Las marchas indígenas en la capital no son gratis: Briceño

Para el cabildante del Centro Democrático, los contratos con las comunidades no tienen por objetivo atender el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP). Además, enfatizó que la llegada de la minga al campus de la UNAL fue un abuso intolerable

EL CONCEJAL Daniel Briceño, del Centro Democrático, afirmó que el Gobierno nacional ha girado más de $700.000 millones a resguardos indígenas desde 2022, pero advirtió que muchos de esos contratos no tienen como fin fortalecer el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP), sino financiar movilizaciones sociales y actividades políticas, especialmente del CRIC en el Cauca.

En entrevista con EL NUEVO SIGLO, Briceño señaló que algunos convenios, como uno por $39.000 millones firmado en medio de la minga, incluyen pagos a figuras como líderes políticos y de sabiduría ancestral, lo que, según él, convierte los recursos públicos en herramientas de clientelismo. Criticó también la ocupación de la Universidad Nacional por parte de la minga, calificándola como un “abuso intolerable” que afectó a estudiantes y profesores.

El cabildante cuestionó además la distribución de los fondos, indicando que hay un sesgo evidente a favor de organizaciones del suroccidente como el CRIC y la ONIC, mientras que otras regiones del país, como la Orinoquía y el Caribe, reciben mucho menos apoyo. “Quienes marchan, reciben; quienes no, quedan rezagados”, concluyó.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuánto dinero ha girado este gobierno a los resguardos indígenas y a cuenta de qué?

DANIEL BRICEÑO: Este gobierno le ha girado importantes recursos a los resguardos indígenas. Se calcula que, desde agosto de 2022, el gobierno Petro ha girado más de 700.000 millones de pesos a resguardos indígenas mediante convenios y subsidios.

Sin embargo, es importante aclarar que, por ley, el Estado Colombiano debe girar recursos a las comunidades indígenas para que ellos puedan implementar su Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP) y su propio programa de alimentación escolar.

Por eso, nosotros hacemos énfasis y denunciamos los contratos con las comunidades indígenas que no tienen como objetivo atender el SEIP. Dado que son esos contratos los que esconden los giros masivos para financiar las movilizaciones sociales.

Por ejemplo, el Ministerio de Salud firmó un convenio de 39.000 millones de pesos con el CRIC para “salud indígena” justo en plena minga y disturbios en la Universidad Nacional. Contrato en donde se pagará a personas para ser coordinadores de salud, líderes políticos, líderes de sabiduría ancestral y líderes zonales. Este contrato hace parte de un compromiso por parte del gobierno Petro de destinar 300.000 millones de pesos solo para financiar las actividades del CRIC.

Al final, en la práctica, esos millones sirven para financiar la protesta y la politiquería, no para obras tangibles en las regiones. Por lo que, gran parte de los recursos prometidos no terminan bajando a las bases ni solucionan los problemas reales de las comunidades. El Gobierno habla de inversión social, pero los datos muestran giros gigantescos sincronizados con el calendario de protestas convocadas por el presidente Petro.

ENS: ¿Qué opina de la forma en la que los indígenas llegaron a la Universidad Nacional?

DB: La llegada de la minga al campus de la UNAL fue un abuso intolerable. La Universidad y el rector Leopoldo Múnera han intentado minimizarlo, pero está documentado que sí hubo invasión de áreas no autorizadas: invadieron instalaciones sin permiso, bloqueando salas y lugares que no les correspondían.

Ese proceder no solo afectó el cronograma de clases, sino que rompió con cualquier respeto institucional. Yo digo las cosas sin rodeos: para mí esto fue una desfachatez. Los estudiantes tienen derecho a seguir su semestre sin zozobra, y los profesores a continuar en tranquilidad sus tareas académicas.

Pero esta minga, en lugar de dialogar civilizadamente, optó por ocupar edificios y salir a bloquear la calle 26 casi a diario. Eso demuestra un claro irrespeto por la ciudadanía bogotana. Ellos no pueden salir a apoyar políticamente al Gobierno a costa de la educación de los demás.

ENS: ¿Hay un reparto equitativo de las ayudas a los resguardos en el país o solo se están concentrando en los del suroccidente, que son quienes marchan con frecuencia hacia las principales ciudades y a Bogotá cuando el gobierno los convoca?

