El Ministerio de Transporte suspendió la apertura de los centros Cale para licencias de conducir: ¿qué beneficios y qué impactos deja la decisión?
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La cartera detuvo la puesta en marcha del esquema de verificación externa para aspirantes mientras examina el contrato, la capacidad operativa y el impacto económico, y mantendrá el trámite tradicional en las escuelas
El Ministerio de Transporte anunció la suspensión de la entrada en operación de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (Cale), cuyo objetivo era verificar de manera independiente que los aspirantes a la licencia de conducir en Colombia realmente supieran manejar.
La medida, adoptada en respuesta a preocupaciones ciudadanas y sectoriales, frena temporalmente un cambio que podría haber elevado el costo de obtener la licencia de conducción de los actuales $1,4 millones a más de $2,2 millones, es decir, hasta $800.000 adicionales para los conductores.
La decisión fue comunicada por la ministra Elsa Noguera, que afirmó que el Gobierno busca equilibrar la seguridad vial con la protección del bolsillo de los ciudadanos: “Queremos mejores conductores y menos muertes en las vías, pero no vamos a trasladarle nuevos costos a la gente sin analizarlos objetivamente, demostrar que son necesarios y que producirán resultados. Cumpliremos la ley, pero también protegeremos a los ciudadanos y su bolsillo”.
¿Qué es el modelo Cale, quién lo propuso y cómo funcionaba?
Los Cale fueron propuestos por la exsenadora Ana María Castañeda Gómez como parte de la Ley 2251 de 2022 (conocida como la Ley Julián Esteban). Su propósito era separar, por primera vez en Colombia, la etapa de formación de la etapa de evaluación de los conductores.
Bajo el modelo anterior, la misma escuela de conducción (CEA) que enseñaba a manejar era la encargada de evaluar y aprobar a los aspirantes, lo que generaba conflictos de interés y abría la puerta a presuntas irregularidades, fraudes y falta de estandarización.
El nuevo esquema estipulaba que las escuelas de conducción continuarían enseñando, pero la evaluación final —tanto teórica como práctica— sería realizada exclusivamente por los Cale, operados por una institución de educación superior pública seleccionada mediante convocatoria.
La elegida fue la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad), que pasó a ser el único operador, gracias a su cobertura nacional, capacidad tecnológica y experiencia académica. Esto generó controversias y recursos legales, ya que otras universidades públicas interesadas quedaron por fuera del contrato, el cual podría mover hasta $20 billones en 20 años.
¿Cómo funcionaban los Cale?
El proceso de evaluación en los Cale se dividía en tres fases principales:
- Prueba teórica: un examen de 50 preguntas seleccionadas aleatoriamente de una base de 5.000 ítems, que cubren aspectos normativos, habilidades técnicas, ética vial y primeros auxilios. Para aprobar, el aspirante debía acertar al menos el 80% de las preguntas.
- Prueba en pista: evaluación de destrezas básicas de manejo en un entorno controlado, donde se mide el dominio y control del vehículo.
- Prueba en vía pública: evaluación en condiciones reales de tráfico, analizando el respeto de normas, reacción ante imprevistos y toma de decisiones seguras en la conducción.
El esquema preveía el uso de tecnología biométrica para verificar la identidad del aspirante durante todo el proceso y garantizar la trazabilidad y transparencia. Además, los exámenes serían idénticos en todo el país, eliminando diferencias regionales o discrecionalidad local.
¿Por qué se frenó el proyecto y qué va a pasar?
Aunque la Ley 2251 de 2022 sigue vigente y la necesidad de fortalecer la seguridad vial es reconocida, el Ministerio de Transporte decidió revisar el contrato y la capacidad operativa de los Cale antes de avanzar. La suspensión se da en un contexto de preocupación por el impacto económico en los usuarios, la legalidad del proceso de selección de la Unad como único operador, y la necesidad de demostrar que el nuevo esquema realmente contribuiría a la reducción de accidentes y muertes en las vías.
El ministerio revisará si los costos adicionales están justificados, si la operación contratada cumple con los principios de eficiencia, transparencia y legalidad, y si el modelo propuesto es el más adecuado para el país. Mientras tanto, el proceso tradicional se mantiene: las escuelas de conducción siguen siendo responsables de la enseñanza y la evaluación de los aspirantes, bajo la supervisión de la autoridad de tránsito.
La ministra Noguera subrayó que toda decisión final se tomará respetando el debido proceso y la seguridad jurídica, e informó que una vez concluya la revisión, el Ministerio comunicará las decisiones correspondientes.
