ASÍ ENTREGÓ BENEDETTI $480 MIL MILLONES ANTES DE LA LEY DE GARANTÍAS

En el Ministerio del Interior en cabeza de Armando Benedetti trabajaron casi hasta la media noche del 7 de noviembre, antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías, que prohíbe firmar convenios con alcaldías y gobernaciones para limitar la influencia del gobierno con el presupuesto. Fue el final de una maratón de varias semanas en las que se viabilizaron y firmaron más de 80 convenios que suman unos $480 mil millones a través del Fondo de Seguridad y Convivencia, Fonsecon.

Ese medio billón de pesos se va a gastar en la instalación de cámaras de vigilancia, en la construcción de coliseos, edificios municipales y estaciones de policía. El gobierno pone la plata y los gobernadores y alcaldes —algunos amigos de congresistas— entregan los contratos. Muchos también ayudan con votos.

La Silla Vacía revisó los 83 convenios firmados en estos dos últimos dos meses con gobernaciones y alcaldías. La mitad de esa inversión se concentra en cinco departamentos: Magdalena, Córdoba, Boyacá, Norte de Santander y Atlántico. Coinciden en ser regiones con problemas de seguridad y baja inversión nacional. Pero también en ser fortines políticos de aliados del Congreso. Y, en otros casos, con puntos de calor de altas votaciones de la consulta del Pacto Histórico.

“Acá no hubo ningún criterio político para viabilizar obras. Esta es la vez que menos injerencia han tenido los congresistas en la distribución de inversiones. Todo es muy técnico. Los municipios que cumplen, entran, los que no, no”, dice el ministro Benedetti sobre la distribución de la plata.

La repartición, en todo caso, no dejó contentos a todos en el Congreso. Varios representantes consultados por La Silla se quejaron de que no les viabilizaron proyectos. Y que, de cara al remate del periodo eso puede impactar en que, en el caso de la Cámara, persista la falta de quórum para aprobar la jurisdicción agraria. O, incluso, que haya aún menos ambiente para debatir la reforma tributaria.

El afán del Ministerio del Interior por entregar esos recursos dejó ruidos de posibles irregularidades en la planeación. Por ejemplo, se beneficiaron municipios que estaban vetados porque en el pasado no cumplieron con obras similares. Además, el Ministerio les avaló a los municipios entregar hasta el 60 por ciento de los recursos como anticipo sin necesidad de tener avances en las obras.

En todo caso, como pasó en los gobiernos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, con el gobierno Petro el Fonsecon volvió a ser el camino para darles obras a los aliados con un enfoque político.

El gobierno les puso a los gobernadores y alcaldes la meta de ejecutar esa plata antes del 31 de julio del 2026, argumentando que debe ser así por el cambio de mandato. Es decir, poco más de ocho meses. Si cumplen, el gobierno puede mostrar obras y resultados en el último año y justo en medio de la campaña. Pero, la premura también implica un riesgo de que los proyectos se caigan o requieran de más plata. Que es justamente la razón por la que unos 400 municipios tienen el veto para acceder a esa plata.

Los departamentos beneficiados

El Fonsecon es un fondo creado para invertir en seguridad ciudadana y depende del Ministerio de Interior. Benedetti le encomendó el manejo de esa entidad al viceministro, Jaime Berdugo. Es alguien de su entera confianza que se ha metido a mejorar las relaciones con el Congreso, y, además, fue empleado de Euclides Torres, prestamista de Benedetti, contratista público consentido en el gobierno Petro, y financiador de la campaña de Petro.

Berdugo a su vez designó la parte técnica a un funcionario que se llama Tito Lorenzo Lovo, quien venía de trabajar con Carlos Camargo en la Defensoría del Pueblo y la Federación Nacional de Departamentos.

Los municipios y departamentos les presentan sus proyectos al Fonsecon, quien, en el papel, a través de comités técnicos y jurídicos debe definir si son viables o no. Si sí, les asigna plata, si no, los deja en espera. La presentación de cada proyecto debe hacerse año a año.

En medio del trámite aparece la gestión política. El gobierno de turno suele priorizar a los municipios y departamentos que representan a aliados, especialmente del Congreso. Es un lente inherente al Ministerio que maneja el fondo, el de la política. Llevar ese tipo de inversiones a sus territorios es la manera de representantes y senadores de mostrar resultados a sus electores. Un gana-gana.

Así fue como Álvaro Uribe aceitó la coalición en el Congreso cuando se debatió el proyecto de la segunda reelección; o como Juan Manuel Santos repartió “mermelada” para su segundo mandato; o como Iván Duque consiguió gobernabilidad sobre la mitad del periodo.

