Las propiedades que rodean al narcotraficante Fabio Ochoa: el millonario conjunto y el exclusivo islote en la mira judicial
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El Pulso del Tiempo
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El proceso de extinción de dominio que involucra a Fabio Ochoa incluye bienes como el islote Punto la Isleta y el exclusivo conjunto Torres de Benares en Medellín, en medio de disputas legales y reclamos de propiedad
Un pequeño islote de aguas cristalinas y arenas blancas, conocido como Punto la Isleta, se ha convertido en el centro de un complejo proceso judicial vinculado a la familia Ochoa, una de las más prominentes en la historia del narcotráfico colombiano.
Este terreno, promocionado como un exclusivo destino turístico, es parte de un proceso de extinción de dominio que involucra bienes por un valor superior a los 500.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente 123 millones de dólares).
De acuerdo con la investigación de El Tiempo, la propiedad de Punto la Isleta está vinculada al exnarcotraficante Fabio Ochoa Vásquez, que regresó a Colombia recientemente tras cumplir una condena de 20 años en Estados Unidos. La Fiscalía 50 delegada de la unidad de extinción de dominio lidera este proceso desde 2013, que no solo incluye el islote, también una serie de propiedades de gran valor.
Entre ellas, destacan la hacienda Dehesa, una mansión en Medellín, un penthouse en el exclusivo sector de El Poblado, un lote en Ayapel, Córdoba, vinculado a la empresa Ganados del Río Cauca S.A., y varios vehículos de alta gama, como un BMW rojo, un Renault blanco, un Ford campero blanco y un Mazda color plata. La empresa Prodetur S.A., actualmente en liquidación, también figura entre los bienes incautados.
Aunque Fabio Ochoa Vásquez, exmiembro del Cartel de Medellín y socio de Pablo Escobar, no tiene cuentas pendientes con la justicia, el proceso de extinción de dominio sigue activo.
Este caso se encuentra en un punto crítico, con siete cuadernos de 200 folios cada uno, y el más reciente avance ocurrió el 5 de diciembre, cuando la Fiscalía congeló la resolución de inicio del proceso sobre Punto la Isleta, propiedad registrada a nombre de Prodetur S.A. Actas obtenidas en 2007 revelan que entre los socios de esta empresa figuran miembros de la familia Ochoa, como Martha Nieves Ochoa, María Isabel Ochoa y Fresia Ochoa, que son claves en este entramado judicial.
Sin embargo, el proceso ha enfrentado obstáculos significativos. En 2017, se perdió un expediente clave en el Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar, lo que retrasó el avance del caso, según el medio citado. Además, años atrás, el magistrado Francisco Ricaurte, posteriormente condenado por el escándalo del ‘cartel de la toga’, fue señalado de haber favorecido a los Ochoa en este proceso, lo que ha generado más controversia.
Por otro lado, el islote también está siendo objeto de disputas legales, ya que una familia nativa de la región, los Barrios, asegura que el terreno les pertenece. Alegan que un miembro del clan Ochoa adquirió 26 hectáreas del islote de manera irregular, comprándolas a supuestos usurpadores.
Esta disputa por la propiedad ha agregado más complejidad al caso, que sigue siendo evaluado por la Fiscalía, que ha tomado 22 decisiones en el proceso, incluidas solicitudes de nulidad de actuaciones desde 2021 y declaraciones de improcedencia de extinción de dominio sobre algunos bienes.
Mientras tanto, los apoderados de los Ochoa Vásquez han evitado pronunciarse públicamente sobre el caso. Sin embargo, abogados cercanos al clan insisten en que los bienes fueron adquiridos con recursos lícitos.
Además, señalan que los hermanos Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa colaboraron con la justicia en el pasado, entregando propiedades y cumpliendo penas de prisión. Según estas fuentes, los Ochoa saldaron sus cuentas con la justicia colombiana durante la gestión del exfiscal general Gustavo de Greiff.
El proceso también ha afectado a otra rama de la familia Ochoa, los Ochoa Tobón, que han visto incautadas tres haciendas en Córdoba: La Alemana, Los Manguitos y El Reparo. Estas propiedades están vinculadas a la empresa Inversiones Ochoa Tobón y Cía. Ltda.
Sin embargo, el abogado de los Ochoa Tobón, Esteban Gómez, ha asegurado que no existe ninguna relación de sangre, societaria o comercial entre esta rama y los Ochoa Vásquez.
Según él, las propiedades de sus representados fueron incautadas debido a un informe policial de 2003 que los vinculaba como administradores de bienes de Fabio Ochoa, pero calificó dicho informe como carente de rigor investigativo.
Los Ochoa Tobón han solicitado el levantamiento de las medidas sobre sus bienes, actualmente en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), y piden que su caso sea separado del de los Ochoa Vásquez. Además, exigen una resolución que contemple los daños económicos y reputacionales que, según ellos, han sufrido debido a esta vinculación.
El caso de Punto la Isleta es solo una parte de un entramado judicial mucho más grande que afecta a la familia Ochoa. A medida que avanza el proceso, se siguen acumulando reclamos de propiedad, disputas legales y una compleja red de bienes que vinculan a los Ochoa con algunas de las propiedades más exclusivas de Colombia.
