Corte Constitucional avaló la emergencia económica por el terremoto del 10 de agosto, pero con límites al uso de recursos
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La decisión circunscribe las actuaciones oficiales a municipios y ciudades con afectaciones demostradas. De la misma manera, obliga al Ministerio de Hacienda a recalcular los fondos requeridos en un plazo de 20 días hábiles
Corte Constitucional dio luz verde al Decreto Legislativo 1261 del 19 de agosto de 2026, por el cual se declara “el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por grave calamidad pública en parte del territorio nacional”.
El máximo órgano constitucional declaró exequible, es decir, ajustada a la Constitución, la iniciativa del gobierno de Abelardo de la Espriella, que fue decretada tras el terremoto del 10 de agosto de 2026.
No obstante, de acuerdo con la información suministrada por el alto tribunal, se condicionó su aplicación para impedir que los efectos del decreto se usen en asuntos sin relación directa con los daños y necesidades derivados del sismo de magnitud 7,4 que dejó graves afectaciones en ciudades como Cali, Pereira y Manizales.
La decisión quedó consignada en la Sentencia C-366 de 2026, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González. La Sala Plena aprobó la determinación con siete votos a favor y uno en contra parcialmente.
El tribunal revisó tanto el Decreto 1261 del 19 de agosto —con el que se declaró la emergencia en parte del territorio nacional— como el Decreto 1348 del 31 de agosto, que modificó su ámbito territorial.
Las condiciones de la Corte Constitucional
La institución avaló el artículo primero del decreto, aunque precisó que la medida se aplicará únicamente en los municipios que aparezcan con afectaciones en el Reporte Situacional N.º 054 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), como consecuencia del terremoto y de sus réplicas.
También podrá extenderse a otros municipios de los departamentos incluidos en la declaratoria, pero el Gobierno deberá demostrar, con soporte técnico de esa entidad, que existió una afectación concreta ligada al fenómeno natural.
Con ello, la Corte restringió la posibilidad de aplicar las facultades extraordinarias de manera general en los territorios incluidos inicialmente por el Ejecutivo.
El Gobierno tampoco podrá usar la declaratoria para resolver problemas previos al terremoto
La Sala Plena estableció que el estado de emergencia no habilita medidas estructurales ni decisiones destinadas a resolver problemas anteriores al sismo del 10 de agosto.
Entre los asuntos que quedaron expresamente excluidos se encuentra la situación del sistema penitenciario y carcelario. Incluso, la Corte también limitó las medidas de reconstrucción: es decir, que el Ejecutivo deberá probar que los mecanismos ordinarios son insuficientes y que las decisiones guardan una relación directa y estrecha con la etapa de rehabilitación.
Según el tribunal, las medidas excepcionales deberán buscar el restablecimiento de las condiciones de vida, la infraestructura, los servicios y las actividades socioeconómicas afectadas, sin repetir las condiciones de riesgo existentes antes de la emergencia.
Además, se condicionaron las facultades de financiación extraordinaria. Los recursos obtenidos bajo el estado de excepción no podrán destinarse a gastos ajenos a la emergencia ni al pago del déficit fiscal.
Por ende, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá recalcular el costo de la emergencia y las adiciones presupuestales requeridas dentro de los 20 días hábiles siguientes a la publicación del comunicado de la decisión.
Las entidades facultadas para ordenar gasto deberán justificar, mediante actos administrativos, por qué no pueden acudir a mecanismos ordinarios de financiación. Esa exigencia también se aplicará a los recursos que aún no hayan sido comprometidos o ejecutados.
La Corte ordenó al Gobierno coordinar con las entidades territoriales afectadas la distribución de responsabilidades financieras y garantizar que los recursos transferidos se destinen de forma directa a las medidas de emergencia.
Los recursos deberán tener un mecanismo separado de seguimiento
También se estipuló que el Gobierno tendrá que establecer un mecanismo independiente para administrar y ejecutar los recursos recaudados al amparo de la emergencia, separado de otras fuentes de financiación.
La medida busca que los organismos de control tengan información permanente sobre los compromisos adquiridos y el destino de los recursos. El requisito también cobijará los dineros que aún no tengan una destinación comprometida o ejecutada.
La Corte ordenó que las decisiones legislativas que se adopten durante la emergencia tengan en cuenta las particularidades de las poblaciones afectadas, con criterios diferenciales y especial atención a personas en condición de vulnerabilidad.
Finalmente, el tribunal exhortó al presidente Abelardo de la Espriella, como conductor del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a adoptar y ejecutar el plan de acción específico para la recuperación previsto en el Decreto 1171 de 2026.
Ese plan deberá contemplar una programación plurianual de recursos para las labores de rehabilitación y reconstrucción. La Corte también pidió mantener el régimen especial previsto en la Ley 1523 de 2012 mientras se ejecutan esas tareas.