En el gobierno Petro, entre septiembre, octubre y la primera semana de noviembre, el Fonsecon hizo una maratón de comités para darles el visto bueno a los proyectos en carpeta. Fechas claves, por un lado, para la consulta del Pacto.

En septiembre, por ejemplo, el senador Carlos Benavides sacó pecho por un convenio que le dieron en el Fonsecon al municipio de Los Andes en Nariño por $6 mil millones. El alcalde agradeció públicamente la gestión del congresista y del viceministro Berdugo. En la consulta, Benavides fue el más votado en Los Andes.

Entre octubre y la primera semana de noviembre siguió la maratón de convenios.

Con el tiempo encima

El departamento de Magdalena fue el más beneficiado en plata. A ocho municipios, Fundación, Ciénaga, Santa Ana, Salamina, El Peñón, Pedraza, San Zenón y Concordia, les asignaron cerca de $60 mil millones para montar circuitos cerrados de televisión para vigilancia, construir centros “Paz a lo bien” y edificios municipales. El proyecto más bajito es de $2.450 millones.

Ese departamento es clave en función del Congreso para el gobierno. De allá son tres representantes que le han ayudado en la agenda: Kelyn González (Liberal), Hernando Guida (La U), e Ingrid Aguirre (Fuerza Ciudadana). Los dos primeros pertenecen a las comisiones económicas, clave para la reforma tributaria. Y González, además, integra la Comisión de Acusaciones donde están los expedientes judiciales contra el presidente Petro y sus funcionarios.

En Magdalena, además, al Pacto Histórico le fue bien en la consulta interna. Allá el más votado fue el senador Pedro Flórez, quien se apoyó en estructuras locales. A Flórez le ayudaron en su campaña desde el Ministerio del Interior y otras entidades como Sayco.

“Es uno de los departamentos a los que menos había llegado inversión. Los alcaldes presentaron sus proyectos en temas de seguridad y cumplieron técnicamente”, dice el viceministro Berdugo sobre la racha de convenios en ese departamento.

En número de proyectos, Córdoba fue el ganador. A nueve municipios les asignaron $35 mil millones. Destacan los $4.600 millones para construir el edificio municipal de Buenavista, municipio de la representante a la Cámara Ana Paola García, de La U, quien ha sido aliada al gobierno desde la Comisión Primera.

A Chinú le aprobaron unos $5.200 millones. Ese es un pueblo con alcalde conservador de la línea del representante a la Cámara, Wadith Manzur. A Montelíbano, donde el alcalde es Gabriel Calle, papá del detenido representante a la Cámara, Andrés Calle, le aprobaron $2.450 millones.

Y a Ciénaga de Oro, la tierra del presidente Petro, también le mandaron $2.450 millones. Allá, además de la relación con el presidente, pesa la cercanía del alcalde local con el hasta hace unos días director de la Dian, Luis Eduardo Llinás. Como reveló La Silla, Llinás usó el cargo para hacer entregar contrabando regalado de la Dian y hacer relacionamiento con políticos que favorecieron a la candidata al Senado, Kamelia Zuluaga, en la consulta del Pacto Histórico.

En el listado de departamentos beneficiados con la maratón del Fonsecon entró Boyacá. Unos $32 mil millones para que cinco municipios y la gobernación contraten sistemas de cámaras, edificios y centros deportivos.

Boyacá es clave en la agenda política del gobierno Petro. Allá manda Carlos Amaya, quien tiene de su lado a tres congresistas que son de su equipo más cercano: Wilmer Castellanos, Jaime Salamanca y Carolina Espitia. El Fonsecon les autorizó plata a los municipios de San Luís de Gaceno, Garagoa, Cómbita, Guayatá y Moniquirá.

El representante Castellanos apadrinó a varios de los alcaldes beneficiados con esas obras. Él es clave porque preside la Comisión Tercera, importante en la discusión del presupuesto y de la reforma tributaria. Suena para ser candidato al Senado o a la Gobernación de Boyacá en reemplazo de Amaya.

“Al ser un departamento con más de 100 municipios probabilísticamente era probable que se les aprobaran varios proyectos”, justifica el viceministro Berdugo.

Norte de Santander se lleva otra buena parte de la plata aprobada por el Fonsecon. A la alcaldía de Cúcuta le aprobaron $31 mil millones para poner cámaras de seguridad y un circuito que le permita a la Policía prevenir delitos. Berdugo dice que esa inversión se justifica en que los índices de homicidios están disparados en la ciudad.

Y aunque así lo es, también es cierto que el secretario de gobierno de Cúcuta que ayudará a coordinar la ejecución de ese contrato es Miguel Castellanos,  hermano del senador Jairo Castellanos de la ASI.

