Por escándalo de ‘mermelada’ citan a indagatoria a exsenador Antonio Correa

EL TIEMPO revela las pruebas sobre ‘venta’ de un millonario cupo indicativo que habría hecho a

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al exsenador del partido Opción Ciudadana Antonio José Correa Jiménez por el escándalo de presunta venta de ‘cupos indicativos’, conocidos coloquialmente como ‘mermelada’, ya que habría exigido una comisión del 12 por ciento de una partida de 3.491 millones de pesos de un convenio firmado con Coldeportes.

Con ponencia del magistrado Francisco Farfán, la Sala le abrió investigación por concusión e interés indebido en la celebración de contratos, al encontrar que Correa realizó acciones para obtener provecho económico, para sí y para terceros, en abuso de su cargo, inicialmente para lograr el direccionamiento de recursos.

EL TIEMPO revela la decisión de 83 páginas de la Sala de Instrucción sobre este caso en el que se habría hecho una negociación alrededor del cupo indicativo similar a una «venta».

¿En qué consiste este caso? A partir de 2016 y hasta finales de 2017 el entonces senador Antonio Correa tuvo a su disposición un cupo de recursos de cofinanciación de proyectos a través de Coldeportes, por un total de 5.000 millones de pesos, en una figura que es legal y que se llama ‘cupos indicativos’.

Correa, no obstante, habría utilizado indebidamente la posibilidad que tenía a su alcance para gestionar el direccionamiento de tales recursos, tanto en Coldeportes como en algunos municipios de la costa Atlántica, para –dice el expediente- “exigir a cambio de ello el pago de retribuciones económicas a los posibles contratistas, es decir, a las personas que estuvieran interesadas en ser seleccionadas posteriormente, de manera amañada, para ejecutar las obras”.

Coldeportes celebró con El Peñón (Bolívar) en 2017 el convenio 001405 para la construcción de una cancha de fútbol en el barrio La Concepción por 3.491.363 millones de pesos, que llevó a la apertura de la respectiva licitación. Esta fue adjudicada al Consorcio El Peñón, integrado por el Grupo Empresarial Dicon SAS, Investment y Bussines Global SAS; VD & B Ingeniería, y José Miguel Cuéllar.

El expediente indica que Correa, entre febrero y marzo de 2017, hizo un acuerdo con Arling Arias García, alcalde de El Peñón, así como con Vanesa Margarita Deyongh Yepes y Carlos Celestino Martelo Sarabia, integrantes del consorcio, en el que se pactó que el senador “direccionaría” la asignación de los recursos de Coldeportes hacia ese municipio a cambio de un 12 por ciento del valor del contrato, dinero que le fue parcialmente entregado, un monto superior a 400 millones.

Según el documento, antes de ese acuerdo Correa Jiménez utilizó a una de las integrantes de su UTL para que buscara posibles interesados dispuestos en pagar un porcentaje del valor del cupo.

De esa comisión, el senador habría recibido en 2017 tres sumas de dinero. Una, de 180 millones de pesos entregada por Deyongh, Juan Guillermo Gómez y Julio Torres (dos personas de confianza de Martelo).

La segunda de 35 millones de pesos de parte de Richard Jhon Benítez, esposo de Deyongh, quien, a su vez, recibió el dinero de Carlos Celestino. Y, una tercera entrega de 100 millones de pesos que habría hecho directamente Deyongh. Las tres entregas las habría recibido en un restaurante a las fueras de Cartagena.

Al final, por temas de clima y por una suspensión, la obra de la cancha no se realizó.

Los otros direccionamientos

En este expediente también se indica que Correa habría direccionado el resto de los 5.000 millones de Coldeportes para la construcción de tres canchas sintéticas en Morales, Tierralta y La Doctrina, corregimientos de Santa Cruz de Lorica, por 1.566.979 millones de pesos. Esto se hizo a través de tres convenios de 2017 firmados entre Coldeportes y la alcaldesa del municipio Nancy Sofía Jattin.

La licitación se entregó al Consorcio MDT 2018 de María Inés Pineda Contreras, conformado por la Constructora PC & PG SAS y Amado Miguel Ortiz. Según la Corte, Correa exigió una comisión y el pago de la misma la hizo en 2017 Marín Barbosa, entonces compañero sentimental de la alcaldesa, por intermedio de Óscar Camacho.

Este entregó 80 millones de pesos a la asistente de la UTL de Correa Mariela Trujillo. Y esta le entregó al senador 35 millones de pesos y el resto fue consignado a cuentas de Jesús Payares y su esposa Orietta Vásquez, ambos políticos y amigos del congresista.

