Las ‘jugadas’ en la compra de 40 carrotanques para la UNGRD que llevan a juicio disciplinario a sus exdirectivos
En medio del documento con el pliego de cargos de la Procuraduría contra los exdirector de la UNGRD Olmedo López, Sneyder Pinilla y Víctor Andrés Meza aparecieron varios indicios y ‘jugadas’ que darían cuenta de cómo se gestó el escándalo de corrupción por la compra de 40 carrotanques para La Guajira.

Cotizaciones, empresas cuestionadas y testimonios hacen parte de los elementos que tiene el ente de control para llevar a juicio disciplinario a los tres hombres.
La ‘jugada’ supuestamente irregular se ejecutó en un solo día, el 12 de octubre del año pasado, cuando Sneyder Pinilla como exdirector de Manejo de Desastres recomendó averiguar por los carrotanques con tres empresas, y horas después López ordenó hacer las cotizaciones con ellas, «estableciendo como plazo para presentar la cotización hasta las 6 de la tarde de ese día».
Según la Procuraduría, pasaron los horas y Pinilla sugirió escoger a Impoamericana Roger SAS -su representante es Roger Alexander Pastas- como la empresa para concretar el negocio, «arguyendo que tenía mejor disposición de equipos y no solicitaba recurso para realizar el suministro de los carrotanques».
Sin embargo, en el pliego de cargos se advierte que los de Impoamericana ofertaron por un valor «muy superior» al promediado en el análisis hecho de las cotizaciones, y es que la compañía envió un precio de 1.280 millones de pesos por carrotanque, y el promedio para esa compra aba 1.170 millones.
El negocio se celebró y ascendió a los 46.800 millones de pesos, cifra que salió a la luz poco después de que se destapó el escándalo.
La otra ‘jugada’ que encontraron los investigadores es que ninguna de las empresas tenía «experiencia ni capacidad técnica para la comercialización de vehículos nuevos; mantenimiento de vehículos; comercio de partes, piezas y accesorios para vehículos», y que Impoamericana, entre sus actividades principales, tenía comercializar artículos de ferretería, fontanería y pinturas.
Sobre ese reparo, los implicados explicaron que Impoamericana sí tenía entre sus funciones comercializar carros, pero para la Procuraduría eso se queda corto, ya que tenerlo «no implica per se la acreditación de experiencia e idoneidad para la ejecución del objeto contractual».
Los números de la empresa Impoamericana fueron otro de los hallazgos que generan sospecha en este caso, ya que para los investigadores el capital de trabajo en 2023 fue de 207 millones de pesos, con una utilidad neta ese año de 52 millones, «por lo que se concluye que dicho contratista no tenía la capacidad financiera para ejecutar el objeto y alcance de la Orden de Preveeduría».
Otro de las supuestas ‘jugadas’ descritas en el pliego de cargos tiene que ver con el contratista y la orden de pedido a la fabricante Kenworth de la Montaña. En este punto, la orden tuvo como fecha el 16 de noviembre, y Pinilla suscribió un acta de recibo el 23 de ese mes.
«Adicionalmente las facturas de venta de los camiones tienen fecha del 18 y 21 de noviembre, los SOAT fueron expedidos el 16 de diciembre (…) y el acta final de entrega de los 40 carrotanques por Kenworth a Impoamericana se suscribió el 16 de enero, lo que indica que el supervisor del contrato certificó que el contratista cumplió a satisfacción sin haber recibido efectivamente los 40 vehículos».
En cuanto al supuesto sobrecosto, la cifra que encontraron los expertos técnicos del ente de control es de 412 millones de pesos por vehículo, para un total de 16.515 millones (54 por ciento por encima de los precios del mercado)
Los siete contratos con Impoamericana
El 29 de abril pasado, el jefe de la Oficina de Control Interno de la UNGRD envió siete contratos que adjudicó el fondo de la entidad con Impoamericana Roger desde 2019 a 2022. Sin embargo, en el pliego dice que aunque están relacionados a las actividades comerciales del Rues, eso no constituye su idoneidad en operaciones de comercio exterior de importación o exportación de vehículos.
Este tipo de situaciones serán debatidas por la defensa y el procurador delegado en la etapa de juicio disciplinario, la cual podría llevar a una sanción contra los investigados, ya sea inhabilidad o suspensión.
Sobre este caso contra Olmedo López, Sneyder Pinilla y Víctor Andrés Meza, la procuradora Margarita Cabello subrayó el jueves que «la actuación de los disciplinados pudo violar el principio de moralidad, eficacia y economía al no darle un manejo transparente a los recursos de la UNGRD. Vamos con pliego de cargos, lo que sigue es etapa de juicio, a ver si alcanzamos a dictar sentencia rápidamente», cerró la jefa del Ministerio Público.


