Álvaro Uribe advirtió el riesgo de la desintegración de Comunidad Andina tras crisis entre Colombia y Ecuador: “Me preocupa mucho”
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El líder del Centro Democrático expresó que la crisis entre las naciones podría tener consecuencias más graves si no se resuelve rápidamente, afectando no solo a los dos países, sino a toda la región en términos de integración y estabilidad
El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático, se pronunció sobre la grave crisis diplomática y comercial que actualmente enfrenta a Colombia con Ecuador, bajo la presidencia de Gustavo Petro y Daniel Noboa, respectivamente.
En una conversación sostenida con el diario El Universal de Ecuador, el exmandatario abordó diversos aspectos de la creciente tensión entre los dos países, que se intensificó debido a una serie de medidas económicas, políticas y de seguridad.
En sus declaraciones, Uribe expresó su preocupación por la escalada de la crisis, que convirtió una disputa sobre la cooperación en la lucha contra el narcotráfico en un conflicto económico de aranceles y un apagón energético sin precedentes entre las naciones vecinas.
Uribe sostuvo, “me preocupa mucho, ojalá los gobiernos de muy buena voluntad la resuelvan, porque aquí hay unos temas económicos, sociales, de beneficio colectivo que tienen que mejorarse”. Para el expresidente, lo más urgente es evitar que la situación derive en un daño irreparable para la región andina.
El exmandatario destacó el impacto de la crisis en la Comunidad Andina, un organismo que ha buscado desde su creación una integración económica regional. Según el ex jefe de Estado, “no podemos acabar con lo que queda de la Comunidad Andina”, al hacer énfasis en la importancia de la cooperación entre países como Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, a pesar de las diferencias políticas y de seguridad que puedan surgir.
Además, el líder del Centro Democrático señaló: “La seguridad es un valor democrático que tiene que estar por encima de orientaciones de izquierda o de derecha”.
Uribe insistió en la necesidad de trabajar de manera conjunta en la lucha contra los grupos armados ilegales y el narcotráfico, sin importar el color político de los gobiernos en turno. Según el expresidente, lo que está en juego es mucho más que una cuestión política, ya que la seguridad de los ciudadanos de ambos países se ve comprometida por el accionar de grupos armados que operan en la frontera común.
Uribe recalcó que los acuerdos de la Comunidad Andina, lejos de ser solo un pacto económico, también debían servir como un mecanismo para fortalecer la seguridad en la región: “Lo que uno sugeriría respetuosamente es que se trabaje de manera común por la seguridad y se trabaje de manera común para fortalecer todo lo que han sido los acuerdos de la Comunidad Andina”.
El conflicto entre ambas naciones surgió tras la ‘tasa de seguridad’ de Ecuador
La crisis diplomática entre los dos países comenzó a gestarse en enero de 2026, cuando el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció la implementación de una “tasa de seguridad” del 30% sobre todos los productos importados desde Colombia.
Esta medida fue presentada como una respuesta al incremento de la inseguridad en la frontera y al supuesto incumplimiento del Gobierno colombiano en su compromiso de combatir el narcotráfico en la región. Según Noboa, Ecuador asumía los costos derivados de la inseguridad en la frontera, mientras que Colombia no cumplía con las expectativas de cooperación.
La reacción del Gobierno colombiano, liderado por el presidente Gustavo Petro, no se hizo esperar, y en un intento por responder a lo que consideraron una “agresión económica”, el Ejecutivo impuso a su vez aranceles del 30% sobre una lista de productos clave importados desde Ecuador, lo que exacerbó aún más la tensión bilateral.
No obstante, el conflicto alcanzó un punto crítico cuando Colombia suspendió indefinidamente el suministro de energía eléctrica a Ecuador, una medida que dejó al país vecino vulnerable a apagones y generó un fuerte impacto en la vida diaria de los ecuatorianos.
La medida fue justificada por el Gobierno nacional como una acción preventiva ante la baja en los niveles de los embalses, producto del fenómeno de El Niño; sin embargo, la suspensión fue percibida como una represalia directa por parte de Colombia ante la medida económica adoptada por Ecuador.