Por orden del senador Correa me sentó con el señor José Moreno, el asesor de la dirección y le manifestó en frente mío que los recursos, (que) el cupo de él iba para El Peñón y Lorica

La Corte recibió de la Fiscalía las pesquisas avanzadas por la ‘mermelada’, interrogatorios e interceptaciones telefónicas y escuchó varias declaraciones desde mayo de 2021 y recolectó múltiples pruebas documentales. El exsenador Correa solicitó varias veces aplazar algunas de esas versiones, en dos de esas ocasiones lo hizo bajo el argumento de que su abogado estaba en el escrutinio de votos de marzo pasado.

Entre las declaraciones claves de este caso está la de Mariela Trujillo de la UTL de Correa, quien explicó en detalle cómo el entonces congresistas le ordenó realizar contactos con Coldeportes, a través del arquitecto Gustavo Álvaro Velandia, quien estaba encargado de constatar la viabilidad técnica y financiera del proyecto de El Peñón.

“Mi función específica fue buscar que el proyecto cumpliera técnicamente”, dijo. Ese apoyo fue corroborado por el exalcalde del municipio Arling Arias, quien admitió visitas al senador Correa para obtener su ayuda en la destinación de los recursos para la construcción de la cancha, en las cuales le “recordó” a Correa su apoyo para ser elegido.

Igualmente, Trujillo dijo que fue Correa quien hizo el contacto con Coldeportes para situar la partida presupuestal, es decir, el cupo indicativo. “Por orden del senador Correa me sentó con el señor José Moreno, el asesor de la dirección y le manifestó en frente mío que los recursos, (que) el cupo de él iba para El Peñón y Lorica”, declaró la asistente de la UTL ante la Corte.

La mujer señaló que el senador le dio instrucciones directas para buscar personas que estuvieran interesadas en el proyecto, que le dieran el 30 por ciento. “Hice la tarea, eso me lo dijo él, eso no me lo mando a decir con nadie, me lo dijo él (…) Mi tarea era otra, mi tarea era la viabilidad técnica, por lo tanto, no tenía por qué participar”, señaló.

Ante la Corte, Carlos Celestino Martelo, uno de los contratistas, dijo que la ingeniera fue la que le solicitó un préstamo de 215 millones de pesos para pagarle a “un senador”, para lograr “hacer el contrato”. Martelo, quien fue condenado, le dijo a la Fiscalía en su momento que Deyongh fue la que se le acercó a ofrecer el proyecto.

“Ella me da a entender a mí que ese cupo le correspondió a un senador y por eso había que dar un dinero a ese senador, que es lo que siempre he insistido y no he negado”, dijo. El testigo señaló directamente a Correa como la persona que estaba pidiendo el 12 por ciento del valor del contrato, “que eran aproximadamente 415 millones”.

La valoración de la Corte

“Este conjunto de medios disuasorios valorados de manera razonable y en conjunto denotan no solo las exigencias de dinero que Correa Jiménez formulara, sino la inducción que el aforado habría desplegado frente al entonces alcalde de El Peñón, Arling Arias García, para que la celebración del contrato de obra favoreciera a Margarita Deyongh”, dijo la Sala.

El alto tribunal señaló que se propició una atmósfera para pedirle la plata a los contratistas, hoy condenados por sentencia anticipada, así como la asesora de la UTL. Para la Corte, esas sentencias dan cuenta de la confesión de los involucrados, que cobran vital importancia en este caso, sumado a otras evidencias como interceptaciones, las visitas de trabajo realizadas para finiquitar el contrato, entre otros.

“La Sala advierte entonces de manera objetiva y ponderada que los cargos aceptados por Vanessa Deyongh corresponden a los sucesos que se averiguan en estas diligencias, aquellos donde la Corte encuentra que tiene comprometida su responsabilidad el excongresista Antonio José Correa”, dice el documento.

Según el alto tribunal, se hizo una negociación “que implicó una especie de venta de la partida presupuestal (cupo indicativo), por parte del legislador, a quien posteriormente resultó como contratista” del proyecto de El Peñón. Lo mismo sucedió en el caso de las canchas en Lorica en donde se presentó una metodología similar de parte de Correa “con el objetivo de lograr un beneficio económico para sí mismo, por medio de la comisión del delito ya referido”

En la decisión, el alto tribunal ordenó tomar la declaración de Nancy Sofía Jattin, exalcaldesa de Lorica, así como de Jhon Marín Barbosa, Fernando Augusto Rivas, Yolanda Ángel Gómez y Orietta Elvira Vásquez.

Además, se ordenó designar a un funcionario de policía judicial para lograr escuchar en declaración juramentada a María Inés Pineda Contreras, Amado Miguel Ortiz, Óscar Alberto Camacho, Jesús Antonio Payares, Victoria Amalia Jattin, Yerlis Anaya Hernández, Gustavo Álvaro Velandia y a Néstor Cuervo.

EL TIEMPO