Se viene el incidente de desacato contra ASOVIDECOR, ante la negativa de dar una respuesta de fondo.

Lo que uno espera cuando le pide cuentas a una organización de vivienda es que entreguen los papeles sin tanto enredo. Pero con ASOVIDECOR fue como si les hubiera pedido los planos del metro de Moscú.

El 27 de marzo radique un derecho de petición formal, como periodista y ciudadano, para acceder a información clave sobre cómo funciona esta OPV (Organización Popular de Vivienda), que, por definición, maneja recursos de gente del común. Pedí documentos que cualquier entidad seria y transparente debería tener a la mano, como:
• El presupuesto anual
• Los estados financieros
• Los informes de ingresos y egresos
• Avances de los programas de vivienda
• Relación de afiliados activos
• Licencias urbanísticas
• Certificación de consulta previa
• Contratos de vinculación de beneficiarios
• Permisos para captar aportes
• Y si los hay, contratos de delegación

¿Qué me respondieron casi dos meses después? Que no pueden entregar gran parte de esa información porque está “protegida” por normas sobre la reserva comercial. Como si estuviéramos hablando de secretos industriales y no de proyectos de interés social construidos con el esfuerzo de cientos de familias.

Se les olvida —o prefieren que uno lo olvide— que el Decreto 2391 de 1989 obliga a las OPV a rendir cuentas con total claridad, y que la Ley 1755 de 2015 dice clarito que la información pedida debe entregarse en un plazo máximo de 10 días. Pasados esos días, si no responden, la ley entiende que la solicitud fue aceptada. Es decir: no solo deberían entregarla, ya están tarde.

Cuando se trata de vivienda social, la transparencia no es un favor, es un deber. Por eso seguiremos insistiendo. Porque el control social y el periodismo no se frenan con tecnicismos ni con puertas cerradas.

Aquí no hay espacio para el “venga después” ni para el “eso no se puede mostrar”. Si los proyectos son para el pueblo, los documentos también deben estar a la vista.