La URT rechaza hostigamiento a directiva de la entidad y denunciará ante los organismos de control

Comunicado a la opinión pública

La URT rechaza hostigamiento a directiva de la entidad y denunciará ante los organismos de control

– El director general de la URT, Giovani Yule, y la secretaria general, Jaqueline Campos Rincón, calificaron como graves y delicadas las acusaciones infundadas y mal intencionadas, según las cuales intentan vincular a estos dos altos funcionarios con el grupo armado al margen de la ley ‘Clan del Golfo’.

Bogotá, 12 de octubre de 2024 (@URestitucion). La Unidad de Restitución de Tierras (URT) condena y rechaza las intimidaciones y acoso del que viene siendo víctima la secretaria general de la entidad y directora territorial encargada de Córdoba, Jaqueline Campos Rincón, no solo físicamente sino a través de redes sociales.

La entidad se permite aclarar que: las decisiones administrativas que adopte la Dirección General de la URT, y en este caso, la declaración de insubsistencia de la persona que ocupaba dicha Dirección Territorial, obedece a la discrecionalidad que tiene el director general frente a los cargos de libre nombramiento y remoción, cuya esencia es la confianza que debe tener en su equipo directivo. Frente a los documentos que presentó la exfuncionaria para su posesión, y la posible falta de legitimidad o no de los mismos, los hechos fueron puestos en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación para que sea esta la que investigue y se pronuncie frente a posibles faltas disciplinarias. A su vez, se reitera que la exfuncionaria ha podido acceder a los medios legales pertinentes como la acción de tutela, la cual declaró la improcedencia de sus reclamos frente a su desvinculación: “DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional invocado en favor de la ciudadana ANA CRISTINA MUÑÓZ identificada con cédula de ciudadanía N° 38.643.383, conforme los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia”, señala la decisión del JUZGADO DIECINUEVE (19) PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BOGOTÁ el pasado 24 de septiembre de 2024”.

En lo que tiene que ver con las denuncias hechas por la exfuncionaria en distintos medios de comunicación locales, según las cuales la entidad incurrió en corrupción por haber cambiado de sede en la ciudad de Montería, la Unidad se pronunció en comunicado anterior aclarando los valores de arrendamiento y mantenimiento ambas sedes. Se evidenció así, incluso, el menor costo de la actual sede. La URT reitera que adelantó todo el proceso de acuerdo con la ley, y que la decisión de cambio de sede en la capital de Córdoba se tomó debido a que la actual brinda mejor calidad de vida a los funcionarios, contratistas y víctimas.

“Para la sede actual, se realizó el procedimiento contractual en el cual se requirió a los oferentes para que propusieran predios completamente dotados, cuyo proceso concluyó con una oferta por valor mensual de $81.800.000, generando un ahorro evidente que además de cumplir con la austeridad del gasto, repercutió en favor de la adecuación de 11 puestos más de trabajo que costarían $15.736,80, áreas de almacenamiento para 1.848 cajas de archivo adicionales que costarían $27.830.50 mensuales, un auditorio para 50 personas por $2.000.000 y una sala de audiencias por $1.000.000, para un valor total de ahorro mensual de $46.500.000, que incluye el descuento comparativo con el anterior contrato del 20% mensual por $8.000.000. Finalmente, teniendo en cuenta que la nueva sede inició su funcionamiento a partir del 1 de agosto, cerrando la vigencia 2024, el ahorro total proyectado será de $230.000.000
aproximadamente”, señala el documento de evaluación de necesidades que hizo la entidad y que permitió la toma de decisiones en relación con el cambio de inmueble.

En consecuencia, la URT anuncia que ya se instauraron las denuncias y demandas pertinentes ante los organismos de control como la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, en contra de las personas que hostigaron, amedrentaron y acosaron a la secretaria general de la entidad. También se puso en conocimiento de la situación a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, para determinar la veracidad de las denuncias de la exfuncionaria. Las directivas de la URT enfatizan que la entidad, bajo el liderazgo de Giovanni Yule, trabaja con el único propósito de restablecer los derechos de las comunidades que fueron despojadas y/o desplazadas en el marco del conflicto. Por ende, no cohonesta con la comisión de ninguna clase de delitos administrativos o de carácter penal. Así mismo, advirtieron que no tolerarán ningún acto de corrupción, al tiempo que reiteraron que el Gobierno del Cambio llegó a combatir las malas prácticas en la que se tenía inmerso al Estado colombiano.

Unidad de Restitución de Tierras – Oficina Asesora de Comunicaciones
Dirección: Cra. 13a #29-24. Edificio Allianz. Piso 12. Bogotá, D.C.
Teléfono: (601) 377 0300
Correo electrónico: comunicaciones@urt.gov.co