BALANCE DE DOS AÑOS: ASÍ VAN LAS CINCO BANDERAS DEL GOBIERNO PETRO

En dos años, el gobierno del presidente Gustavo Petro no ha hecho grandes transformaciones en sus cinco principales frentes: pobreza, transición energética, reforma agraria, educación y política industrial. Esa es la conclusión luego de consultar con expertos y personas dentro del gobierno para evaluar su desempeño sectorial.

Su principal logro en política social es la aprobación de la reforma pensional que, con su pilar solidario, evitará que 2,5 millones de viejos caigan en la pobreza. Frente a la reforma agraria, otra de sus grandes apuestas, existe un cambio de voluntad política que ha acelerado la compra de tierras para distribuir, pero sus números siguen siendo modestos comparados con las grandes ambiciones del presidente.

En el segundo tiempo de su gobierno, Petro tendrá menos plata para cumplir con su programa de gobierno, producto de errores de su propio equipo económico y de un crecimiento mediocre que arrastra el país desde el año pasado.

1. Pobreza: la mano del gobierno en su reducción es parcial

Ningún gobierno se resiste a la tentación de apuntarse el logro de sacar a 1,6 millones de personas de la pobreza. El de Petro no es la excepción. En las últimas semanas, el presidente ha destacado este dato en la promulgación de la reforma pensional, en su discurso ante el Congreso y hasta en una entrevista a Le Monde.

“Es mi principal satisfacción”, dijo en el diario francés a propósito de la reducción de la pobreza monetaria entre el 2022 y 2023, publicada por el Dane. Pero los efectos directos de las políticas contra la pobreza del gobierno no son claros en esa reducción. Según la consultora Natalia Galvis, experta en política social, las causas que reducen la pobreza “casi nunca obedecen a una única razón, no son monocausales”.

En su discurso del 20 julio, Petro dijo que la principal razón de esa reducción son los aumentos del salario mínimo impulsados por su gobierno. “Los expertos decían que el gobierno estaba equivocado al aumentar el salario mínimo porque eso va a causar más desempleo y pobreza. Los expertos dicen falsedades”, dijo el presidente.

Petro se refería al efecto de los ingresos laborales en la disminución de la pobreza. Según el Dane, la plata que reciben las personas por sus trabajos fue el principal factor que sacó a la gente de la pobreza. Entre todos los sectores de la población, incluidos los más pobres, este fue el indicador que más contribuyó por encima de los subsidios del Estado.

Pero eso no quiere decir que el aumento del salario mínimo explique la subida de los ingresos laborales. “No está claro que el aumento del salario se corresponda con eso. Es una interpretación del presidente. Desde la perspectiva de la demanda puede aumentar la capacidad de compra de la gente, pero es riesgoso en la medida en que puede tener efectos en la inflación”, dice el economista Mario Zambrano, de la Universidad Libre de Cúcuta.

Para la consultora Galvis, la contribución de los ingresos laborales se explica por el esfuerzo de los individuos para engancharse en un trabajo y en la contribución de las empresas para ampliar el mercado laboral. “El crecimiento económico es la causa del 80% de las reducciones en la pobreza. El control de la inflación y la asistencia social explican el resto”, dice.

De hecho, las transferencias del Estado a los más pobres fueron el factor que menos contribuyó al aumento de los ingresos de las personas, según el Dane. Para Galvis esa irrelevancia puede explicarse por ineficiencias en la focalización de esos subsidios, algo que debe solucionarse para que tengan más impacto. Es decir, que la plata realmente les llegue a las personas que más lo necesiten.

Sigue siendo pronto para evaluar el impacto que sobre la pobreza han tenido los cambios del gobierno Petro en la política de subsidios, en la que ha unificado programas y ampliado sus montos, según el economista Zambrano. De hecho, hasta este año el gobierno terminó de materializar esos cambios, primero con Laura Sarabia y luego con Gustavo Bolívar, el director del Departamento de Prosperidad Social (DPS).

Sin duda el gran logro de la política contra la pobreza de Petro es la aprobación del pilar solidario en la reforma pensional, que empezará a regir en julio del 2025. Con este, los adultos mayores de 65 años empezarán a recibir un monto mensual de 223 mil pesos hasta su muerte, aumentando los beneficiarios del programa Colombia Mayor de 1,7 a 2,5 millones de viejos con el riesgo de caer en la extrema pobreza.

