El Gobierno reglamentó la Ley Ángel: así deberán responder las autoridades ante el maltrato animal en Colombia
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El Ejecutivo, en cabeza de Abelardo de la Espriella, amplió los criterios para actuar ante señales de sufrimiento o alteraciones de conducta, con el fin de avanzar con una denuncia antes de que el daño físico sea evidente. La norma surgió tras un episodio de crueldad registrado en Boyacá
El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció la reglamentación de la Ley Ángel y la puesta en marcha de una ruta nacional para atender denuncias de maltrato animal, con criterios de riesgo que permitirán intervenir incluso cuando no existan lesiones físicas visibles.
La medida busca ordenar la respuesta de las entidades que reciben alertas sobre posibles casos de crueldad contra animales. Según informó la Presidencia a través de sus canales oficiales, el protocolo coordinará a las alcaldías, las Inspecciones de Convivencia y Paz, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y otras autoridades con competencia en la materia.
La reglamentación corresponde a la Ley Ángel (Ley 2455 de 2025), una norma que tomó el nombre de un perro que sufrió un caso de extrema crueldad en Saboyá, Boyacá, en 2021. El Gobierno planteó que el objetivo es evitar que los ciudadanos enfrenten retrasos, falta de coordinación o discusiones sobre qué entidad debe asumir cada denuncia.
“Prometimos proteger a los animales y estamos cumpliendo”, señaló la Presidencia al presentar los avances de la nueva política. El vocero del Gobierno nacional, Miller Soto, sostuvo que el propósito es transformar la historia de Ángel en mecanismos de prevención y atención institucional.
Las autoridades podrán actuar ante signos de dolor, miedo o estrés
Uno de los cambios anunciados consiste en ampliar los elementos que pueden activar la intervención de las autoridades. La actuación no dependerá únicamente de heridas, golpes u otras lesiones físicas que sean visibles en el animal.
La nueva Ruta de Atención al Maltrato Animal prevé que los funcionarios también consideren señales de dolor, miedo, estrés o sufrimiento. Con este criterio, una alerta podría avanzar antes de que el daño físico sea evidente, de acuerdo con la explicación difundida por el Ejecutivo.
El Gobierno sostuvo que este punto busca corregir una de las principales dificultades en la atención de casos: la espera de pruebas físicas contundentes cuando el animal ya presenta comportamientos o condiciones que pueden indicar afectaciones a su bienestar.
“Más que indignarse, el Estado debe responder”, afirmó Soto en el mensaje divulgado por la Presidencia. El vocero aseguró que la reglamentación pretende reemplazar las respuestas aisladas por un procedimiento común para las entidades involucradas.
La norma incorpora además acciones pedagógicas dirigidas a prevenir nuevas conductas de maltrato. Ese componente incluirá información sobre las consecuencias penales que pueden enfrentar las personas responsables de agresiones contra los animales.
Las denuncias se clasificarán en tres niveles de riesgo
La ruta establecida por el Gobierno nacional dividirá los reportes en tres categorías:
- El primer grupo será el de atención inmediata, destinado a los animales que enfrenten una situación de mayor riesgo y requieran intervención urgente.
- El segundo nivel será el de atención prioritaria. Allí se ubicarán los casos que demanden respuesta institucional, aunque no presenten las condiciones definidas para la actuación más urgente.
- La tercera categoría será el seguimiento preventivo, orientado a verificar situaciones en las que existan indicios de riesgo o factores que puedan derivar en maltrato.
El esquema busca establecer una secuencia desde la recepción de la denuncia hasta la definición de las medidas que correspondan. Según la administración, las alcaldías, las inspecciones, la Policía y la Fiscalía deberán actuar bajo responsabilidades definidas.
La coordinación entre instituciones aparece como uno de los ejes de la reglamentación. La Presidencia indicó que la intención es impedir que los denunciantes deban acudir a varias oficinas sin obtener una respuesta o que las entidades trasladen el caso de una dependencia a otra.
En ese sentido, la aplicación de la ruta requerirá que los gobiernos locales y las autoridades encargadas de recibir alertas adopten los criterios de clasificación y determinen qué actuación corresponde en cada situación.
El caso de Ángel impulsó una discusión sobre la protección animal
La ley lleva el nombre de Ángel, el perro que sufrió agresiones durante 2021. El animal sobrevivió al ataque y su caso adquirió alcance nacional en medio de reclamos para que las autoridades contaran con instrumentos más claros frente al maltrato.
Según el Gobierno, Ángel se convirtió en un símbolo de la lucha por la protección animal, aunque murió antes de que la reglamentación de la ley que lleva su nombre entrara en funcionamiento.
“Ángel no alcanzó a ver esta protección hecha realidad. Nuestra obligación es que su historia no haya sido en vano y que ningún animal vuelva a quedar solo frente al maltrato”, dijo Soto.
La senadora Andrea Padilla Villarraga, de Alianza Verde y autora de la iniciativa legislativa, celebró el anuncio y pidió que la nueva ruta tenga aplicación efectiva en las distintas entidades territoriales.
“Llevábamos un año peleando por la Ruta Nacional de Atención al Maltrato Animal. Ahora, logremos su implementación efectiva municipio por municipio”, expresó en una publicación en X.
