudian que el propio Gobierno destine un rubro para subsidiar a la guerrilla, que pactó un cese al fuego con el Ejecutivo que entrará a regir a partir del próximo 3 de agosto y por término de 6 meses en todo el territorio nacional.

Pese a la entrada en vigor del alto al fuego, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, fue enfático en advertir que las Fuerzas Armadas continuarán con acciones ofensivas contra el ELN: “Ni aun cuando entre en vigencia el cese, se suspende el deber constitucional de la Fuerza Pública de proteger a la comunidad y confrontar el delito”.

Adicionalmente, el funcionario precisó que las autoridades seguirán enfrentando actividades delincuenciales como el narcotráfico, el secuestro, la extracción ilícita de yacimientos mineros, la extorsión y los desplazamientos forzados.

“Es un deber constitucional y legal para proteger a toda la comunidad (…) ningún cese al fuego significa permisión para que se continúe con el negocio del narcotráfico, extorsionando o secuestrando para obtener finanzas criminales”, explicó.

EL COLOMBIANO