Humberto de la Calle rechazó la actitud “anarquista” de los gobernadores que se resisten al decreto de emergencia económica
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El exvicepresidente resaltó la decisión de los líderes departamentales para contrarrestar las medidas del Ejecutivo, señalando la importancia de acudir a la Corte Constitucional para resolver el desacuerdo.
Un clima de tensión política y jurídica se mantiene en el país luego de que, a raíz de la declaración de emergencia económica por parte del Gobierno nacional, un bloque de 20 de los 32 gobernadores departamentales expresaron su rechazo y abierta resistencia.
La confrontación alcanzó un punto álgido durante una cumbre celebrada en Bogotá, donde los mandatarios regionales criticaron el decreto emitido por la administración de Gustavo Petro, al considerar que vulnera la autonomía territorial consagrada en la Constitución de 1991 y amenaza la sostenibilidad de sus finanzas públicas.
Entre los principales argumentos de los gobernadores figura que la intervención del Gobierno Central busca recaudar cerca de $16 billones, destinados a saldar deudas del sistema de salud y cumplir obligaciones de deuda externa, a costa de las rentas departamentales que financian hospitales y programas deportivos.
La estrategia de los líderes regionales incluye una “tutelatón” masiva, acciones de no aplicabilidad de los decretos bajo el mecanismo de excepción de inconstitucionalidad y la petición formal de ser escuchados por la Corte Constitucional.
Exvicepresidente Humberto de la Calle rechazó la actitud “anarquista” de los gobernadores
En este contexto, Humberto de la Calle, exvicepresidente y exministro, ofreció un análisis detallado en entrevista con Noticias Caracol sobre las implicaciones de la decisión de una parte de los gobernadores del país.
De la Calle advirtió sobre las “enormes deficiencias constitucionales” del decreto de emergencia al señalar que la motivación alegada por el Gobierno no responde a una situación imprevista o súbita, sino a problemas estructurales previos.
“Esto no es como si se desborda un río o explota el volcán del Ruiz. Esto es algo estructural. El mismo Gobierno dice que viene de antes”, afirmó el exministro en diálogo con el medio. A su juicio, el Ejecutivo empleó la figura de emergencia para evitar las decisiones del Congreso tras el rechazo de la ley de financiamiento, lo que, en sus palabras, constituye una agresión a la separación de poderes.
Pese a compartir la preocupación de los gobernadores por el impacto negativo del decreto en las finanzas territoriales, De la Calle rechazó la vía elegida por los mandatarios regionales para resistir la medida. “Esa es una forma de justicia por su propia mano, es nocivo. Reprochable”, aseguró en su intervención.
Recordó que la excepción de inconstitucionalidad fue reactivada por el propio Gobierno nacional en el pasado reciente, lo que, según De la Calle, abrió la puerta al actual escenario de caos institucional.
“Fue el propio Gobierno, a raíz del llamado decretazo, que utilizó esa fórmula. O sea, algo que venía en Colombia hace un siglo, y que estaba tranquilito y dormido, porque es un poco caótico. El Gobierno del doctor Petro pateó el avispero, generó esto que ahora lo recogen los gobernadores y que tiene un riesgo de caos, de anarquía. Lo que los gobernadores están diciendo es que no cumplen unos decretos del Gobierno. Que sean decretos inconstitucionales seguramente lo son, pero eso lo debe resolver la Corte”, apuntó.
El jurista enfatizó que la coexistencia en Colombia de dos sistemas de control constitucional —la acción de inconstitucionalidad ante la Corte y la excepción de inconstitucionalidad aplicada por jueces y ahora por funcionarios— es una anomalía que genera riesgos de anarquía. En su concepto, la ruta legítima es acudir a la Corte Constitucional y acatar sus decisiones, incluso si estas implican la devolución de recursos recaudados bajo normas posteriormente anuladas.
Las tensiones escalaron después de que los gobernadores anunciaran la posibilidad de dejar de aplicar el decreto en sus territorios, especialmente en lo referente al recaudo de impuestos al consumo de licores y cigarrillos, considerados esenciales para los ingresos propios de las gobernaciones.
De la Calle insistió en que este tipo de acciones, aunque motivadas por razones legítimas, equivalen a vías de hecho y constituyen un peligroso precedente. “No puede ser que cada quien se tome la justicia por su propia mano, así tenga razón, porque eso que hacen los gobernadores bajo el vestido de la excepción de inconstitucionalidad […] es un exceso que existe en Colombia y casi no existe en los demás países del mundo”, indicó.
El Gobierno, por su parte, sostiene que el decreto respeta la administración y el recaudo de los recursos por parte de los departamentos, pero ha convocado una reunión con los mandatarios departamentales y el Ministerio de Hacienda el próximo lunes 18 de enero, según confirmó Carlos Amaya, gobernador de Boyacá a Blu Radio.
El objetivo del encuentro será buscar salidas al descontento generalizado generado por la emergencia económica, que afecta la recaudación de impuestos fundamentales para la operación de las regiones.
Finalmente, De la Calle también criticó la posición del Gobierno al activar esta figura y luego condenar a los gobernadores por recurrir a la misma estrategia, calificando la actitud como “paradójica” y señalando que existe una “gran dosis de cinismo” cuando se amenaza con sancionar a los líderes regionales por acciones que el propio Ejecutivo impulsó en el pasado.
“El Gobierno condenando a los gobernadores está condenandose a sí mismo, a lo que no se hizo con el decretazo. Así no se puede gobernar, pero así tampoco pueden gobernar los gobernadores”, concluyó en diálogo con Noticias Caracol.
