Iván Velásquez se pronunció a la orden de captura desde Guatemala: “Extienden su persecución”
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A través de su cuenta de X, el embajador de Colombia ante el Vaticano rechazó la acusación de la fiscalía guatemalteca y denunció persecución política
Luego de que en la tarde del lunes 2 de junio de 2025, se conociera que que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) de Guatemala emitió orden de captura contra el embajador de Colombia ante el Vaticano, Iván Velásquez, por los delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión relacionados con el escándalo Odebrecht, el funcionario colombiano se pronunció en su cuenta de X rechazando la actuación del Ministerio Público del país centroamericano.
En su mensaje, el embajador calificó de corrupta a la fiscalía guatemalteca y al jefe de la Feci, Rafael Currunchiche, los cuales, según Velásquez fueron sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea.
Iván Velásquez también aseguró que la decisión de la fiscalía se tomó en un contexto de persecución contra Luz Adriana Camargo y contra él.
Por último, el embajador extendió su solidaridad con los exfuncionarios y ciudadanos del país centroamericano que a los que “la fiscalía ha obligado al exilio”.
“Y ahora, la corrupta fiscal general guatemalteca y su fiscal Curruchiche -designados como corruptos y sancionados por EEUU y la UniónEuropea- extienden su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí. Mi solidaridad con los exfuncionarios y tantos ciudadanos guatemaltecos a quienes la fiscalía ha obligado al exilio”, aseguró el embajador en su publicación.
Qué fue la Cicig
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) se encargó de investigar la corrupción e impunidad en Guatemala desde su creación en 2007, por lo que a lo largo de doce años de operación, trabajó para desmantelar estructuras criminales enquistadas en las instituciones públicas, logrando avances significativos en la judicialización de casos de alto impacto.
En su último informe anual publicado en 2019, la Cicig detalló cómo, a pesar de un contexto adverso marcado por la hostilidad del gobierno y ataques en medios de comunicación, logró judicializar 11 casos nuevos y obtener 101 sentencias condenatorias en un 95%.
Estos casos abarcaron una amplia gama de delitos, desde corrupción en municipalidades y el sector salud hasta manipulación del sistema de justicia y financiamiento electoral ilícito.
Uno de los logros más destacados de la Cicig fue su apoyo al Ministerio Público en la identificación, investigación y persecución de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (Ciacs). La colaboración entre la Cicig y el ministerio permitió desarticular redes criminales que operaban dentro de instituciones estatales, afectando gravemente el desarrollo y la democracia del país.
Además de su labor en la persecución penal, la comisión trabajó en el fortalecimiento del Estado de Derecho a través de diversas iniciativas y promovió reformas legales, brindado asistencia técnica al Tribunal Supremo Electoral y desarrollado proyectos como el Sistema Integrado de Justicia y el Observatorio Judicial del Sistema de Justicia Penal.
Estos proyectos fueron fundamentales para mejorar la eficiencia y eficacia del sistema de justicia en Guatemala proporcionando datos y análisis que permitieron una toma de decisiones más informada y coordinada.
La Cicig también realizó un énfasis en la comunicación y la transparencia. utilizando las redes sociales para informar y educar a la población sobre la importancia de la lucha contra la corrupción y a pesar de los intentos de desprestigio y las campañas de desinformación, la comisión logró mantener un fuerte respaldo popular, demostrando la confianza y el apoyo de la ciudadanía en su labor.
Los últimos años de la Cicig
En su último año de operaciones, la Cicig enfrentó numerosos desafíos incluyendo la criminalización de sus funcionarios y la falta de cooperación por parte de algunas autoridades; sin embargo, continuó su trabajo asegurando que los casos en curso sean llevados a cabo y que las capacidades transferidas al MP sean sostenibles.
