Registraduría admitió comité de referendo para tumbar el Acuerdo de Paz con las Farc, en 2016: de esto se trata
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Para que la acción democrática avance, las personas que lideran el proyecto deberá demostrar respaldo ciudadano con 5% del censo electoral
La Registraduría Nacional del Estado Civil expidió la Resolución 9509 del 5 de agosto de 2025, mediante la cual admitió la inscripción de un comité ciudadano que busca convocar a un referendo derogatorio del Acuerdo de Paz firmado entre las Farc-EP y el Estado en noviembre de 2016. La decisión abre la puerta para que el grupo promotor inicie el proceso de recolección de firmas, requisito fundamental para que la iniciativa pueda avanzar hacia las urnas.
De acuerdo con el documento oficial, la solicitud de inscripción fue radicada el 29 de julio de 2025. La Registraduría informó que el comité quedó inscrito bajo el nombre “Referendo derogatorio del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera y de la Paz Total”. La resolución establece que, a partir de ese momento, los responsables de la iniciativa cuentan con el aval legal para iniciar sus actividades.
El vocero designado del comité es el abogado Julián Alberto Rocha Aristizábal, que tendrá la responsabilidad legal de coordinar las actividades administrativas, financieras y de vocería pública del proceso. Según el acto administrativo, “para todos los efectos legales, el vocero de la iniciativa será el responsable de las actividades administrativas, financieras, de campaña de la iniciativa, así como la vocería durante el presente trámite”.
En uno de sus apartes, la resolución recuerda que “cualquier ciudadano, organización social, partido o movimiento político, podrá solicitar a la Registraduría del Estado Civil correspondiente su inscripción como promotor de un referendo, de una iniciativa legislativa y normativa, de una consulta popular de origen ciudadano o de una revocatoria de mandato”.
La decisión del proyecto estará en manos de la Registraduría
El camino hacia el referendo implica cumplir con varias etapas. La primera consiste en recolectar al menos el 5% del censo electoral vigente. La Registraduría precisó que, con corte al 5 de agosto de 2025, el censo está conformado por 41.135.609 personas, lo que significa que el comité deberá presentar 2.056.780 firmas válidas para que la iniciativa pueda ser considerada.
En caso de superar esa fase, el referendo solo será válido si logra la participación de al menos el 25% del censo electoral. Esto equivale a la presencia en las urnas de 10,28 millones de votantes.
Con la expedición de la Resolución 9509, el comité queda habilitado para iniciar la recolección de firmas bajo los parámetros legales vigentes. La Registraduría, de acuerdo con lo dispuesto, será la encargada de verificar la validez de las rúbricas y de certificar si se cumple con el umbral mínimo requerido. De alcanzarse, la iniciativa pasará al estudio de la Corte Constitucional, que definirá su viabilidad y, posteriormente al Congreso de la República, instancia que tendría la responsabilidad de convocar al electorado.
Atendiendo al procedimiento que le corresponde al comité, el promotor de la iniciativa continuó con el trámite y expresó críticas a la manera como la comunidad internacional percibe el Acuerdo de Paz, afirmando para el diario El Espectador: “Lamento que internacionalmente tengan tanto apoyo, porque internamente no lo tienen. La comunidad internacional tiene la posibilidad de copiar nuestros errores, pero el pueblo colombiano tiene la libertad y la capacidad de enmendarlos. A diferencia de lo que dicen, la implementación de los acuerdos fue un fracaso institucional y presupuestal”.
En relación con la financiación de la campaña de recolección de firmas, Rocha afirmó que se trata de un proyecto independiente: “Nuestra iniciativa es ciudadana. Yo no hago parte del Centro Democrático en la actualidad, fui miembro en 2016, cuando hicimos campaña por el ‘No’ al plebiscito. Es una iniciativa ciudadana, no tengo apoyo de nadie, no tengo respaldo financiero ni económico de nadie. Respetaremos los topes de financiación. Y vamos a jugar las reglas del Estado de derecho en democracia”.
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