El Ministerio de Educación puso bajo la lupa al Icfes por riesgos en exámenes, fallas tecnológicas, tutelas y posibles irregularidades
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La ministra Ilva Myriam Hoyos identificó problemas tecnológicos, jurídicos y contractuales en la entidad, mientras el Gobierno prepara cambios en las evaluaciones aplicadas a estudiantes de colegios
La seguridad de los exámenes, los procesos jurídicos y la organización interna del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) quedaron bajo revisión del Ministerio de Educación. La ministra Ilva Myriam Hoyos expuso varias preocupaciones tras visitar las instalaciones del organismo y participar en una reunión de su junta directiva.
Entre los puntos que requieren atención, la funcionaria señaló posibles fallas en la cadena de custodia de los exámenes. La alerta adquiere relevancia por el alcance logístico de las pruebas Saber 11: el proceso involucra cerca de 10.000 contenedores y alrededor de 650.000 evaluados. Según lo expuesto por la ministra, también existen riesgos contractuales asociados con la organización de esas jornadas.
Otro asunto es la dependencia de la plataforma Prisma, que, de acuerdo con su diagnóstico, no tendría un responsable único. A las dificultades técnicas se agregan 1.276 acciones de tutela acumuladas durante 2026, la falta de un jefe en la Oficina Jurídica y los obstáculos para asegurar el acompañamiento de las personas con discapacidad durante las evaluaciones.
La visita y la sesión de junta directiva permitieron reunir las observaciones sobre las áreas que, según la ministra, necesitan intervención. Su diagnóstico incluye la operación tecnológica, la contratación para las pruebas, la atención de requerimientos judiciales y la organización de los equipos de trabajo de la entidad. La revisión deberá precisar qué ajustes corresponden a cada dependencia y quién responde por su ejecución.
Alertas sobre la gestión y el funcionamiento del Icfes
La revisión de Hoyos no se limitó a los procedimientos de aplicación de las pruebas. La ministra cuestionó la relación que el Instituto ha mantenido con el Ministerio de Educación y consideró que existe un distanciamiento entre las dos entidades. A su juicio, el Icfes debe recuperar su lugar como aliado en las acciones dirigidas a mejorar la calidad educativa.
La funcionaria manifestó que el organismo ha perdido confianza y se ha politizado. Por eso, planteó la necesidad de recuperar su reconocimiento institucional y atender los problemas que afectan su funcionamiento.
En el frente administrativo, Hoyos pidió examinar el contrato de arrendamiento de la sede actual. Considera que los tres pisos del inmueble están subutilizados, por lo que propuso revisar si el espacio responde a las necesidades de la entidad. También solicitó evaluar la planta de personal y los contratos vigentes, bajo los lineamientos de austeridad en el gasto público.
La ministra pidió que los hechos que puedan representar una falta o un delito sean informados a las autoridades competentes. La instrucción contempla acudir a la Procuraduría, la Fiscalía o la Contraloría, dependiendo de la naturaleza de cada posible irregularidad.
Cambios previstos para las evaluaciones educativas
Mientras se revisa la situación interna del Instituto, el Gobierno puso entre sus prioridades el regreso de las pruebas censales para estudiantes de tercero, quinto, séptimo y noveno. Estas evaluaciones están suspendidas desde 2017 y su reactivación hace parte de los planes anunciados para el sistema de medición educativa.
La agenda incluye el diseño de una nueva línea base para las pruebas Saber 11. La propuesta busca incorporar estándares internacionales, un componente socioemocional y mayor cobertura de evaluaciones electrónicas. Estos cambios apuntan a ampliar los instrumentos disponibles para medir el desempeño de los estudiantes.
El seguimiento de las instrucciones estará en manos del viceministro de Educación, Álvaro José Cifuentes, y de Maribel Castro, directora encargada del Icfes. Ambos deberán acompañar las tareas mientras se define quién ocupará la dirección de la entidad en propiedad.
Las alertas dejan abiertos varios frentes para el Instituto: proteger el manejo de los exámenes, resolver los asuntos jurídicos pendientes, revisar sus gastos y fortalecer la relación con el Ministerio. La definición de responsabilidades sobre Prisma y las medidas para garantizar apoyos a las personas con discapacidad también requieren atención.