DB: Nada más distante de la equidad. Los datos revelan un reparto sesgado hacia los grupos del suroccidente (especialmente Cauca) que apoyan al gobierno. Los más de 700 mil millones de pesos girados a las comunidades indígenas, incluyendo los recursos para el SEIP, se reparten de la siguiente manera:

• CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca): 62 contratos por 533.495 millones de pesos.

• ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia): 39 contratos por 117.553 millones de pesos.

• OPIAC (Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana): 46 contratos por 54.582 millones de pesos.

• Autoridades Tradicionales Indígenas (AICO): 25 contratos por 21.029 millones de pesos.

La CRIC y ONIC son las organizaciones que más recursos han recibido por parte del gobierno de Petro y las que más ‘respaldan’ las manifestaciones. Por lo que, las comunidades indígenas de la Orinoquía, Caribe o el centro del país reclaman recursos, mientras el Gobierno prioriza a las organizaciones que lo apoyan políticamente. Quienes vienen en chivas desde el Cauca a Bogotá son los más premiados con contratos millonarios, mientras otros resguardos quedan rezagados.

ENS: ¿Qué opina de las imágenes conocidas en estos días sobre algunos indígenas ebrios y otros que claramente no saben por qué los trajeron a Bogotá?

DB: Esas imágenes son vergonzosas y dolorosas, pero hablan a gritos de una verdad que el gobierno no quiere admitir: están utilizando a los pueblos indígenas para sus fines políticos.

Para mí esto es repulsivo. Es un insulto a su dignidad como indígenas y como seres humanos. Al Gobierno no le importan los proyectos comunitarios de las comunidades indígenas. Nuestra crítica no es contra la cultura indígena ni contra las personas de esas comunidades, sino contra quienes abusan de ellas. Buena parte de los indígenas no tienen conocimiento sobre qué reclaman, simplemente siguen a sus líderes. Es una imagen bochornosa porque revela la verdad: esta movilización es un montaje político.

ENS: ¿Ve algún tipo de coordinación entre el Gobierno nacional y la Administración distrital para poder manejar el tema de la minga y que esto no se convierta en un problema de movilidad y seguridad?

DB: Sobre el papel, tanto la alcaldía como el Gobierno argumentan que sí hubo coordinación, pero en la práctica la situación es un desastre. Las autoridades distritales publicaron comunicados presumiendo reuniones con la Presidencia y la elaboración de un plan de acción conjunto, pero la ejecución de este no existe.

Miles de indígenas llegaron igual, obstaculizando vías principales sin ningún control. La “coordinación” fue básicamente una palmadita en la espalda mutua entre Galán y Petro, que invitó a la minga, para que luego la alcaldía saliera a administrar la crisis. La verdad es que el presidente y su gobierno convocaron a más de 15.000 indígenas a Bogotá sin planificación logística; la alcaldía solo reaccionó cuando ya había crisis.

En conclusión, la supuesta coordinación deja mucho que desear. Lo único cierto es que el Gobierno nacional trae la minga a Bogotá, mientras los bogotanos pagamos el pato con calles bloqueadas.

ENS: ¿Qué responde a quienes dicen que quienes están denunciando esta presunta alianza política entre los resguardos indígenas y el gobierno Petro estarían cayendo en la estigmatización y discriminación de las comunidades étnicas?

DB: Decir que señalar esos acuerdos es “estigmatizar” a los indígenas es buscar tapar el sol con el dedo. Yo no estoy atacando su etnia ni cultura, estoy cuestionando la manipulación política y el derroche de recursos públicos. Al contrario, sería estigmatizante ignorar los hechos para no incomodar al gobierno Petro.

Parece que muchos quieren silenciar el debate diciendo “¡discriminación!” cada vez que se cuestionan actos políticos. Yo tengo el respaldo de cifras: cada contrato está en el Secop y es público.

El discurso de “no se puede criticar esto porque es discriminación” solo sirve a los corruptos. Yo denuncio la politiquería, no a los pueblos indígenas.

ENS: Usted ha sido muy crítico de este Gobierno, ¿cómo está su situación de seguridad hoy?

DB: Mi situación de seguridad está bien. En redes sociales operan “bodegas” de desinformación y han llegado amenazas, las cuales han sido llevadas a las autoridades. Yo renuncié voluntariamente al esquema de seguridad que me asignó el Estado porque siempre he dicho que no vine a buscar privilegios.  Por ahora, estoy tranquilo y concentrado en seguir denunciando el derroche de los recursos públicos y el abuso de poder.

EL NUEVO SIGLO