Fedegán arremetió contra proyecto del Gobierno sobre exportación de ganado y alertó por violación de acuerdos
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El gremio advirtió que el límite propuesto a la salida de bovinos en pie podría chocar con tratados internacionales y desencadenar demandas y tensiones con socios comerciales
Una nueva tensión se abrió entre el Gobierno y el sector ganadero colombiano, esta vez por un proyecto regulatorio que podría modificar la dinámica de exportación de ganado en pie. La discusión, que empezó en los escritorios técnicos del Ministerio de Comercio, rápidamente escaló a un debate jurídico con implicaciones económicas y diplomáticas.
Desde el gremio ganadero aseguraron que la propuesta no solo genera incertidumbre para los exportadores, sino que podría poner a Colombia en una posición incómoda frente a compromisos internacionales que el país adquirió hace décadas. La alerta fue encendida por la Federación Colombiana de Ganaderos, que el 1 de mayo cuestionó con dureza el borrador del decreto que busca establecer límites temporales a la exportación de bovinos vivos.
El pronunciamiento fue liderado por José Félix Lafaurie Rivera, que aseguró que el articulado propuesto por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo podría tener problemas de legalidad y terminar generando disputas tanto en tribunales nacionales como en escenarios internacionales.
El punto más sensible del documento está en el capítulo que plantea establecer “un cupo máximo de exportación de sesenta y seis mil setecientas (66.700) unidades de bovinos domésticos vivos, machos, menores de dos (2) años”, con una vigencia de seis meses una vez el decreto entre en operación. Aunque la cifra en sí ya generó incomodidad en parte del sector, para Fedegán el problema va mucho más allá del número. La controversia, según el gremio, está en el mecanismo escogido por el Gobierno para intervenir el comercio exterior de animales vivos.
Desde la federación sostuvieron que hablar de un “cupo máximo” equivale, en términos técnicos y jurídicos, a la implementación de un contingente de exportación, una figura que, según su interpretación, no estaría permitida bajo tratados internacionales ratificados por Colombia.
Ese argumento se apoya en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, más conocido como Gatt de 1994, incorporado al ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 170 de 1994. Ese acuerdo define reglas sobre el comercio internacional y limita la imposición de restricciones cuantitativas en exportaciones e importaciones.
Según Lafaurie, allí estaría el centro del conflicto. “En el Artículo XI de este instrumento internacional se establece de manera categórica el principio de eliminación general de las restricciones cuantitativas, prohibiendo expresamente a las partes contratantes imponer o mantener prohibiciones o restricciones a la exportación de productos”, sostuvo el dirigente gremial.
Desde la lectura de Fedegán, ese compromiso adquirido por Colombia tiene una jerarquía superior frente a un decreto administrativo. Por eso, advierten que si el Gobierno expide la norma tal como está planteada actualmente, podría enfrentarse a acciones judiciales que busquen tumbarla.
Pero el gremio va más allá del plano jurídico interno. La preocupación también se extiende a los socios comerciales y al impacto reputacional que podría tener una medida de este tipo sobre la confianza de compradores internacionales, especialmente en mercados donde Colombia ha venido consolidando presencia en la exportación de ganado.
En la práctica, limitar el número de animales exportables podría alterar contratos ya estructurados, generar sobreoferta interna en algunos momentos y afectar la planeación comercial de productores y exportadores. Además, desde Fedegán advierten que eventuales restricciones cuantitativas podrían abrir la puerta a controversias ante la World Trade Organization, donde los países miembros pueden cuestionar medidas que consideren incompatibles con acuerdos multilaterales.
Para Lafaurie, el riesgo no es teórico. El dirigente aseguró que una decisión de este tipo podría derivar en litigios internacionales, reclamaciones comerciales e incluso retaliaciones por parte de mercados que interpreten la medida como una barrera no permitida.
“Desde Fedegán advertimos de manera responsable que la adopción de este acto administrativo supondría una transgresión ostensible a la jerarquía de las normas”, insistió el líder gremial. El debate llega en un momento sensible para el sector pecuario colombiano, que en los últimos años ha buscado ampliar mercados externos y fortalecer su presencia en destinos estratégicos de Medio Oriente, Asia y América Latina.
