Se reducen las horas de trabajo en Colombia: así será el nuevo día a día de los empleados en 2026
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El Pulso del Tiempo
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La disminución de la jornada laboral empieza a sentirse en empresas públicas y privadas, con ajustes en turnos, cargas y esquemas de productividad que cambian la rutina de millones de trabajadores
La conversación sobre cuánto deben trabajar realmente los colombianos volvió a tomar fuerza en 2025, un año en el que el país continúa ajustándose a la transición prevista por la Ley 2101 de 2021.
Esta norma, aprobada hace ya varios años, diseñó un camino gradual para reducir la jornada laboral sin afectar de manera abrupta la operación de las empresas ni los ingresos de los trabajadores. Y aunque su implementación ha sido progresiva, cada nuevo escalón en la reducción despierta preguntas, dudas y comparaciones inevitables con lo que ocurre en otros países.
La discusión no es nueva. Desde hace más de una década, centros de estudios y analistas internacionales insisten en que la productividad no depende únicamente del número de horas trabajadas, sino de la calidad del tiempo que se dedica y del bienestar de quienes lo emplean. Bajo esa premisa, varias naciones han experimentado con jornadas más cortas, semanas comprimidas o esquemas híbridos que buscan un equilibrio entre la eficiencia y la salud mental.
Colombia se sumó a esa tendencia en 2021, cuando quedó en firme la reducción paulatina de las horas obligatorias a la semana.
Ese proceso comenzó en 2022, cuando la jornada legal pasó de 48 a 47 horas. Un año después, en 2023, volvió a recortarse y quedó en 46. El ajuste continuó en 2024, con un nuevo descenso que la fijó en 45 horas. Y ahora, en 2025, la reducción suma otro paso, pues la jornada semanal obligatoria quedó en 44 horas.
Este cambio, aunque esperado, generó nuevas conversaciones dentro de las empresas y entre los mismos trabajadores, especialmente porque cada año implica reorganizar turnos, definir cargas laborales y revisar proyecciones.
La progresividad fue pensada justamente para evitar un choque abrupto. El Gobierno, en su momento, defendió que una transición lenta permitiría a las empresas adoptar nuevos modelos sin afectar su productividad ni asumir costos adicionales inmediatos.
Para el sector privado, esta ventana de adaptación ha sido clave para redistribuir equipos, replantear horarios y actualizar sistemas de control laboral. La meta, según la ley, es que a partir del 15 de julio de 2026 el país llegue de manera definitiva a una jornada de 42 horas semanales, un cambio que pondrá a Colombia más cerca de las tendencias internacionales.
En muchos casos, los trabajadores ya empezaron a sentir algunos efectos, turnos un poco más cortos, ajustes en los fines de semana, redistribución de responsabilidades y, en varias empresas, discusiones internas sobre cómo aprovechar mejor el tiempo laboral sin aumentar la carga de los equipos. Sin embargo, también surgen retos.
Algunas compañías señalan que el modelo exige una reorganización operativa que no siempre es sencilla, especialmente en sectores donde la demanda es constante o en los que las funciones requieren presencialidad permanente.
Pese a esos desafíos, la Ley 2101 mantiene un punto esencial, el recorte de la jornada laboral no afecta el salario. Es decir, los trabajadores seguirán recibiendo la misma remuneración, aunque el número de horas obligatorias disminuya. Si un empleado supera las 44 horas semanales en 2025, el empleador deberá pagar ese tiempo como horas extras, respetando el límite máximo de 12 horas adicionales por semana, un tope que busca evitar abusos y garantizar un mínimo de equilibrio.
Lo que está en juego este año no es solo la reducción numérica, sino la forma en que Colombia redefine su relación con el tiempo laboral. La transición avanza sostenida y, como suele ocurrir con los cambios que impactan el día a día de millones de personas, trae consigo ajustes, debates y aprendizajes.
Con la vista puesta en 2026, el país entra en un momento clave para evaluar resultados y medir si esta apuesta por trabajar menos —pero mejor— logra el objetivo que inspiró la ley desde el principio, impulsar la productividad sin sacrificar el bienestar.
