Corte Suprema abrió indagación previa contra Sandra Ramírez y ‘Marcos Calarcá’ por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay
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El tribunal supremo comenzó las indagaciones luego de las declaraciones y denuncias de María Claudia Tarazona, esposa del precandidato presidencial asesinado en Bogotá
La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia confirmó que abrió una indagación previa contra los excongresistas Sandra Ramírez y Luis Alberto Albán Urbano, conocido como “Marcos Calarcá”, por los señalamientos que los relacionan con el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
La actuación se encuentra en una fase preliminar, por lo que busca establecer si existen elementos que justifiquen la apertura de una investigación formal.
La indagación no implica una imputación ni una conclusión sobre la responsabilidad penal de los exintegrantes del partido Comunes. No obstante, la apertura de la indagación se produjo después de las denuncias de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, sobre una posible conexión de personas cercanas a la antigua guerrilla de las Farc con la planeación del crimen, pero desde el Congreso de la República.
El 19 de octubre de 2026 se conocieron estas declaraciones de la esposa del senador, que pronunció en una entrevista con Noticias Caracol: “Dice la información que la orden salió del Congreso, y pues no podemos olvidar que en el Congreso estaban militantes de las Farc”.
En esa oportunidad, Tarazona afirmó que la Fiscalía habría recibido información sobre Enrique Marulanda, a quien ella identificó como hijo biológico de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, y como hijo de crianza de Sandra Ramírez. Según su versión, Marulanda estaría a cargo de una mina ilegal en Vaupés o Guainía que pertenecería a alias John 40, integrante de la Segunda Marquetalia.
La viuda del senador sostuvo que esa información podría tener relación con la planeación del asesinato. En cuanto a los investigados, Albán fue representante a la Cámara por Comunes y participó como negociador de las Farc en los diálogos de La Habana.
Ramírez fue senadora por ese partido y tiene fuero ante la Corte Suprema por hechos que se habrían producido durante su periodo como congresista.
La JEP solicitó información a la Corte sobre Sandra Ramírez
De forma paralela, se conoció que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitó a la Corte Suprema de Justicia información sobre una posible participación o conocimiento de la exsenadora Sandra Ramírez en el magnicidio.
La Sala de Reconocimiento de Verdad pidió establecer si la exintegrante del partido Comunes aparece incluida en las actuaciones judiciales relacionadas con el asesinato y si existen documentos, diligencias o elementos de información que la vinculen con los hechos.
La solicitud no implica que la JEP haya establecido responsabilidad penal de Ramírez. En cambio, el propósito es verificar los señalamientos conocidos y determinar si podrían tener incidencia sobre las obligaciones que asumió al acogerse a la justicia transicional.
En ese sentido, la magistrada Lily Rueda Guzmán requirió a la Corte Suprema que informe si Ramírez está comprendida en la compulsa de copias que remitió la Fiscalía General de la Nación el 21 de octubre de 2026.
El despacho también pidió precisar si existen investigaciones, actuaciones procesales o elementos que relacionen a la excongresista con el homicidio de Uribe Turbay, cometido en 2025.
La Corte Suprema cuenta con tres días hábiles para remitir la información solicitada por la justicia transicional. La JEP evaluará luego el material y definirá si debe adoptar nuevas decisiones.
La JEP revisará los compromisos adquiridos por la exsenadora en 2017
El tribunal también revisa el régimen de condicionalidad de Sandra Ramírez, que firmó el 4 de diciembre de 2017 el acta de compromiso para acceder a los beneficios del sistema de justicia transicional.
Entre las obligaciones adquiridas figuran la dejación de armas, el aporte a la verdad, la contribución a la reparación de las víctimas y el compromiso de no reincidir en la comisión de delitos.
Ramírez tiene pendiente, además, una versión voluntaria dentro del Caso 07 de la JEP, que investiga el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes, así como otras violencias cometidas contra ellos en las filas de las antiguas Farc.
