Un total circo”: así calificaron varios ciudadanos el debate de control político a Veolia en Montería

“Un total circo”: así calificaron varios ciudadanos el debate de control político a Veolia en Montería

Mientras el Concejo de Montería se enredaba en cifras intrascendentes, el debate de control político citado a Veolia Aguas de Montería S.A. E.S.P. dejó por fuera los problemas más graves que enfrenta el servicio en la ciudad. Así lo hicieron notar varios ciudadanos, para quienes la sesión terminó pareciendo, más que un ejercicio de fiscalización, un total circo.

Y es que, mientras se discutían datos secundarios, ni siquiera se mencionaron dos de los frentes que más golpean a los monterianos: la fragilidad eléctrica de la planta de Sierra Chiquita y el incumplimiento reiterado de los compromisos pactados con la Alcaldía. A eso se suman los hallazgos consignados en el Informe de Inspección Detallada 2023-2024 adelantado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), que dejan al descubierto vertimientos sin control y personal operativo sin capacitación.
Con base en el Informe de Inspección Detallada 2023-2024 a Veolia Aguas de Montería S.A. E.S.P., adelantado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tras una visita realizada entre el 26 y el 30 de agosto de 2024, quedaron consignados varios hallazgos graves:

1. Siete años de rezago en el reporte de vertimientos. La última información sobre vertimientos que Veolia tiene cargada en el SUI es de 2017. El informe advierte que esa información no coincide con lo evidenciado en la visita, pues registra una serie de cuerpos receptores que no refleja la realidad de las descargas adelantadas.

2. Un vertimiento que termina en una ciénaga. El agua de la planta STAR Suroriental no llega directo al río Sinú: según el propio informe, corresponde a un caño natural en tierra que descarga luego a un caño corregido y este hasta el sistema de ciénagas de Betancí.
3. Un permiso de vertimiento sin límite de caudal. El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, vigente hasta 2029 y aprobado por la CVS, no define un caudal autorizado de vertimiento a la fuente receptora.

4. La PTAR que nadie inspeccionó. Sobre la PTAR Los Garzones, uno de los cuatro puntos activos de vertimiento, el informe reconoce que el prestador no remitió información relacionada con la infraestructura correspondiente, la cual no fue visitada por cuestiones de tiempo.

5. Más de 200 muestras de agua potable fuera de norma. El informe consolida los datos del Sistema Único de Información y concluye que se evidenciaron más de 200 muestras con incumplimientos respecto a cloro, color aparente, nitratos, pH, hierro y turbiedad. Este dato quedó formalmente registrado como hallazgo oficial de la SSPD.

6. Casi la mitad del personal operativo, sin certificación de competencias laborales. El informe consigna que 35 funcionarios cuentan con la certificación vencida de “Potabilizar aguas de acuerdo con normas técnicas — Nivel Avanzado”, y que 167 empleados operativos no tienen certificación alguna en competencias laborales. Según los datos de personal reportados por la propia empresa, esos 167 equivalen a cerca del 46 % de la planta operativa total. La SSPD concluyó que, con esto, el prestador cumple parcialmente con la Resolución 1076 de 2003, modificada por la Resolución 1570 de 2004.

Lo que el control político no abordó es que buena parte de las interrupciones del servicio no tienen origen eléctrico. El Centro de Producción de Agua Potable de Sierra Chiquita, del que depende el abastecimiento de una ciudad de casi 500 mil habitantes ha reportado cortes reiterados por fallas en el suministro de energía: por lluvias y tormentas eléctricas, por mantenimientos de Afinia, por vendavales y hasta por fluctuaciones simples en los circuitos que alimentan la planta, episodios en los que las condiciones han impedido activar los circuitos eléctricos de emergencia y han generado interrupciones y bajas presiones del servicio de acueducto en distintos sectores de la ciudad.

El problema de fondo, según lo han planteado los propios usuarios, es que la compañía no cuenta con una planta generadora alterna que evite la dependencia total del fluido eléctrico suministrado por Afinia, pese a que los ciudadanos consideran que Veolia debería haber hecho ya las inversiones necesarias en plantas de respaldo suficientes para una ciudad de ese tamaño. El resultado es cada que llueve o en cada mantenimiento externo de la red eléctrica: la ciudad se queda sin agua, no por falta de recurso hídrico, sino por falta de contingencia energética.

El tercer frente ausente en el debate es contractual. Organismos de control como la Procuraduría General de la Nación y la CVS han señalado que la concesionaria no ha ejecutado las obras a las que está obligada según el Plan de Obras e Inversiones (POI) para la optimización de las tres PTAR del sistema, un compromiso derivado del Otrosí No. 09 de 2014, suscrito precisamente con la Alcaldía de Montería. La inejecución sostenida de esas obras es, según los mismos organismos de control, la que explica buena parte de los déficits operativos que hoy se traducen en vertimientos irregulares y descargas contaminantes.

Tres frente, ambiental, eléctrico y contractual que deberían haber sido el centro de cualquier debate serio de control político. En su lugar, la discusión se quedó en la superficie, mientras los monterianos siguen pagando, en agua sin garantías y en cortes reiterados, la factura de lo que no se fiscalizó.