Consejo de Estado entra en recta final para definir si fue legal el aumento del salario mínimo de 2026
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El alto tribunal acumuló las demandas, cerró la etapa de pruebas y ordenó avanzar hacia una sentencia anticipada sobre el incremento del 23 %
El Consejo de Estado dejó listo el expediente con el que deberá definir la legalidad del aumento del 23 % del salario mínimo de 2026, fijado mediante el Decreto 1469 de 2025, luego de cerrar la etapa de pruebas y acumular las diferentes demandas presentadas contra la decisión.
De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la Sección Segunda determinó que los cuestionamientos presentados por ciudadanos, gremios y organizaciones serán estudiados dentro de un mismo proceso, lo que permitirá que sean resueltos en una sola sentencia.
La discusión se originó después de que el Gobierno fijara directamente el incremento salarial ante la falta de un acuerdo en la Comisión de Concertación Salarial.
Ahora, el tribunal deberá establecer si el Ejecutivo cumplió con los criterios legales exigidos para determinar el salario mínimo y si las razones utilizadas para justificar el aumento se ajustaron a la legislación colombiana.
Tribunal definió 11 preguntas que deberá resolver
El Consejo de Estado acumuló dos nuevas demandas al expediente principal y rechazó las objeciones presentadas por el Ministerio del Trabajo y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre.
Las entidades habían alegado problemas formales en las demandas y una indebida acumulación de pretensiones, pero el tribunal concluyó que esos argumentos no estaban demostrados.
Con esta decisión, el proceso quedó concentrado en un solo expediente.
El alto tribunal también estableció 11 interrogantes que deberán ser respondidos en la sentencia.
Uno de los puntos centrales consiste en determinar si el Gobierno cumplió con los parámetros previstos en la Ley 278 de 1996, que incluyen factores como la inflación, la productividad, el crecimiento del producto interno bruto y la capacidad de pago del aparato productivo.
Otro asunto que será objeto de revisión es el uso del concepto de “salario vital”, empleado dentro de la discusión que llevó a fijar el incremento.
Ese concepto estuvo sustentado en un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y el Consejo de Estado deberá establecer si podía utilizarse como referente dentro de la decisión o si terminó desplazando de manera indebida los criterios previstos por la legislación nacional.
La revisión no se limitará al salario mínimo.
El expediente también incluye el auxilio de transporte de 2026, fijado en $249.095 mediante el Decreto 1470 de 2025.
El tribunal analizará si esa decisión contó con una motivación técnica suficiente y cuál fue su relación con la política salarial adoptada para este año.
Qué sigue antes de la sentencia
Con la etapa probatoria ya cerrada, el Consejo de Estado ordenó avanzar mediante sentencia anticipada.
Esto significa que el proceso no requiere nuevas pruebas antes de entrar a la fase previa a la decisión de fondo.
Las partes tendrán ahora 10 días para presentar sus alegatos finales, mientras que el Ministerio Público deberá entregar su concepto sobre las controversias planteadas.
Una vez cumplidas estas etapas, el expediente regresará al despacho correspondiente para la elaboración y adopción de la sentencia.
Ese fallo deberá determinar si el aumento del 23 % y las decisiones relacionadas con el auxilio de transporte fueron expedidos conforme a las normas aplicables.
El hecho de que el Consejo de Estado haya acumulado las demandas y ordenado una sentencia anticipada no significa que el incremento haya sido anulado ni que el tribunal ya haya tomado una decisión sobre su legalidad.
El salario mínimo de 2026 permanece vigente mientras no exista una sentencia que disponga lo contrario.
La decisión final deberá resolver los argumentos de quienes cuestionan el decreto y las razones expuestas por el Gobierno para defenderlo.
El proceso tendrá especial relevancia porque definirá si, al momento de fijar el salario mínimo sin acuerdo en la mesa de concertación, el Ejecutivo respetó los criterios técnicos y jurídicos que debía tener en cuenta.
Por ahora, el caso entra en su etapa definitiva: alegatos finales, concepto del Ministerio Público y posterior sentencia del Consejo de Estado.