2. Transición energética: más allá de quitar subsidios a la gasolina, la desconfianza paraliza al sector

Si Pablo Escobar estuviera vivo “palidecería” frente a las utilidades de los empresarios de la energía en Colombia. Con esa comparación, el presidente Petro volvió a criticar las reglas del mercado eléctrico, uno de los sectores que más ha cuestionado con el propósito de reducir los precios de las facturas de la luz, una bandera popular en regiones como el Caribe.

La mala relación del gobierno con las empresas de energía pueden retrasar los objetivos de la transición energética. “Las grandes inversiones en proyectos de energías limpias dependen de las empresas privadas. Son las que tienen el músculo financiero para hacerlo”, dice el ingeniero Santiago Ortega, experto en energía sostenible.

Grandes compañías del sector, como Celsia, del Grupo Argos, han frenado proyectos de energía limpia por el choque frontal que tienen con el gobierno, según fuentes cercanas a la empresa con sede en Medellín. De hecho, su gerente, Ricardo Sierra, es un abierto contradictor del gobierno.

Petro, además, tiene a media marcha el funcionamiento de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), la entidad que regula el mercado eléctrico. El gobierno se ha negado a nombrar los seis comisionados expertos de la Creg, retrasando las decisiones de fondo que debe tomar la entidad.

En este momento, la comisión está funcionando con cuatro miembros, el quórum mínimo para tomar decisiones, pero sigue con un comisionado encargado que sólo puede durar tres meses en el cargo (Orlando Velandia, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos). Según Petro, el retraso de los nombramientos se debe a que las reglas de la comisión favorecen a personas cercanas a los actores privados del sector eléctrico, quienes llegan al regulador a proteger sus intereses.

Y a ese panorama de desconfianza, se suma el déficit de gas natural que, según Ecopetrol, tendrá el país para el 2025, un combustible fósil más limpio que el petróleo o el carbón. La responsabilidad de su disminución no es directa del actual gobierno, pero la decisión de suspender los contratos de exploración de hidrocarburos dificulta la solución del problema, como lo contó Ricardo Ávila para El Tiempo.

“El gas natural, utilizado para generar energía eléctrica, puede ayudar a descarbonizar la matriz energética de sectores como la industria o el transporte de carga, que emplean mucho carbón y diésel”, dice el ingeniero Ortega.

Para Ortega, el principal logro del gobierno en materia ambiental ha sido la disminución de los subsidios a los combustibles. Desde el 2023, el Ministerio de Hacienda viene aumentando el precio de la gasolina para cerrar el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Fepc). Entre 2022 y 2023, el gobierno logró reducir el hueco del Fepc en 17 billones de pesos, el equivalente a una reforma tributaria ambiciosa. Y ahora empezó a eliminar el subsidio al diésel con un decreto que le sube el precio a los grandes consumidores de este combustible.

“Lo hizo, además, con una gran estabilidad. Sin las protestas de Francia o Ecuador. Es la medida fiscal y ambiental más importante de los últimos años. Incentiva, por ejemplo, la compra de vehículos eléctricos”, dice el ingeniero Ortega.

Una de las apuestas más importantes del gobierno es la implementación de las comunidades energéticas. Se trata de un modelo de generación de energía en barrios o asentamientos, con la instalación de paneles solares, turbinas eólicas u otras tecnologías. En mayo, el gobierno publicó un proyecto de decreto, disponible para comentarios, para implementar la política. El gobierno ha desarrollado modelos en algunas zonas del país, pero falta su reglamentación para que puedan ampliarse.

3. Reforma agraria: cifras modestas y problemas legales

Ninguna política como la reforma agraria ha causado tantos terremotos políticos al interior del gobierno Petro. Sus discusiones sellaron la salida de dos ministras: Cecilia López, criticada por el presidente por no estar de acuerdo con la compra exprés de tierras; y la saliente ministra, Jhenifer Mojica, cuestionada por la baja ejecución de su cartera.

El otro gran sacrificado en el sector fue Gerardo Vega, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), señalado de utilizar mecanismos riesgosos para comprar tierras y de inflar las cifras de titulación de propiedades, un cuestionamiento que lo enfrentó personalmente con la exministra Mojica. Vega fue reemplazado por Juan Felipe Harman, actual director de la ANT.

En medio de esa inestabilidad, el gobierno sigue sin presentar cifras claras sobre la compra de tierras para distribuir. Durante el discurso del 20 de julio, Petro habló de 184.000 hectáreas compradas, pero Harman, de la ANT, en una entrevista reciente para Mutante dijo que eran 135.000. En todo caso, ambas cifras están lejos de las 3 millones de hectáreas que se propuso el presidente al inicio del gobierno, un número equivalente al punto de tierras del Acuerdo de Paz con las Farc.

