Exministro de Justicia de Petro también se pronunció sobre la Paz Total y lamentó los errores que la llevaron a su fracaso: “Fue mi reclamo”
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La orden ejecutiva del gobierno de Abelardo de la Espriella trasladó la atención a vacíos legales históricos que quedaron con la Ley 2272 de 2022 y revivió el debate sobre la justicia y legalidad en los procesos de negociación en Colombia
El exministro de Justicia Jorge Iván Cuervo se pronunció en sus redes sociales tras la decisión del gobierno de Abelardo de la Espriella de desmontar la política de Paz Total, impulsada en la administración del entonces mandatario Gustavo Petro, y elevó una serie de críticas, justamente, hacia algunas de las determinaciones tomadas por el ex jefe de Estado, que a su juicio derivaron en el fracaso de la misma.
Cuervo, que ocupó la cartera durante gran parte del primer semestre de 2026, afirmó en su perfil de X que a esa política le faltó un marco jurídico para reducir la incertidumbre en los procesos de negociación. Una observación que fue reiterativa durante su periodo como jefe de la cartera, pero que por lo visto fue desatendida por el Ejecutivo, que no pudo darle un rumbo distinto al enfoque implementado.
“Con un marco jurídico para la Paz Total, la incertidumbre con los distintos procesos de negociación hubiera sido menor, y una transición hacia un modelo de sometimiento a la justicia hubiera sido posible. Fue mi reclamo durante el gobierno, eso era todo”, expresó Cuervo en su mensaje, en el que expuso que no hubo entonces una base legal que ordenara negociaciones y facilitara el paso al sometimiento a la justicia.
Al igual que Cuervo, la también exministra de Justicia Ángela María Buitrago se refirió a la falta de verificación real en la estrategia. En diálogo con Blu Radio, dijo que la política de Paz Total no exigió actos concretos de desarme, entrega de armas o cese de actividades ilícitas antes de otorgar beneficios; lo que fue en contravención de la Ley 2272 de 2022, y generó vacíos jurídicos en su implementación.
La justificación del Gobierno para acabar con la Paz Total
El fin formal de la política de negociación se empezó a establecer en la noche del miércoles 26 de agosto de 2026, cuando el presidente Abelardo de la Espriella anunció la extradición de cinco ciudadanos pedidos por la justicia estadounidense, de los cuales dos se encuentran en libertad ante la suspensión de órdenes de captura, por su participación en mesas de diálogo con el Gobierno Petro. La decisión causó revuelo en el espectro político.
En efecto, el mandatario confirmó la entrega de Wilington Henao Gutiérrez, alias El Mocho Olmedo o El Negro, del frente 33 de las disidencias de las Farc; Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias Muñeca, de Los Pachenca; y Giovanny Andrés Rojas, alias Araña, de los Comandos de Frontera. Tres procesos de negociación en los que, según argumentó el Ejecutivo, se empezó a desmontar la política con la que se establecieron diálogos.
Además, el jefe de Estado ordenó extraditar a Gabriel Yepes Mejía, alias H. H., y a Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, apenas sean capturados, ya que permanecen prófugos. El primero es comandante de Comuneros del Sur, una facción armada que originalmente era un frente del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Nariño, y el segundo pertenece a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn).
Sobre los relacionados en estas órdenes de extradición, las autoridades de Estados Unidos los requieren por delitos como narcotráfico, concierto para delinquir, lavado de activos, porte de armas y narcoterrorismo. Según el Gobierno, tras revisar los expedientes con la oficina del consejero comisionado de paz, no halló pruebas de aportes genuinos ni resultados tangibles en favor de la paz en el territorio nacional.
“Todo lo contrario, han seguido delinquiendo, burlándose de la justicia y de la sociedad colombiana”, indicó De la Espriella, que firmó las resoluciones junto con el ministro de Justicia, Iván Cancino. Sobre los dos prófugos, instruyó a las fuerzas de seguridad para capturarlos sin demora y concretar su entrega cuando sean localizados, al considerar que los espacios de diálogo “y de falsa paz no son refugios judiciales”.
