Alias Calarcá habría infiltrado a altos mandos de las Fuerzas Armadas y del Gobierno: Ministro de Defensa ordenó investigación
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El Pulso del Tiempo
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Pedro Sánchez destacó la colaboración con la Fiscalía y la comunidad de inteligencia para esclarecer los hechos reportados y enfatizó que la transparencia y la legitimidad son pilares fundamentales para la seguridad del país
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que el Gobierno Nacional y la Fuerza Pública mantienen un compromiso absoluto con la legalidad, luego del informe revelado por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que señala posibles vínculos entre altos funcionarios del Estado y las disidencias de las Farc, lideradas por alias Calarcá.
En un mensaje público, Sánchez ordenó una investigación rigurosa, aseguró la total colaboración con la Fiscalía y reiteró que “ningún acto de ilegalidad será tolerado dentro de la Fuerza Pública”.
“La cooperación con criminales es una línea roja que jamás se cruzará”
A través de sus redes sociales, el ministro expresó que tomó “atenta nota” del informe periodístico y subrayó que el Ministerio de Defensa se rige por la transparencia, la legalidad y el cumplimiento de la Constitución.
“No permitiremos, bajo ninguna circunstancia, actos de corrupción, ilegalidad o traición a la Patria”, sostuvo Sánchez, añadiendo que quien se aparte del deber constitucional será investigado y enfrentará todo el peso de la justicia.
El jefe de la cartera de Defensa enfatizó que tanto alias “Calarcá” como alias “Iván Mordisco” son criminales peligrosos, perseguidos por delitos como reclutamiento de menores, secuestro, extorsión, minería ilegal y narcotráfico.
Añadió que aunque alias Calarcá tenga su orden de captura suspendida dentro de los espacios de diálogo permitidos por la Ley 2272, conocida como Ley de Paz Total, ello no constituye un salvoconducto para delinquir, por lo que si la Fuerza Pública lo encuentra en flagrancia procederá a su captura sin excepciones. Para el ministro, este deber constitucional es de obligatorio cumplimiento y no admite interpretaciones alternativas.
“La Ley de Paz Total no es un salvoconducto para delinquir”, afirmó.
Respuesta institucional y colaboración con la Fiscalía
El ministro anunció que ya se dispuso todo lo necesario para facilitar la labor de la Fiscalía General de la Nación, entidad que posee cerca de un centenar de dispositivos incautados a alias Calarcá, los cuales contienen archivos, chats, fotos y documentos mencionados en la investigación periodística.
Sánchez aseguró que el Ministerio no vacilará en tomar decisiones una vez concluyan las investigaciones internas. También recordó que desde inicios de año está habilitada la línea gratuita 157 contra la corrupción, donde la ciudadanía puede denunciar hechos irregulares cometidos por funcionarios de la Fuerza Pública o particulares.
“La transparencia y la legitimidad son pilares no negociables”, afirmó.
MinDefensa: “Nuestro deber constitucional no admite excepciones”
El ministro concluyó que, pese a la suspensión de órdenes de captura en escenarios de diálogo avalados por la Ley de Paz Total, cualquier individuo encontrado en flagrancia será capturado de inmediato, incluyendo a alias Calarcá.
“Nuestros esfuerzos operacionales y de inteligencia no cesarán. La misión es proteger la vida y la integridad de la ciudadanía”, reiteró Sánchez.
Lo que reveló la investigación periodística
El informe que motivó la reacción del ministro fue resultado de un año de rastreo, análisis de archivos y cotejo de fuentes de Noticias Caracol, con hallazgos que involucran a jefes de las disidencias y a miembros del Estado. La investigación plantea un presunto vínculo entre alias Calarcá y el general Juan Miguel Huertas, hoy director del Comando de Personal del Ejército, así como con Wilmer Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia. En los archivos incautados aparecen chats, correos, fotos, cartas y reportes que describen encuentros, propuestas y comunicaciones que sugieren contactos de alto nivel.
El informe expone conversaciones entre alias Calarcá e Iván Mordisco, en las que este último menciona supuestas pruebas sobre la financiación de la campaña “Petro presidente” y señala a la vicepresidenta Francia Márquez. También detalla reuniones presuntamente sostenidas entre delegados de las disidencias, el general Huertas y Wilmer Mejía para discutir la creación de una empresa de seguridad fachada que permitiría movilidad y armamento bajo apariencia legal.
Además se describen supuestos pactos de no agresión en zonas como Catatumbo, Antioquia y el sur de Bolívar, donde según el testimonio de un disidente se buscaba evitar choques con el Ejército mediante la entrega de códigos de frecuencias y contactos que permitirían conocer operaciones militares en curso.