Pero además, algunas de esas compras de tierras están bajo la lupa de los órganos de control. La Procuraduría abrió una investigación por la compra  de cerca de 14 mil hectáreas en Puerto Gaitán, Meta, dentro de un predio conocido como “Los Cachorros”. El ente de control encontró irregularidades en la elección del terreno y en el avalúo de las tierras, tasadas en $38.675 millones bajo la ANT de Vega, un pago que Harman suspendió. Como en “Los Cachorros”, el gobierno Petro también tiene problemas legales en predios adquiridos en Sucre y Cesar.

“El principal problema es el destino de esas tierras. El gobierno, hasta ahora, tiene la idea de entregarles tierras a familias y organizaciones que escasamente tienen su fuerza de trabajo”, dice Duberney Galvis, experto en producción agropecuaria. “Las tierras entregadas no tienen asistencia técnica ni están ligadas a un proyecto productivo”. En Támesis, Córdoba, La Silla pudo comprobar la lentitud del gobierno para poner a producir la tierra entregada a los campesinos.

En proyectos productivos, uno de los logros más visibles de la exministra Mojica fueron los acuerdos que alcanzó con organizaciones vinculadas a grandes cacaos empresariales. Entre ellos, la compra de cultivos de cacao en Tumaco por parte de Nutresa, la compañía de alimentos controlada por el Grupo Gilinski; o el acuerdo con Asocaña, el gremio de los empresarios azucareros, para crear empresas campesinas en el norte del Valle.

Con estos acuerdos, entre otras medidas, como las políticas de crédito de Finagro, el gobierno se ha apuntado los buenos números del agro, uno de los sectores que más viene creciendo, según los más recientes datos del PIB.

En la última mitad de su período, el gobierno seguirá empeñado en utilizar y aprobar herramientas legales para comprar tierras más rápido. Recientemente, Petro anunció un paquete de decretos para reformar la ANT y agilizar esas compras. Entre sus argumentos está que la institución está llena de “uribistas” y “duquistas” que obstaculizan su gestión, un argumento que vuelve a poner el foco en la burocracia del Estado como obstáculo para sus políticas.

4. Educación: el énfasis en la educación superior sigue sin resultados

El principal símbolo del gobierno Petro en Educación está en un pueblo de Norte de Santander. Se trata de la Universidad del Catatumbo, un proyecto en construcción ubicado en El Tarra, un municipio de menos de 15 mil habitantes. Su contrato, de $34 mil millones, fue adjudicado el 23 de noviembre del 2023. Es la más adelantada de las 26 universidades prometidas por Petro en las zonas más pobres del país, y la única con posibilidades reales de ver la luz bajo su gobierno.

Si su cronograma no se retrasa, el nuevo campus estará listo en noviembre del 2025. Como la nueva universidad será de orden nacional, el gobierno debe presentar un proyecto de ley ante el Congreso para crearla. El nuevo ministro de Educación, Daniel Rojas, le confirmó a La Silla que lo harán en las próximas semanas.

Luego, la institución debe tramitar los permisos de calidad para operar ante el MinEducación y empezar la contratación de su planta de profesores. Es decir, es probable que el funcionamiento real de la universidad, con 3.245 nuevos cupos para estudiantes, empiece con Petro fuera del poder.

El ministro Rojas reconoció que están reevaluando la construcción desde cero de las nuevas universidades porque tienen menos tiempo y menos plata por el recorte al presupuesto del 2025. “Nos seguiremos enfocando en crear más sedes universitarias, pero vamos a tener otras estrategias, como adecuar edificios construidos, o apostarle a sedes móviles”.

El énfasis del gobierno en la construcción de universidades ha sido cuestionado por expertos del sector. “La política es loable, pero el uso de la plata pública tiene un costo de oportunidad. Si se van a dedicar a construir sedes deben reconocer que no les importa aumentar los cupos universitarios durante este gobierno”, dice el profesor Darío Maldonado, de la Universidad de Los Andes, experto en el sistema educativo.

Maldonado explica que existen otras formas más rápidas de ampliar nuevos cupos. Entre ellas, solucionar los problemas financieros que tienen las universidades públicas existentes para recibir más estudiantes, o crear programas como Ser Pilo Paga, que financia con plata pública cupos en universidades privadas, una política descartada de plano por el alto gobierno.