El senador Castellanos ha sido ambivalente con el gobierno Petro. Lo ayudó, inicialmente, cuando su movimiento En Marcha tuvo en el Ministerio del Interior a Juan Fernando Cristo; pero se apartó luego. Recientemente se ha vuelto a a acercar con la ley del presupuesto y otras votaciones en plenaria. Pero le volvió a dar la espalda al gobierno al firmar la ponencia que pide el archivo de la reforma tributaria, aunque en gobierno dicen que ya se arrepintió de eso.

Los demás municipios beneficiados en Norte —Durania, Cácota, Ábrego— tiene alcaldes con cercanía electoral con el representante a la Cámara, Wilmer Carrillo de La U. Que, aparte de pertenecer a las comisiones económicas, integra la Comisión de Acusaciones y está en campaña al Senado.

El viceministro Berdugo dice que son pueblos aledaños al Catatumbo que requieren inversiones sociales.

A Atlántico, el departamento del ministro Benedetti y del viceministro Berdugo, le correspondieron $65 mil millones en proyectos. El grueso, unos 44 mil millones, se lo enviaron a la Gobernación de Eduardo Verano para comprar e instalar cámaras de seguridad. El resto va para Baranoa, Repelón, Ponedera y Campo de la Cruz.

Benedetti ha dicho en círculos sociales y políticos que tras su paso por el gobierno Petro le gustaría buscar la Alcaldía de Barranquilla. Dejar inversión le ayudaría en ese propósito.

En el listado de convenios adjudicados con gestión de congresistas cercanos al gobierno también aparece el verde Ariel Ávila. Al municipio de Ubaté, Cundinamarca, le aprobaron un proyecto por $2.450 millones en la fecha límite de la Ley de Garantías. El alcalde Richar Bernal dijo públicamente que se debió en gran parte a la mediación del senador Ávila.

A Itaguí, Antioquia, le tocó una tajada gruesa. Le asignaron $42 mil millones para más cámaras de seguridad. El alcalde es de la línea del senador conservador, Carlos Trujillo, uno de los tres godos que le han ayudado al gobierno en los cuatro años. Trujillo no va a aspirar en 2026 al Senado y se va a guardar para buscar la Alcaldía de su municipio en 2027.

Con ruidos de falta de planeación

De la contrarreloj del Ministerio y el Fonsecon para asignar ese medio billón de pesos quedan ruidos de fallas de planeación que agregan evidencia de que hubo un lente político para repartir la plata.

De manera general, el plazo para ejecutar los contratos es muy apretado. La plata se debe gastar en los proyectos en los ocho meses que les dieron a municipios y departamentos. Una vez asignados los recursos, las alcaldías y gobernaciones van a poder abrir los procesos de contratación, pero de eso a que quienes se ganen las obras las terminen es complejo.

El pasado reciente así lo prevé. Como reveló La Silla Vacía, el gobierno Duque usó el Fonsecon para entregar unos $300 mil millones en parques “Sacúdete”. Muchas de esas obras delegadas a gobernadores y alcaldes no empezaron a ejecutarse en los tiempos prometidos, muchas necesitaron adiciones en tiempo y plata, y varios más fueron abandonadas.

El ministro del Interior de Duque, Daniel Palacios —hoy precandidato presidencial— decía en esa época que no había tal riesgo porque el Fonsecon se cuidaba de viabilizar con base en elementos técnicos. Aun así, decenas de “Sacúdete” quedaron a medias.

Al poco tiempo para ejecutar, el gobierno Petro les dio gabelas a los gobernadores y alcaldes. Les permite acceder a casi el 60 por ciento de los recursos a manera de anticipo con solo cuatro elementos como garantía: acta de inicio, delegación de supervisión, pólizas y cronograma de actividades. Todos trámites de papel.

A los municipios les tocó correr el 7 de noviembre para que las aseguradoras les dieran las pólizas antes de las 12 de la noche. La mayoría no lo logró y el Ministerio del Interior les permitió presentarlas con fecha posterior. Algunas han sido rechazadas por inconsistencias en la información. Igual, la plata ya quedó asignada.

El viceministro Berdugo admite que sí hubo maratón, pero, según él, porque ellos entraron al Ministerio en marzo, completaron su equipo administrativo en abril y consiguieron la plata en el transcurso del semestre.

Los 480 mil millones salieron de un cupo de 150 mil millones del Fonsecon y el resto de usar vigencias futuras. Es decir, gastaron por anticipado la plata del próximo gobierno. Pero sus réditos, esperan, se pueden recoger en medio de las elecciones.

LA SILLA VACÍA