Las cifras del gobierno Petro siguen estando bastante lejos de los 500 mil cupos universitarios que prometió. Entre 2022 y 2023 la tasa de cobertura en educación superior creció 0,46%, con 24 mil estudiantes más en universidades públicas y 16 mil en universidades privadas. Ese crecimiento fue menor al del último año del gobierno Duque: entre 2021 y 2022, la tasa de cobertura de la población universitaria creció 1,09%.

El principal fracaso del gobierno en el sector fue el hundimiento de la ley estatutaria de Educación. El proyecto fue vetado por Fecode, el poderoso sindicato de profesores, luego de que la exministra Aurora Vergara llegó a una reforma consensuada con la oposición, una movida que le terminaron cobrando al interior del gobierno y aceleró su salida en el tercer remezón de ministros.

El ministro Rojas descartó la presentación de una nueva ley estatutaria. Dice que va a concentrar sus esfuerzos en una reforma a los artículos 85 y 86 de la Ley 30, que regulan la financiación de las universidades. “Nuestro objetivo sigue siendo profundizar la gratuidad en la educación superior”, dice Rojas a propósito de uno de los principales logros del gobierno: la aprobación por ley de la matrícula cero para los estudiantes de pregrado de universidades públicas.

5. Industria: el gobierno no ha detenido su progresivo declive

En la foto están cuatro altos funcionarios del gobierno Petro junto a Santiago Chamorro, el presidente para Latinoamérica de General Motors, la compañía norteamericana de automóviles. Están abrazando un Chevrolet Joy fabricado en Colombia. Un año después, en abril del 2024, la empresa anunció el cierre de su principal planta de ensamblaje en Bogotá, que operaba desde 1956.

General Motors no responsabilizó al gobierno de su salida de la industria. Fue un desmonte progresivo, similar al ocurrido en Ecuador, la sede de otra de sus plantas en Sudamérica: otro paso más del declive de las industrias manufactureras nacionales.

El presidente Petro prometió detener esa tendencia para “reindustrializar” al país. Por ahora está fracasando, como lo reconoció en su discurso del 20 de julio ante el Congreso. “Para ser justos con el gobierno, no es un proceso singular de Colombia. La disminución del peso de la industria en el tamaño de la economía está pasando en todo el mundo”, explica el economista Javier Mejía, un estudioso de la industrialización en Colombia.

Las cifras son contundentes. Entre mayo del 2023 y mayo del 2024, la producción de industrias manufactureras cayó -3,6%, según la Encuesta Mensual Manufacturera publicada por el Dane. La fabricación de carros fue justamente el subsector de la industria más golpeado (-60,8%) seguido por la elaboración de azúcar y panela (-27%) y la fabricación de autopartes para carros (-26.6%).

El diagnóstico de Petro es que los malos resultados de la industria obedecen a los flojos números de la construcción de vivienda. El argumento es que el sector vivienda dinamiza otros renglones industriales, como la producción de hierro. Y como la compra de vivienda está atada a la tasa de interés el responsable, según la narrativa del presidente, es el Banco de la República por no bajar más rápido su tasa de intervención.

Sin embargo, las decisiones del gobierno han afectado directamente el mercado de la vivienda. Sobre todo por el cambio de las reglas en la asignación de los subsidios para los proyectos de Viviendas de Interés Social (VIS), una medida que paralizó muchos proyectos nuevos ante la incertidumbre de que la plata pública llegara a los compradores para sus cierres financieros. De hecho, las ventas en el primer trimestre del 2024 fueron las más bajas de los últimos 15 años para el mismo período, según datos de Camacol, el gremio de las constructoras.

Es decir, si la explicación para la crisis de la industria es, como dice Petro, la crisis de la vivienda, su gobierno es uno de sus responsables.

La nueva idea de Petro para impulsar la industria son las llamadas “inversiones forzosas” desde la banca pública y privada. La idea es cuestionada por las principales organizaciones vinculadas a los bancos, como Asobancaria o Anif. Consideran que es volver a los modelos de crédito de los años 60 cuando determinados sectores industriales eran seleccionados para recibir grandes líneas de crédito.

“Es fundamentalmente la política industrial latinoamericana de la segunda mitad del siglo. Eso no salió bien porque muchas de esas inversiones fueron capturadas por intereses políticos. Su resultado fueron bajos niveles de productividad e innovación”, dice el economista Mejía.

LA SILLA VACÍA